La zona de interés: ahora, Barbate

Mientras, sería materialmente imposible cuantificar los recursos humanos y económicos destinados a impedir el tráfico de esta droga, a lo largo de estas cinco últimas décadas y con los resultados descritos en el párrafo anterior. Por decirlo de otra manera: no hay otro departamento de la Administración pública que hubiera conseguido conservar e incrementar su presupuesto o incluso sobrevivir durante tanto tiempo a su propio fracaso ante semejante prueba de ineficacia. Yen el ámbito de la empresa privada, no digamos.

La historia de la lucha contra la droga es la de una impepinable derrota de la que nunca llega el momento de extraer conclusiones. Esto es así en cualquier lugar y circunstancia: ayer y hoy, en España y en Estados Unidos. Pero es que además, por circunscribirnos al Campo de Gibraltar, si juntas una comarca con un 30% de paro –que aumenta en el caso del juvenil– con el mayor exportador de hachís del mundo, resulta previsible que los intereses de unos y de otros hagan síntesis.

Todos los esfuerzos invertidos en la erradicación de estos hábitos no han conseguido siquiera la pírrica victoria de incrementar sus precios. Al contrario:qué otra mercancía, incluidas las legales, los ha mantenido intactos mientras se disparaban los costes y la inflación que afectaban a su producción, elaboración y distribución. Digamos que ningún otro. Si lo que nos enseñaron sobre las leyes del mercado es cierto, esto sólo puede significar una cosa: que la oferta de narcóticos es superior a la demanda. Que por mucha gente que haya con la intención de comprar hachís, es aún mucho mayor la cantidad disponible en el mercado. Cuál será el sentido último de una persecución policial que por sí sola no sirve, que absorbe ingentes recursos –y siempre inferiores a los que maneja el narcotráfico–, que se cobra de forma periódica un precio en vidas y que genera unas mafias con gran capacidad de corrupción.

Hemos sabido que en su día hubo una unidad que se incautó de todo lo incautable, que detuvo todo lo detenible y desarticuló todo lo desarticulable, pero que por lo que fuera fue disuelta. Nos hemos enterado no cuando supuestamente se produjeron estos éxitos que no influyeron en el mercado, sino ahora. Hemos sabido que el atropello fue jaleado por testigos y que igual hay «sociedades enfermas» más allá de la vasca. Hemos sabido que un familiar de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate pedía por televisión a las autoridades que facilitaran narcolanchas también a los agentes. Hemos sabido que la palabra «asesino» tiene su origen en el árabe «aššāšīn»: adicto al hachís. Por lo visto, una secta de hace siglos.

Por supuesto, todo lo hasta aquí dicho puede ser perfectamente rebatido y con argumentos contundentes por un ejército de policías, psicoterapéutas, fiscales, magistrados, sociólogos y políticos, y sin embargo, son cuestiones que después de cincuenta años cualquiera se plantearía.

Los argumentos se pueden combatir con otros argumentos, pero a la realidad sólo cabe contestarle con hechos. Y a día de hoy, éstos son tozudos (véase la primera frase del artículo). La pregunta debería ser qué hay de nuevo sobre la mesa que vaya a modificar esta realidad, no quién tiene la lancha o la narcolancha más veloz. O quizás el problema no tenga solución en los términos en los que está planteado, algo que rara vez estamos dispuestos a admitir. En estos casos, el empecinamiento suele conducir a alguna forma de extravío. Si ha de ser así, que así sea.