El Ararteko revela que Zumarraga y Errenteria son dos de los municipios vascos más videovigilados

El informe se ha elaborado a partir de una encuesta realizada al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y un total de catorce ayuntamientos vascos, con el objetivo de evaluar si la medida de videovigilancia puede suponer una posible injerencia en el derecho a la intimidad. Los datos recabados registran un total de 2.037 cámaras fijas que gestiona la Ertzaintza y reporta 134 usos de cámaras móviles para prevenir una posible actividad delictiva (datos de 2022). En el conjunto de Euskadi, Vitoria es la ciudad vasca que cuenta con más cámaras de videovigilancia instaladas, un total de 600, que duplica a las existentes en Bilbao, que suma 265 dispositivos de seguridad ciudadana a pesar de que su población es mayor. San Sebastián alcanza las 350.

El Ararteko pretende mediante este estudio aproximarse a las razones por las que se adopta la decisión de instalar sistemas de captación de imágenes de personas en detrimento de otras medidas o soluciones. Dicho informe concluye que no se justifica tal despliegue en Vitoria si se tienen en cuenta otras variables, como la tasa de delitos, por ejemplo. En la capital alavesa se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, mientras que en otras localidades analizadas, como Bilbao, la tasa es de 66,8 y cuenta con menos cámaras, al igual que Barakaldo, que cuenta con 30 cámaras fijas cuando su tasa de infracciones por habitante es de 53,4.

La cantidad de instalaciones y lugares en los que se utilizan sistemas de videovigilancia fijos y móviles por diversas policías de entidades locales arrojan diferencias entre distintas poblaciones. Así, el estudio del Defensor del Pueblo vasco señala que en municipios como Errenteria, Zumarraga, Basauri, Getxo o Ermua destacan los porcentajes de implantación de sistemas de videovigilancia en contraste con la población empadronada, que alcanza el 68% en el caso de Zumarraga y el 26% en el caso de Errenteria. «El despliegue puede obedecer a criterios objetivos como motivación para extender el uso y alcance de la videovigilancia, por ejemplo, como alternativa temporal a la falta de personal, la extensión del municipio, la afluencia de tráfico, la presencia de empresas o polígonos industriales alejados del núcleo urbano». Sin embargo, sigue el texto, «parece reseñable el uso intensivo de la videovigilancia en algunas poblaciones».

En Zumarraga, un total de 71 cámaras fijas vigilan recintos deportivos, edificios culturales (Antio interpretazio zentroa), ascensores, el aparcamiento Zelai Arizti, el aparcamiento Intermodal y la comisaría, tal y como desgrana el documento del Ararteko. En Errenteria hay un total de 103 cámaras fijas y móviles colocadas en instalaciones comunes como oficinas, recintos deportivos, carreteras, ascensores, casco urbano, comisaría y transporte urbano. Asimismo, contrasta no sólo el número de cámaras desplegadas sino también el tipo de uso. En capitales como Vitoria, además, se recurre a la videovigilancia mediante cámaras en uniformes policiales, «no así en otras poblaciones con, aparentemente, mayor afección a la seguridad ciudadana».

El informe se centra especialmente en el Ayuntamiento de Vitoria, al ser el municipio con mayor número de cámaras con diferencia, y subraya que cuenta con estos aparatos en múltiples espacios. Además de para la regulación del tráfico con lectura de matrículas, en recintos deportivos, edificios culturales, transporte urbano, oficinas, bibliotecas, piscinas, ascensores, pasillos o despachos. El Ararteko plantea que en algunos de estos lugares no serían necesarias por entender que, a priori, «no parece existir un razonable riesgo para la seguridad ciudadana», por lo que pide «modular» la utilización de esos medios, así como el tratamiento que se hace del material que recogen. Tener en cuenta variables como «el lugar, tiempo de observación y ampararla en la normativa de protección de datos, con fines de preservar la seguridad de instalaciones, bienes y personas como alternativa que respete la intimidad y los datos personales de toda la ciudadanía».