El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ve «imprescindible» agilizar la compensación a las víctimas del amianto. En la reunión mantenida ayer con la federación estatal de asociaciones de afectados (Fedavica) y los sindicatos CC OO y UGT, Gabilondo, junto a los representantes de estas organizaciones, ... analizó la situación en la que se encuentran las víctimas en la actualidad, que están a la espera de que el Gobierno central ponga en marcha el fondo que tenía que haber echado a andar en 2023 y que, dos años después, sigue en 'standby'.
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Así, durante el encuentro se abordaron algunas de las inquietudes de los afectados por el amianto, entre ellas, el retraso en la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley 21/2022, que crea el fondo de compensación para las víctimas, según el comunicado lanzado tras el encuentro.
El Defensor del Pueblo se va a dirigir ahora al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para «manifestar la pertinencia, y en muchos casos la urgencia, de la puesta en marcha efectiva del fondo de compensación a las víctimas del amianto», una problemática que afecta a muchos guipuzcoanos, si se tiene en cuenta que Beasain es el segundo municipio con más casos por habitantes en proporción de todo el Estado (138 por cada 100.000 vecinos), solo por detrás del catalán Cerdanyola del Vallés.
La Ley, aprobada hace más de dos años, establecía un plazo de tres meses para que se dictara el Reglamento, lo que permitiría el inicio de actividades del fondo de compensación, que ya tiene aprobada una primera partida de 25 millones de euros.
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Son muchos los afectados que se sienten «olvidados» por las instituciones. Algunos de los afectados han fallecido por enfermedades relacionadas con la exposición al amianto, como el mesotelioma. Otros siguen la lucha a la espera de que el Gobierno mueva ficha y active el fondo.
Aunque para finales de la década de los 60 un doctor sudafricano demostró la relación «indiscutible» del amianto con la enfermedad mortal de mesotelioma, «el Estado siguió permitiendo comercializarlo hasta que por imposición de la Comunidad Europea en 2001 se prohibió su utilización», denuncian desde hace tiempo desde la asociación de víctimas del amianto de Euskadi, Asviamie. Pero todavía sigue habiendo enfermedades laborales en España. Solo en 2023, en el Estado se registraron 94 cánceres profesionales, de los cuales 45 fueron en Euskadi, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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