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ARANTXA ALDAZ
SAN SEBASTIÁN.
Sábado, 6 de octubre 2018, 08:14
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha multado a las cuatro autoescuelas que operan en Arrasate por pactar precios entre los años 2013 y 2017, una práctica prohibida a las reglas del libre mercado y que ha merecido la tarjeta roja. La práctica de acordar las tarifas entre autoescuelas ya había sido objeto de sanción en otros territorios en los últimos años (Vitoria, Extremadura, Zaragoza, Murcia o Madrid), pero esta es la primera vez que se destapa un cártel en el sector en Gipuzkoa. En paralelo a esta investigación iniciada hace año y medio y que acaba de resolverse, la institución entonces presidida por Pilar Canedo -ahora está al frente Alba Urresola- también puso el foco en cuatro autoescuelas de Errenteria -que luego elevó a cinco empresas investigadas- por los «indicios» de que pudieran estar también incurriendo en la misma infracción. Sin embargo, en este caso, la Autoridad concluye que no se ha podido constatar tal pacto y ha resuelto el expediente sin sanción alguna.
Quienes sí han sido castigadas con diferentes cuantías, entre los 792 euros y los 3.924 euros, son las cuatro autoescuelas de Arrasate (Arrasate Autoeskola, Leniz Autoeskola, Peñakoba Autoeskola y Telleria Autoeskola), una resolución ante la que las afectadas podrán interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses. El dictamen de la AVC, al que ha tenido acceso este periódico, concluye que al menos entre 2013 y 2017, el periodo investigado, las cuatro firmas ahora sancionadas ofrecieron las mismas tarifas para la obtención del permiso de conducir B, para turismos, el más demandado. Según consta en el documento, el precio medio para obtener ese permiso se elevó a 1.700 euros en el municipio del Alto Deba, con tarifas «prácticamente idénticas» en los diferentes conceptos de gastos (matrícula, clases teóricas, prácticas y gestión) en las cuatro empresas investigadas. Apenas había una diferencia de veinte euros en la factura total. La sospecha de que no fuese una simple coincidencia hizo a la AVC abrir una investigación de oficio que derivó en la apertura de un expediente sancionador en abril de 2017 del que ahora se conoce la resolución.
La cuestión a dilucidar era si existía realmente justificación para que las cuatro compañías ofertaran la misma carta de precios, con tarifas hasta un 84% más elevadas que en otros municipios guipuzcoanos comparados (el caso de Irun) y también por encima de los precios ofertadas en otras ciudades españolas. Para ello, los técnicos de la AVC han analizado en estos últimos 18 meses toda la documentación aportada por las empresas tras ser requeridas por la institución. Especial atención han merecido las variables de coste que más incidencia tienen en la prestación del servicio: el de personal, los vehículos, el precio del carburante y el precio del local. En ninguna de estas categorías Competencia considera que existían diferencias tales como para que la factura se elevara hasta los 1.700 euros de media. Y también descarta similitudes en la estructura de costes de las cuatro empresas investigadas, «por lo que no se concibe que los precios de sus servicios sean iguales».
El análisis exhaustivo de todos los componentes de gasto da como resultado que entre 2013 y 2017 apenas hubo una variación del 1% entre las cuatro empresas. Competencia considera que los precios coinciden si se encuentran en un intervalo de más-menos 4%, más aún en un mercado sensible a una variación de precio. «Es decir, una bajada del precio por parte de una autoescuela sí puede provocar un aumento de su demanda, que será a costa de la cuota de mercado de sus competidores», explica la AVC en la resolución. Esa libre competencia nunca se dio en Arrasate, con perjuicio para los interesados en sacarse el carné de coche en ese municipio, refleja la institución. El número de 'aptos' en el periodo investigado en esas cuatro autoescuelas fue de 663 personas.
Durante este último año y medio de investigación, las autoescuelas investigadas han podido acceder al expediente y presentar sus alegaciones. Las cuatro niegan tal concertación, pero por diferentes motivos. Leniz y Peñakoba hablan de «una adaptación inteligente a la conducta de los competidores del sector», es decir, copiar lo que hace la empresa de al lado. Tellería, por su parte, sí reconoce haber establecido sus tarifas en función de las aplicadas por las demás autoescuelas, pero «debido a su escaso volumen de negocios».
MULTAS
DOS MESES DE PLAZO
Otra de las explicaciones dadas es que los precios son públicos y accesibles a través de las páginas web de las empresas, no solo para los alumnos también para las propias autoescuelas. Competencia también desmonta este argumento. «De hecho, se verificó que algunas ni siquiera disponen de página web y respecto a Peñakoba, que sí cuenta con ella, no publica sus precios», rebate la AVC en su resolución.
La empresa Arrasate alegó un motivo particular, el hecho de haber mantenido las tarifas que venía aplicando el anterior propietario del negocio cuando compró la autoescuela en 2013. La AVC también echa por tierra esta explicación. «De ninguna forma resulta admisible que continuara aplicando la tarifa que le indicaron cuando adquirió su negocio, renunciando a competir y a desarrollar una política comercial independiente. Dicha conducta, además, se ha mantenido durante varios años, lo cual no tiene otra explicación que la de la realización de una práctica concertada o conscientemente paralela».
A la vista de todas las pruebas, la AVC concluye que ha existido «una práctica concertada» entre todas las firmas, lo que significa que aunque no hubiese un acuerdo tácito como tal, en la práctica sí presupone una «coordinación entre las empresas», sostiene Competencia. La conducta se tipifica como una infracción muy grave, por lo que podrán ser castigadas con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa, precisa la resolución.
Sin embargo, en el caso de las autoescuelas sancionadas, las multas se han quedado entre el 3,10% y el 3,75% de sus respectivas facturaciones, 'rebaja' que explican por un «ajuste de proporcionalidad» teniendo en cuenta el beneficio ilícito que habrían obtenido en ese periodo. La multa más baja es para Arrasate Autoeskola (792,50 euros); Telleria deberá abonar 1.097,67 euros; Peñakoba, 3.135,34 euros y Leniz, 3.924,17 euros, la mayor cuantía.
En otros expedientes de la AVC se ha optado por porcentajes más elevados, como ocurrió con la multa histórica a las empresas de catering de los comedores escolares, sancionadas inicialmente con 18 millones, si bien el TSJPV lo rebajó hasta los 7,4 millones.
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