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Iñigo Olasagasti
Lunes, 11 de noviembre 2024, 06:41
El atasco en los juzgados de Gipuzkoa no hace más que crecer. La congestión se acentuó con el estallido de la pandemia en 2020 y ... no se ha conseguido frenar en los años posteriores, lo que provoca que los tiempos de espera para la resolución de asuntos estén aumentando cada año. Varios son los factores que lo explican, como el aumento de la litigiosidad y de la delincuencia o «la escasez de personal», según apuntan fuentes judiciales, lo que provoca que los juzgados del territorio se encuentren cada vez más colapsados. Su tasa de congestión ofrece un dato incontestable: de 2022 a 2023 pasó de 1,56 a 1,74, lo que supone un incremento del 11%.
Los asuntos recibidos en los juzgados de Gipuzkoa aumentaron en 2023 un 4,5% con respecto al año anterior. La subida fue mayor en las salas de lo Civil, con un 9%, mientras que en Penal el alza fue más moderado, del 1%. Entre las dos materias, la diferencia de casos ingresados en los juzgados fue de más de 2.000 respecto al año precedente.
Santiago Romero, juez decano de San Sebastián, explica en declaraciones a este periódico que «en el ámbito penal, hay una mayor criminalidad, y en San Sebastián lo hemos notado con claridad. En el ámbito civil, se ha producido un aumento sobre todo en materia de reclamaciones sobre cláusulas bancarias». Achaca la subida de la litigiosidad al incremento de la población. «A más población, aumenta la litigiosidad».
La congestión que sufren algunos juzgados guipuzcoanos hacen que algunos estén «desbordados». Romero apunta que este es el caso del juzgado número 8 de lo Civil de Donostia. Solo las reclamaciones para que las entidades bancarias devuelvan el importe de las cláusulas abusivas de las hipotecas pueden hacer que «este año se superen las 10.000 demandas sobre esta materia, lo que es un absoluto despropósito».
En lo que a la jurisdicción penal se refiere, el juez decano de Donostia detalla que «también ha aumentado la criminalidad, principalmente los delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual o los cometidos sobre las mujeres». Hace hincapié en un incremento de «los robos -con violencia, con fuerza, en lugares públicos...-. Esto se debe principalmente al aumento de la población». En concreto, señala que «vivimos en una ciudad turística y cada vez se reciben más visitantes», por lo que en algunos meses la presencia de personas en las calles es mucho mayor.
El atasco no solo se debe a que cada vez ingresan más asuntos en los juzgados, sino que en paralelo hay un descenso de los casos resueltos, por lo que los asuntos en trámite no dejan de amontonarse en las mesas de los jueces. El año pasado se resolvieron cerca de un millar de asuntos menos que en 2022.
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Concretamente, en Gipuzkoa en 2023 se resolvieron un 2,2% menos de asuntos que en el año precedente, con un descenso del 6,91% en lo Civil, mientras que en lo penal se registró una leve mejoría del 0,3%.
Romero alerta de que «hay veces que no queda otra que suspender vistas, ya sea porque no se presenta alguna de las partes, testigos o por diversos motivos. Van entrando más asuntos y la capacidad humana de los funcionarios de Justicia, desde los jueces, secretarios judiciales, hasta los funcionarios es la que es».
Todos estos datos provocan que la tasa de congestión de los juzgados en Gipuzkoa no haya dejado de crecer desde la pandemia: ingresan más casos, se resuelven menos y eso da lugar a un atasco. La tasa que lo mide ha experimentado un crecimiento del 28,8% desde el año 2019, antes de que estallara la pandemia. Entonces, la tasa de congestión registrada fue de 1,35, creciendo en el año 2020 hasta 1,46. En 2021 logró descender muy ligeramente hasta 1,44, mientras que en el año 2022 volvió a sufrir un incremento hasta los 1,56 puntos. En 2023 continuó su ascenso hasta alcanzar una cuota de 1,74, lo que supone un crecimiento del 11% en el último año.
La acumulación de expedientes sin cerrar en los juzgados también provoca un incremento en los tiempos de espera necesarios para resolver asuntos judiciales. En este caso, al igual que con los datos relativos a la congestión judicial, ya se venía padeciendo un aumento del tiempo medio de espera desde 2020, tendencia que ha continuado en los años posteriores
Por ejemplo, en 2019 había en los juzgados vascos de primera instancia un tiempo medio de espera de 7,4 meses, que aumentó a 8,4 en un año. Tras bajar levemente a 7,7 en 2022, en 2023 volvió a subir a 8,2 meses de espera de media.
El creciente tiempo de espera es común a todas las jurisdicciones a excepción de la Mercantil, que baja de 12,3 meses a 11,8. Los tiempos espera de media en Euskadi, teniendo en cuenta las diferentes jurisdicciones, son de 9 meses.
En materia de violencia contra las mujeres, tras reducir los plazos de resolución de asuntos en el ámbito penal en 2022, los datos vuelven a mostrar mayor lentitud en 2023. Si bien se había conseguido bajar a los 3,6 meses de espera. respecto a los 4,1 de 2021, en 2023 vuelven a subir a 4 meses, en la línea de la tendencia general.
Romero relata que «en la jurisdicción penal, los tiempos desde que ocurre un delito, digamos un hecho criminal, hasta que se resuelve, pueden ser fácilmente de tres años. En la legislación social, laboral, también puede transcurrir más de un año, año y medio, hasta que una persona ve resuelto su problema. Y en la jurisdicción civil, pues parecido, y siempre que tengamos la suerte de que todo se tramite correctamente y que no haya ningún problema durante el procedimiento». El juez decano indica que «todo ello en la medida en que no falle un funcionario que se coge una baja por enfermedad, o un juez que concursa y se traslada... Cualquier alteración en el ritmo normal de los juzgados supone un retraso, además de varios meses».
Entre las principales causas que provocan lentitud a la hora de resolver asuntos judiciales se encuentra la escasez de la plantilla judicial en Euskadi. En 2023 Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya denunció que en la Comunidad Autónoma Vasca «la plantilla judicial es inferior a la del resto de la Unión Europea, con 10,3 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 17».
«Si no se hace la debida inversión para aumentar la plantilla judicial porque el dinero se destina a otras finalidades, al final tenemos los medios que tenemos», lamenta Romero.
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