Los delitos de tráfico se disparan un 31% en Gipuzkoa y alcanzan máximos en una década

Más allá de las frías cifras, los datos de la Fiscalía cuantifican que en Gipuzkoa ha habido en el último año 2.503 delincuentes viales, conductores que siguen sin concienciarse de lo caro que pueden salir el alcohol y las drogas al volante, que se niegan a hacerse la prueba de alcoholemia, que circulan muy por encima del límite de velocidad, lo hacen de forma temeraria o incluso han provocado algún homicidio al volante. Todas ellas son temeridades que se castigan no como faltas (que se suelen resolver con una multa) sino como delitos tipificados en el Código Penal.

Manuel Pedreira, fiscal delegado de Seguridad Vial en el País Vasco, subraya que el sumario de los procedimientos judiciales incoados en Euskadi en 2022 refleja «un aumento de la criminalidad respecto al año anterior, que alcanza el 15,9%» a nivel de todo el País Vasco. Pero Gipuzkoa es el territorio que sufre un mayor incremento, del 31,1% –«el doble» que en todo Euskadi–, a pesar de que no crecen todos los tipos delictivos. Sí lo hacen la influencia de alcohol o drogas (+32%), la negativa a realizarse pruebas (+32%), la conducción sin permiso (+23%) o la conducción temeraria (+4%). Por contra, bajan los delitos por velocidad punible (-58%) y conducción con claro desprecio a la vida de los demás (-42%). Pero si hay un tipo delictivo que ha crecido de forma espectacular, con una subida del 147% interanual, es el que la Fiscalía denomina 'creación de otros riesgos'.

Pedreira explica que ese epígrafe de 'creación de otros riesgos' (que ha pasado de 46 procedimientos a 114) incluye los delitos derivados del artículo 385 del Código Penal, que castiga a quien provoque «un grave riesgo para la circulación colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o sustrayendo o anulando la señalización». El fiscal delegado de Seguridad Vial indica que «son supuestos de lo más diversos, desde cruzar objetos en la vía (contenedores...) hasta la caída de una carga de un camión que no se retira y se genera ese riesgo, siempre de forma dolosa».

En cualquier caso, las infracciones más comunes en las carreteras de Gipuzkoa, como es una constante en los últimos años, son conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas (1.594 procedimientos iniciados), conducir sin permiso (609) o la negativa a realizarse una prueba de alcoholemia o drogas (113). Todas ellas registran unos crecimientos entre el 23 y el 33%.

La memoria de la Fiscalía vasca de 2022 refleja que en Euskadi se incoaron un total de 6.327 procedimientos por delitos en seguridad vial, aunque advierte de la «dificultad de contabilización estadística de todos aquellos casos en los que concurren diversas infracciones (...), siendo muy importante la concurrencia de delitos de riesgo con resultados imprudentes». Respecto a la «brecha porcentual» existente entre Gipuzkoa (+31,%) y Bizkaia (+6,8%), la Fiscalía vasca sostiene que «puede obedecer a diversos factores, como la tasa de aumento real de la actividad delictiva o a otros factores asociados a la investigación criminal como el número de controles policiales realizados».

La memoria también hace una referencia a que, a nivel autonómico, «se ha producido un aumento del 25% en el número de procedimientos incoados por delitos de conducción alcohólica, pasando de 3.245 asuntos en 2021 a 4.054 asuntos en 2022». Lo que se relaciona con los datos de la memoria de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, que arroja que «de un total de 34.158 controles realizados por la fuerza policial en el ejercicio 2021 se ha pasado a un total de 55.082 en el ejercicio 2022, lo que supone un aumento porcentual del 61% en la labor de detección».

La Fiscalía vasca destaca que «la inmensa mayoría de las sentencias emitidas son sentencias de conformidad, bien en diligencias urgentes o en procedimiento abreviado», pero hace un llamamiento público a las administraciones y a la sociedad en general para reducir los procedimientos relacionados con la seguridad vial. «Las cifras hablan por sí mismas, e indican que se debe hacer un esfuerzo en dos planos diferentes. En primer lugar, desde la prevención general (en el ámbito penal) y la acción administrativa, a los efectos de paliar el incremento delictivo mediante campañas informativas y de concienciación». En segundo lugar, el ministerio público pone el foco en «el punto de vista de la prevención especial, mediante la detección precoz de los supuestos de reincidencia y multireincidencia» de conductores que hayan cometido delitos previamente.