Deudas pendientes con Alberto Loza y Anabel Merino

Agosto no es mes de buen recuerdo en casa de dos familias donostiarras. El día 23 de 1988, unos desconocidos pusieron fin a la vida de Alberto Loza Fernández. Solo tenía 18 años. Residía en el barrio de Egia. Cuatro años más tarde, el 11 de agosto, un desalmado asesinó a Anabel Merino Dávila, de 21 años, en Intxaurrondo. Ambos crímenes figuran todavía en la lista de casos no resueltos. Sus asesinos andan sueltos. La Policía y la Justicia tienen un deuda pendiente con ambas familias.

Alberto Loza fue brutalmente agredido en su propio domicilio. Vivía en la Casa de la Cumbre, en la zona alta del barrio donostiarra de Egia. El crimen se cometió a plena luz del día. La Policía Nacional no detuvo a nadie. Veintiocho años después, el caso se encuentra archivado y lo que todavía es peor, no tiene visos de que pueda reabrirse.

Los últimos movimientos de Alberto se conocen al detalle. Entre las 10 y 11 horas de la mañana de aquel fatídico día 23 estuvo con su padre -sus progenitores se hallaban separados- a quien pidió una pequeña ayuda económica para comprarse una moto nueva. Está acreditado que cuando le visitó, el joven estaba en posesión de cierta cantidad de dinero, unas 40.000 pesetas, presumiblemente producto de la venta de su anterior moto. Nunca más se supo de aquella suma. De casa de su padre salió sobre el mediodía y los vecinos le vieron llegar a su domicilio en torno a la una menos veinte, con una barra de pan en la mano.

A partir de ese momento y hasta la una y cuarto de la tarde en que fue hallado agonizante por su hermana no hay más que contradicciones. La Policía atribuyó el crimen a tres jóvenes franceses que habían sido vistos en las inmediaciones de la casa. Se sospecha que los autores abordaron a Alberto cuando accedía al portal. Al parecer, estos individuos habían permanecido buena parte de la mañana en los alrededores de la vivienda. Incluso, algunos testigos dijeron que les vieron tocar repetidas veces el timbre del piso.

La familia ha indicado que los agentes que llevaron el caso dijeron que habían estado otras veces porque conocían la casa, si bien se ignora en quá datos sustentaron estas afirmación.

Sin embargo, no quedó del todo claro que los autores fueran estas personas. Aquel día, sobre la misma hora, varios testigos presenciaron la fuga de otro grupo de chicos. También eran tres. Estos eran españoles porque uno de los vecinos escuchó cómo uno de ellos decía «corre que nos pillan» y otro, al que un perro le salió a los pies, dijo: «Joder con el puto perro».

¿Había dos grupos?, no se sabe a ciencia cierta. Las posteriores averiguaciones nunca aportaron luz sobre los autores materiales. De nada sirvió tampoco la comisión rogatoria que viajó a Francia tras la pista de los sospechosos.

Y si la autoría es una incógnita, el móvil también los es. La familia aseguró que lo único que se preocupó la Policía fue de proclamar a los cuatro vientos que Alberto era un traficante. Atribuyó lo ocurrido a un ajuste de cuentas. La madre no niega que su hijo se fumara algún canuto que otro, pero de ahí a que traficara...

En opinión de los familiares, la labor policial fue escasa, tardía y estuvo mal hecha, «una auténtica chapuza».

La muerte de Anabel Merino Dávila conmocionó a la ciudad. La joven de 21 años salió aquel día muy temprano para acudir a un trabajo temporal que había obtenido en el Oncológico de la capital guipuzcoana. Poco antes de las seis de la mañana, a no mucha distancia de su casa, la joven aguardaba la llegada del coche de una compañera que le llevaría hasta el centro sanitario. Anabel no subió a aquel vehículo. Una persona le abordó de manera inesperada y la apartó a un camino que unía el paseo de Zaratiegui con el de Mons, en el barrio de Intxaurrondo. El agresor le asestó una puñalada en el vientre y efectuó un total de cuatro cortes en el cuello. Sus gritos fueron escuchados por algunos vecinos. Pero nadie prestó demasiada atención. Era Semana Grande en San Sebastián y creyeron que aquel alboroto era uno más dentro de la madrugada festiva.

La Policía Nacional inició la investigación. La familia concluyó que lo que se hizo en los tres primeros años fue una chapuza. Los agentes asignados al caso no hallaron un sólo vestigio, un rastro que les condujera hasta el autor material. El tiempo corría a favor del asesino y la ausencia de pruebas hizo que las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital guipuzcoana fueran archivadas por falta de autor conocido.

Tres años más tarde, el caso fue reabierto, después de que la Asociación Clara Campoamor ofreciera la colaboración de su gabinete jurídico a la familia de la joven asesinada y ante la creencia de que un violador en serie de Valladolid, Pedro Luis Gallego Fernández, tuviese alguna vinculación con el crimen. El sospechoso, condenado por otros asesinatos y agresiones sexuales, fue trasladado a la capital guipuzcoana, donde prestó declaración. Sin embargo, el magistrado instructor entendió que no había elementos para incriminarle. El propio Gallego Fernández negó su participación en el asesinato. Ante la falta de datos, el asunto fue nuevamente archivado en 1996.

Durante los cuatro años siguientes, el sumario no hizo sino acumular polvo. La familia de la joven asesinada, no obstante, se esforzó por que el caso no cayera en el olvido. Incluso ofreció una recompensa a quien facilitara un dato que aportara algo de luz al caso. Sin embargo, la investigación no avanzó.

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