El Ararteko observa «actitudes» policiales criticables con víctimas de la violencia de género

El Ararteko ha recordado que la ley de enjuiciamiento criminal «es muy clara» y ha señalado que «no se puede rechazar una denuncia, salvo en casos muy tasados». Se ha referido, en este sentido, al caso de la menor de 15 años que quiso interponer una denuncia por agresión sexual en la comisaría de Vitoria, de la que los ertzainas «dudaron» hasta el punto de decirle que «estaba mal mentir». «Habría que tener una receptividad y una sensibilidad enorme, que es lo que ha dicho el Ararteko que hay que tener. Desgraciadamente hemos encontrado algún caso, en el que nos ha parecido que la que respuesta de la Ertzaintza a la hora de recibir esas denuncias no ha sido apropiada y la hemos tenido que reflejar así», ha insistido.

También ha explicado que no ha recibido por parte del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aclaraciones adicionales al respecto y que aunque conoce que algunas medidas correctoras del protocolo de violencia de género están en marcha, no ha recibido respuesta alguna a sus recomendaciones, por lo que «hemos señalado ya al Departamento, que consideramos el silencio como la no aceptación de las mismas».

El parlamentario de la coalición abertzale Julen Arzuaga ha señalado que además, existen otros seis casos – otro de ellos recogido por una resolución del propio Ararteko y el resto en Irun, Gernika y Basauri remitidos desde el Departamento de Seguridad a EH Bildu y dos casos más en Ondarroa de los que la formación tiene constancia. En tres casos hubo sanciones a los agentes.

Lezertua confía que el nuevo marco legal vasco y el tercer acuerdo institucional para la mejora de la atención en el ámbito de la violencia machista, del que el Ararteko es firmante, permita que «las necesidades de las mujeres y niños que sufren violencia machista se aborden de forma integral y coordinada, con criterios comunes a estas administraciones y que contribuyan a impedir crímenes machistas execrables,», ha apostillado.

Lezertua ha presentado en el Parlamento vasco el balance de actividad del Ararteko del pasado año, marcado por «el tensionamiento en los servicios por la pandemia y la escalada de los precios de los productos básicos, con impacto en el bienestar de las personas vulnerables». Tras hacer balance de la actividad de la institución, ha querido concluir su intervención llamando a las administraciones a cumplir con los preceptos legales que les obligan a poner fin a la indefensión de los ciudadanos ante los casos de violencia de género, pero también los problemas por el ruido.

Lezertua ha explicado que la contaminación acústica es el principal motivo de queja del apartado de Medio Ambiente por actividades de ocio, vecinos, tráfico e industrias. Las emisiones «pueden provocar intromisiones en los domicilios, de lo molesto a lo severamente peligroso y afecta a un derecho de índole Constitucional», ha señalado. Según los datos que baraja., el 20% de las familias vascas soportan ruidos excesivos en algún momento.

«La desesperanza de estas personas es fuente constante de reclamaciones y de quejas que dan lugar a innumerables actuaciones del Ararteko«, ha expresado Lezertua, que ha recordado a las administraciones sus obligaciones a la hora de afrontar los problemas por el ruido. »En Euskadi la legislación permite el control contra el ruido pero esta institución sigue siendo testigo de innumerables cruzadas ciudadanas para que se reconozca el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Los ayuntamientos deben dotarse de medios humanos y materiales para garantizar un control eficaz», ha expuesto. Manuel Lezertua ha recordado la formación de plataforma 7 Ordu Lo, que exige que se cumpla la normativa y asegura que permanecerá «vigilante» y les pedirá la mejora de su eficacia.

El Ararteko ha destacado la gran satisfacción con la que se desempeña el servicio. El 72% de las personas reclamantes han valorado como buena la actuación del Ararteko. A lo largo de 2022, los ciudadanos han presentado 7.504 quejas y consultas. El área de inclusión social supone más del 18% de las quejas escritas tramitadas, aunque el porcentaje sobre el total ha disminuido respecto a otros años. En total, ha registrado 458 quejas, frente a las 508 de 2021. De estos expedientes de queja, 421 (esto es, más del 90%) se refieren a problemas relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de larenta de garantía de ingresos (RGI) y de la prestación complementaria de vivienda (PCV).

La segunda área en número de quejas fue la de Salud, que fue el origen de 307 consultas, un 220% más desde 2020, ha aclarado. 85 estaban relacionadas con el covid estrictamente. Otros 571 expedientes afectaban a los derechos de los menores y dos de las quejas fueron presentadas por menores de edad. El 40% se referían al ámbito educativo.

Durante el año 2022, se han resuelto 2.328 expedientes de queja escrita, y, además, se han dictado 1.355 resoluciones. En 642 casos existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada, casi el 48% de ellos. La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en más del 88% de los supuestos.

En la mayoría de los casos no se ha precisado la emisión de una recomendación formal. Aun así, el Ararteko ha vuelto a mostrar su preocupación por «una falta de colaboración llamativa» y la falta de respuesta de las administraciones a los requerimientos de infomación de esta figura. Ello le ha obligado a realizar 548 requerimientos de información y por primera vez, 45 apercibimientos a ayuntamientos y al Gobierno vasco, que ya habían respondido a la institución en marzo y en abril. «Debemos destacar que lamentablemente, no faltan ocasiones en las que se pone de manifiesto una evidente falta de diligencia, que denota una actitud poco respetuosa hacia la función de control de esta institución y, por ende, hacia los derechos de las personas reclamantes».

El Ararteko también ha puesto en valor a algunas instituciones muy diligentes, por ejemplo, el ayuntamiento de Bilbao, el de Amurrio, el de Sopela y Leioa, o el Departamento de Igualdad del Gobierno vasco.

Por otro lado, Lezertua ha aclarado que las recomendaciones no son vinculantes y opta por mantenerlo así, aunque cree que sí debería ser necesario en la nueva ley que regule la institución hacer obligatorio comunicar al Ararteko si acepta o no la recomendación y conocer las razones. En 2022, el 27% de sus recomendaciones fueron aceptadas, el 46% no, y otro 27% estaban pendientes de respuesta, más que durante el año anterior. «Ello afecta a la eficacia de la institución y a la protección de derechos de las personas, esta situación impide el ejercicio de las funciones de este comisionado, dejando espacios de sombra y hay que conseguir que discurran por la senda de la máxima colaboración«, ha expuesto. También ha calificado como »preocupantes« actitudes de administraciones que se niegan a aceptar recomendaciones solidamente argumentadas por el Ararteko porque la actuación de la administración no fue impugnada por el solicitante en cuesitón, lo que considera «un abuso de poder».

Por ello, ha impusaldo una reflexión sobre las funciones de la administración para conocer modelos y defensorías que sirvan como base de una futura reforma de la Ley del Ararteko. En el foro que han organizado los días 12 y 13 de junio se podrán ver diversas herramientas, también en el ámbito internacional, de las que se han ido dotando las defensorías del pueblo.

El Ararteko inició, asimismo, el año pasado 21 expedientes de oficio y seguimiento. Destacan, por áreas, los correspondientes a la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y seguridad. Una parte importante de ellas han estado relacionadas con el seguimiento de las pautas de actuación en casos de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Euskadi. Ha impulsado a su vez tres actuaciones dirigidas a las diputaciones forales, para continuar con el seguimiento a la atención dispensada a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección.

El último expediente de oficio abierto por la Oficina de la Infancia y la Adolescencia sostiene la actuación en torno a la situación de los menores extranjeros no acompañados atendidos en el recurso residencial de «Vivero» tras su apertura derivada del incendio en el centro de primera acogida de Zornotza.