Beasain es el segundo municipio con más fallecidos por amianto de todo el Estado, detrás de Cerdanyaola del Vallés (Barcelona). Esta localidad del Goierri registra una tasa de 138 muertos por asbesto por 100.000 habitantes, solo por detrás de los 144 del municipio catalán, ... según datos de la asociación de víctimas del amianto de Euskadi, Asviamie. «Aunque para finales de la década de los 60 el doctor Wagner de Sudáfrica demostró la relación indiscutible del amianto con la enfermedad mortal de mesotelioma, el Estado siguió permitiendo comercializarlo hasta que por imposición de la Comunidad Europea en 2001 se prohibió su utilización», explican.
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Sea como fuere, hasta entonces «miles» de personas habían estado expuestas a estos minerales. En las dos últimas décadas, entre el año 2000 y 2020, Euskadi registró 748 víctimas mortales por causas relacionadas con el amianto, y en el conjunto del Estado esta cifra asciende hasta las 7.622, según datos de esta misma asociación. Si Beasain ocupa el segundo puesto entre las poblaciones con mayor número de fallecidos proporcionalmente al número de habitantes, en tercer lugar se encuentra el municipio vizcaíno de Sestao, con una tasa de 123 fallecidos por 100.000 habitantes. Le sigue Ripollet, en Barcelona (121); Santurtzi (92); Fene, en A Coruña (83); Barakaldo (74), Ferrol, en A Coruña (70); Llodio (70) y Portugalete (66). Los datos hablan por sí solos.
Si se tiene en cuenta el número de habitantes, Euskadi ocupa la primera posición de todo el Estado entre las comunidades con más fallecidos por amianto.
Con estas cifra sobre la mesa, las diferentes asociaciones de familiares y afectados por amianto reclaman la puesta en marcha inmediata del fondo público para víctimas. «En los dos años de retraso para la aprobación del reglamento se ha producido un número considerable de fallecimientos de personas afectadas por la exposición a este agente cancerígeno que no han podido acceder a una reparación de los daños a su salud prevista en una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado hace más de dos años», se lee en la carta presentada ante el Defensor del Pueblo. «Y esta situación se repetirá inevitablemente en más personas afectadas, en la medida en la que se prolongue la inacción del Gobierno al respecto», prosigue la misiva.
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