Competencia pide duras sanciones a las firmas que «boicotearon» el transporte escolar

Así consta en el expediente que la dirección de investigación del organismo ha enviado a las partes y al que ha tenido acceso este periódico. El documento no es definitivo. La resolución final debe emitirla el Consejo de Competencia, compuesto por dos vocales y la presidenta, Ainara Herce. El plazo para hacerlo es de 24 meses desde que se incoó el expediente, en septiembre de 2023, por lo que aún queda un año de margen. Pero la investigación de los instructores permite hacerse una idea de por dónde van a ir los tiros.

Los hechos se remontan al tumultuoso inicio del curso que acaba de finalizar. El Departamento de Educación sacó a concurso las rutas para dar servicio a los colegios públicos: 143 en Gipuzkoa, 194 en Bizkaia y 139 en Álava. Ninguna empresa presentó ofertas para cubrir los itinerarios vizcaínos y solo cuatro lo hicieron en Álava, para un total de 17 lotes. En Gipuzkoa solo se cubrieron 65.

Ante este panorama, en agosto Educación ofreció a los operadores adjudicarles directamente el mismo lote que habían hecho el año anterior –sin concurso– y, en caso de negarse, les amenazó con una orden de ejecución forzosa. A diferencia de las empresas de Gipuzkoa que sí aceptaron realizar el servicio directamente, en Álava y Bizkaia las firmas, muchas de ellas pymes y empresas familiares, se negaron en redondo y recurrieron la orden de ejecución forzosa. Así se llegó al inicio de curso y 7.400 alumnos se quedaron sin autobús durante una semana, hasta que los transportistas y la consejería firmaron la paz a cambio de que hubiera cambios en la licitación del curso 2024/25.

Esos días en los que no hubo autobús le costaron a Educación un millón de euros para compensar a las familias. No obstante, la consejería no parece haber dado con la tecla, toda vez que una gran parte de los nuevos lotes han vuelto a quedar desiertos. Ésta es la primera patata caliente en la mesa del nuevo departamento que lidera Begoña Pedrosa.

Competencia se puso a investigar el caso en julio del año pasado a raíz de una denuncia presentada por Educación. Sin embargo, no incoó el expediente hasta septiembre, apenas unos días después de que se dictara la orden de continuidad forzosa. El procedimiento se abrió exclusivamente contra las empresas incluidas en dicha orden; no así contra las empresas guipuzcoanas, a pesar de que en este territorio también hubo un porcentaje importante de lotes que quedaron desiertos en un inicio. Entre los indicios que los investigadores han recabado figura un correo electrónico enviado por una operadora del transporte escolar (cuyo nombre no aparece en el expediente) al departamento en agosto de 2023. En ese mensaje, la firma asegura que «un día antes de la presentación de las ofertas, una empresa del sector llamó a AAA (sic) preguntando si se iba a presentar, ya que desde alguna asociación empresarial estaban barajando dejar desierta la licitación».

Además de este mensaje, el pliego enumera una serie de actuaciones de las operadoras que llevan a los investigadores a pensar que se produjo un «acuerdo de boicot». Entre ellas, el «ínfimo» porcentaje de ofertas presentadas en Bizkaia y Álava; la presentación de «ofertas incompletas»; la negativa a prestar el servicio en las mismas condiciones que en años anteriores; el incumplimiento de la orden de ejecución forzosa; el inicio de la prestación de los servicios apenas una semana después de que se negasen a ello, «con la misma tarifa y condiciones que el curso anterior»; la «remisión de comunicados a la prensa con el fin de presionar» al departamento; y «generar dilaciones indebidas» mediante la presentación de recursos contra los pliegos de contratación.

Los instructores concluyen, por todo ello, que la forma de actuar de los empresarios fue una práctica «contraria a la competencia». Una infracción «muy grave» que la Ley de Competencia sanciona con hasta el 10% del total del volumen de negocio anual de cada empresa infractora. También se plantea la prohibición de volver a contratar con el sector público por un periodo sin determinar aún. Para llegar a este extremo la sanción debe ser de carácter firme, por lo que debería ser ratificada por un tribunal tras un previsible recurso por parte de los afectados. El proceso podría, por tanto, dilatarse en el tiempo.