El TSJPV aparta de manera inédita a una jueza de San Sebastián tras acumular casi 200 sentencias sin resolver

Romero explica que fue él mismo quien redactó un informe que remitió a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitando que se enviara un nuevo juez para el juzgado número 5 de lo Social de San Sebastián, donde la jueza ahora apartada ejercía como sustituta a la espera de que la plaza fuera cubierta de manera definitiva por un juez de carrera. Según confirma Romero, la magistrada llevaba en Gipuzkoa varios años, y había ejercido como sustituta previamente en diferentes juzgados del territorio, hasta que se hizo cargo del Juzgado número 5 de lo Social en sustitución del anterior juez, que se jubiló.

«No es para nada habitual apartar a un juez de sus funciones», asegura Romero en relación a lo ocurrido con esta magistrada. «Yo no recuerdo un caso similar. Sí recuerdo que se haya llegado a imponer sanciones por motivos diferentes, pero no que se haya sacado a alguien de la bolsa de jueces sustitutos».

Ante esta situación, el juez decano explica que tuvo que intervenir citándola dos veces para entrevistarla y tratar el tema personalmente. «No vino, no dio ninguna explicación al respecto, ni siquiera por escrito», asegura. «Le llamamos la atención, le dijimos que tenía varios procedimientos pendientes, pero no hubo respuesta. Ha cogido algunas bajas por problemas de salud», añade. La jueza también fue requerida para que acudir a dar explicaciones ante otras autoridades judiciales, pero tampoco llegó a presentarse a la cita ni atendió a los múltiples requerimientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial.

Como consecuencia, la comisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se encarga de designar los jueces interinos no la incluyó en el listado para el curso 2024-2025, por lo que ha sido eliminada del mismo. Por lo tanto, se encuentra actualmente apartada de la bolsa de jueces sustitutos.

Según explica Romero, la jueza apartada de las listas acumulaba varias quejas y reclamaciones por parte de abogados, graduados sociales y ciudadanos, que veían cómo sus procedimientos no se estaban resolviendo. «Son 198 sentencias, estamos hablando de que ha habido periodos de más de año y medio de espera para algunas causas», señala.

Debido a las quejas recibidas en los juzgados, el juez decano explica que tuvo que emitir un informe dirigido a la sala de gobierno del TSJPV, lo que provocó que se le abriera un expediente disciplinario por consejo.

Pese a que actualmente ya hay un juez titular en el juzgado de lo Social número 5, Romero recuerda que los 198 expedientes todavía siguen pendientes. Por ello, la sala de gobierno ha acordado que se nombre otro juez para que los juicios pendientes se repitan o se anulen. Este juez sustituto tendrá que enfrentarse a la tarea de sacar adelante todo el trabajo acumulado que deja la jueza interina saliente.

Estos hechos suceden en un contexto en el que los juzgados gipuzcoanos vienen acumulando un atasco cada vez mayor desde hace unos años, con una tasa de congestión que pasó de 1,56 a 1,74 de 2022 a 2023, lo que supuso un incremento del 11%.

El propio Santiago Romero aseguraba a este periódico hace una semana que el incremento de la criminalidad en el territorio gipuzcoano y las reclamaciones para que las entidades bancarias devuelvan el importe de las cláusulas abusivas de las hipotecas en el ámbito civil han venido ocasionando un incremento en el número de asuntos ingresados por los juzgados.

No obstante, el atasco no solo se debe a que cada vez ingresan más asuntos en los juzgados, sino que al mismo tiempo ha habido un descenso de los casos resueltos, por lo que los asuntos en trámite no han dejado de amontonarse en las mesas de los jueces, cada vez más «desbordados», como reconocía el propio juez decano. El año pasado se resolvieron cerca de un millar de asuntos menos que en 2022.

Todo ello ha generado un contexto en el que los tiempos de espera para la resolución de asuntos judiciales son cada vez mayores. Por ello, Romero lanza un mensaje a las instituciones solicitando más recursos y voluntad para solucionar el problema. «Si no se hace la debida inversión para aumentar la plantilla judicial porque el dinero se destina a otras finalidades, al final tenemos los medios que tenemos». Una situación que se ha visto agravada en el juzgado de lo Social con el caso de la jueza apartada.