Uno de cada cinco camiones sometidos a control en la muga lleva residuos ilegales

«Buenos días, ¿me podría decir, por favor, qué es lo que transporta, de dónde viene y hacia dónde va?», le pregunta un policía a un camionero al que se le acaba de dar el alto. «Llevo unos tubos defectuosos de una empresa que son para reciclar. Los he cogido en Bera y los llevo para Agurain, en Álava», le responde éste desde su cabina. «Entendido, ¿me muestra el albarán?», añade el agente, auténtico experto en materia de basuras que, al igual que el resto de sus compañeros, tiene un ojo clínico para identificar a posibles infractores. «Veo que el documento aportado está correctamente cumplimentado, pero ahora necesito comprobar que coincide con el material que porta», le traslada el agente antes de subirse a la parte alta del camión junto a su cámara para tomar fotografías y posibles muestras si fuera necesario. Tras un visionado exhaustivo, el guardia no detecta nada extraño. «Todo en orden, caballero, ya puede continuar con su viaje. Muchas gracias», añade.

Este caso es solo un ejemplo de las numerosas actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y el GIMA 6, el Grupo de Investigación de Medio Ambiente del propio ente, cuyo trabajo ha permitido estimar que uno de cada cinco camiones de residuos sometidos a control en la frontera transporta desechos no tratados, en ocasiones tóxicos, provenientes de Iparralde, Burdeos y la Costa Azul. Su destino son principalmente vertederos de Aragón y Cataluña, donde son enterrados para generar ingresos de forma ilegal, si bien fuentes policiales aseguran que se trata de una operación que se desarrolla a lo largo de todo el Estado.

El tratamiento previo adecuado implica que los desechos ya no pueden ser enviados directamente al vertedero o ser quemados como tradicionalmente se ha hecho, sino que deben ser sometidos a operaciones de valorización en plantas especializadas que permitan la extracción de materias primas útiles (plástico, papel, cartón, vidrio, material ferroso, etc.).

El motivo por el que toda esa basura termina en territorio español es sencillo, y es que las diferencias de precio en los tratamientos de residuos en España y Francia son enormes. Mientras eliminar una tonelada de basura en el Estado tiene un coste aproximado de entre 40 y 60 euros, en el país vecino puede multiplicarse hasta por ocho, lo que supone una media de entre los 320 y 480 euros.

De esta forma, los estudios recientes revelan que los ingresos anuales del mercado ilícito de residuos en la Unión Europea oscilan entre los 4 y los 15 millones, siendo ya la cuarta actividad delictiva más importante del mundo después del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación. «La delincuencia ambiental crece a un ritmo comprendido entre el 5 y el 7% anual», destacan los expertos, que cuentan con el apoyo total de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, en este desafío medioambiental.

«La regulación de la gestión de residuos constituye un sector clave en la política comunitaria y, en ese sentido, me gustaría poner en valor la ingente labor que desarrolla la Guardia Civil a través del Seprona para conservar la naturaleza, el medio ambiente y así evitar que se produzcan daños irreparables en los ecosistemas», explicó la socialista.

Por norma general, los residuos de construcción y demolición, la chatarra metálica (hierro y acero) y los vehículos VFU (al final de su vida útil) son lo que más se encuentran estos profesionales en la muga, donde es habitual que vengan mezclados, presentando como cara desechos legales –cartón o basura tratada–, pero dejando en el fondo otros de carácter ilegal y, con frecuencia, peligrosos. Eso dificulta y ralentiza el trabajo, en el que es clave el factor sorpresa. «Hacemos controles en Behobia, Biriatu e Irun tres o cuatro veces al año con una duración de tres o cuatro días cada uno. Son aleatorios, pero intentamos tener la máxima precisión y la coordinación con las autoridades francesas es excelente».

Con todo, la inteligencia policial elaborada por la Ucoma ha puesto en evidencia la existencia de verdaderos entramados delictivos empresariales constituidos por empresas francesas y españolas dedicados a la introducción ilegal de residuos sólidos urbanos en vertederos estatales. Una realidad con la que todo el mundo pierde, salvo los infractores.