EH Bildu pide que no se demande a los gestores que paralizaron la incineradora

EH Bildu pidió ayer a los miembros de la Asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que «descarten» la propuesta del presidente -el socialista José Ignacio Asensio- consistente en presentar una demanda contra gestores de la coalición abertzale que paralizaron la incineradora en 2013. Los asambleístas del Consorcio se reunirán mañana para debatir y votar esta propuesta y EH Bildu les ha pedido «que actúen con el rigor y la responsabilidad que exige su cargo, puesto que los juzgados y las instituciones públicas no están para ser utilizados en función de intereses partidistas».

La Asamblea extraordinaria se ha convocado para tomar la decisión de presentar o no una demanda contra la expresidenta de Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, y el exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin. Ambos ostentaron, según la propuesta de demanda, «una responsabilidad cualificada, por lo que procedería deducir demanda contra ellos en este procedimiento de reintegro por alcance».

La propuesta de demanda parte de un emplazamiento del Tribunal de Cuentas de España a GHK, a través de su fiscal, para interponer una acusación que diera pie a estudiar si el dinero que salió de la sociedad foral resultó ser un gasto que produjo «menoscabo o resultado dañoso en los fondos públicos». El acuerdo de resolución contractual de la incineradora cuantificó la indemnización a abonar a las empresas en 8,2 millones, aunque los actuales gestores del Consorcio añaden como perjuicio la pérdida de la financiación del Banco Europeo de Inversiones y la conversión de los seguros del interés -conocidos como swaps- en especulativos, al tener que pagarlos a pesar de no ejercer ya como cobertura de ningún crédito (alcanzarían los 71 millones, según la valoración del Tribunal Vasco de Cuentas).

Para EH Bildu, Errazkin e Intxaurrandieta «actuaron con total legitimidad democrática y respetando la ley al 100%, y tomaron las decisiones cumpliendo el mandato popular, en defensa de los intereses públicos y la salud de la ciudadanía guipuzcoana». La formación a la que pertenecen los dos excargos públicos sobre quienes pende la amenaza de una demanda considera que la paralización de la planta de Zubieta «no solo fue aprobada con todas las garantías jurídicas, sino que, además, evitó el despilfarro de dinero público». Así, defiende la tesis de que la infraestructura estaba sobredimensionada y de que las condiciones para su financiación «eran claramente lesivas para los intereses de la Administración».

EH Bildu concluye, por tanto, que no tiene sentido reclamar indemnizaciones al equipo que con su gestión trajo un ahorro de dinero para Gipuzkoa y pide a los asambleístas que «descarten» mañana la propuesta de demanda, calificada como «un sinsentido que no responde sino a venganzas y fines políticos». Además, subraya que seguir con el procedimiento de reintegro en el Tribunal de Cuentas «supone dejar en manos de tribunales de Madrid las decisiones que legítimamente corresponden a instituciones vascas».

Las razones que esgrime la coalición abertzale para reclamar a la Asamblea de GHK que no se decante por demandar a sus anteriores gestores vienen recogidas también en la argumentación del recurso de apelación interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante la sentencia del Contencioso-Administrativo 1 de Donostia que anulaba la rescisión del contrato de la incineradora y que falta por resolverse.

Los recurrentes son trece personas a nivel individual, entre las que se encuentran precisamente Intxaurrandieta y Errazkin, más las mancomunidades de Urola Medio y Tolosaldea, ambas en manos de EH Bildu. Alegan que la sentencia apelada no resuelve la cuestión de fondo ya que «no se han aportado al juicio dictámenes que desacrediten la motivación y el interés público de la resolución contractual». Se refieren al «sobredimensionamiento de la incineradora cuya ejecución se contrató» y al «impacto económico causado por el incumplimiento de la previsión de generación de residuos».

En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas ha fijado como plazo para presentar demanda el 17 de octubre, por lo que la Asamblea de GHK se pronunciará mañana sobre ello, aun con este recurso pendiente de resolverse.