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El 26 de febrero de 1976 el Gobierno de España decretó el fin de su presencia en el Sáhara Occidental, de sus poderes y responsabilidades. La ONU rechazó esa extinción de responsabilidad, porque España no transfirió la soberanía a los saharauis, sino que firmó un ... acuerdo con Marruecos y Mauritania y se piró a toda prisa tras un siglo de colonización. El acuerdo no era válido si los saharauis no expresaban su opinión en un referéndum. Así que España sigue siendo, ante la ley, la potencia administradora del Sáhara Occidental.
En 2022 Pedro Sánchez envió una carta al rey marroquí para aceptar su plan de autonomía, ignorando el derecho de autodeterminación saharaui. Y Sumar, que sí defendía ese derecho, acaba de omitirlo para alcanzar un pacto de gobierno con el PSOE que sí habla de Ucrania y Oriente Medio. En los últimos días el Gobierno y varios ministros han protestado en diversos grados contra la matanza de civiles israelíes a manos de Hamas y contra la masacre que desencadenó Netanyahu en Gaza como respuesta. Deben protestar, sí. Y deberían sacar un rato para acordarse de otras cárceles y cementerios al aire libre que España dejó atrás en una vergüenza histórica. No deberían permitir ese silencio arenoso que va sepultando a los 170.000 saharauis que fueron expulsados a bombazos por el ejército marroquí y llevan medio siglo varados en campamentos del desierto argelino. Porque el Gobierno español tiene una responsabilidad directa. Y no parece que nos importe.
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