En los edificios sin ascensor, las reuniones para colocar uno son «el tema estrella». Cada vez son menos las comunidades de vecinos que no tienen elevador, pero en Euskadi todavía hay 10.000 familias que necesitan cambiar de vivienda por problemas de accesibilidad. La reforma de la ley de dependencia y discapacidad facilitará la instalación de ascensores y rampas en los edificios en los que viva una persona con dificultades de movilidad, y obligará a realizar las obras para garantizar el libre movimiento. Pero, ¿puede cualquier inmueble contar con un elevador? ¿Cuánto cuesta su instalación? ¿Y cuánto hay que esperar desde que se solicita el servicio hasta que finaliza la obra?
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En la actualidad, si hay algo que «frene» a los vecinos de votar a favor de la instalación de un ascensor, es «el precio», explica Javier Montero, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava. Normalmente, «antes de hacer la fachada, colocar un elevador es prioridad», pero el coste económico, «que puede ascender hasta los 150.000 euros si se incluye la instalación», hace de barrera. Con la nueva ley, en caso de que en ese bloque vivan personas dependientes o con discapacidad, no quedará alternativa y habrá que ponerlo. En la práctica, en cualquier caso, existen unas «medidas mínimas» para colocar un ascensor, «con unos mínimos de accesibilidad», explica Borja Pablos, delegado de la empresa Otis en Gipuzkoa.
El hueco disponible «debe ser de 1.270 milímetros de ancho y 1.450 milímetros de fondo, con puertas de 800 milímetros». Así, la cabina sería de 900 milímetros de ancho y 1.200 milímetros de fondo. Además, en nuestro territorio, dice, «un ascensor estándar sería de cinco o seis plantas y dos o tres vecinos por planta».
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Si bien el precio de estos elevadores nuevos «depende de cada edificio y del modelo», tras un análisis del mercado este periódico ha observado que la media ronda entre los 15.000 y los 20.000 euros. Si se le suma la obra y la instalación puede llegar a los 150.000, dependiendo de la dimensión de la obra.
Contrastar las medidas
Una vez hecha la evaluación del edificio, llega el momento de contratar el servicio a través de empresas especializadas como Otis, entre otras. «El primer paso es la visita por parte del personal técnico para definir y contrastar las medidas tomadas y las necesidades constructivas», relata Pablos.
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Después, el arquitecto del proyecto definitivo debería realizar su visado en el colegio de arquitectos, «todo ello mientras se solicitan los permisos de obras y, en el caso de que las haya, las ayudas para la comunidad con los organismos públicos correspondientes», como el Gobierno Vasco o, en el caso de que se apruebe la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, el Gobierno estatal, que tiene previsto poner en marcha un fondo para ayudar en la instalación en inmuebles y vías públicas.
El plazo aproximado de estas tramitaciones, si no hay imprevistos o exigencias adicionales, será de tres a cuatro meses para el comienzo de la obra. La duración de esta depende de su magnitud, pero suele estar entre los cinco y los ocho meses para su terminación. En Euskadi, uno de cada cinco edificios multifamiliares de más de tres alturas no tiene ascensor.
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Otra de las alternativas cuando hay problemas de accesibilidad es la colocación de una rampa. Esto suele ser una opción más económica, si bien en la actualidad «es la última alternativa», aclara Montero, porque «por cada diez centímetros de alto, hay que colocar una rampa de un metro para cumplir con la pendiente». Precisamente por eso, «siempre se intenta bajar ese ascensor a cota cero y ahora existen los elevadores verticales, que bajan encarrilados. Lo último siempre es poner una rampa», aunque a veces se haga.
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