![Denuncian el futuro desalojo de decenas de inquilinos de VPO en Irun y Errenteria](https://s2.ppllstatics.com/diariovasco/www/multimedia/202104/09/media/cortadas/stops-kjYB-U1407592561YHB-1248x770@Diario%20Vasco.jpg)
![Denuncian el futuro desalojo de decenas de inquilinos de VPO en Irun y Errenteria](https://s2.ppllstatics.com/diariovasco/www/multimedia/202104/09/media/cortadas/stops-kjYB-U1407592561YHB-1248x770@Diario%20Vasco.jpg)
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el diario vasco
Viernes, 9 de abril 2021, 18:11
Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora han advertido este viernes sobre el futuro de varias promociones de VPO en régimen de alquiler de Irun y Errenteria, ya que en ambas los inquilinos proceden de las listas de Etxebide como demandantes de una vivienda de alquiler social y podrían acabar siendo desalojados.
Según han explicado, el próximo mes de julio finalizan los 15 años de alquiler social para las 33 familias de las VPO de Irun cuyo propietario es la empresa Artigalde 2006 S.L, «que puede poner a la venta las viviendas en alquiler protegido, aunque sea a precios tasados». Además, han apuntado que en abril de 2022, «puede pasar lo mismo con 40 familias de las VPO de Errenteria .
Los colectivos han señalado que en ambas promociones los inquilinos proceden de las listas de Etxebide como demandantes de una vivienda de alquiler social, «precisamente porque no podían comprar ni acceder a una vivienda de alquiler en el mercado privado».
«Tenemos conocimiento de que muchas de ellas, por su situación económica, ahora tampoco van a poder acceder a un préstamo bancario, por lo que acabarán siendo desalojadas de sus viviendas protegidas», han alertado.
En esa línea, han recordado que la Ley de Vivienda Vasca (art 65) y el decreto 315/2002 de 30 de diciembre «permiten al Gobierno Vasco ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir las viviendas de VPO cuya protección haya finalizado y cuyos inquilinos no puedan comprarlas, aunque sea a precios tasados».
Por lo tanto, han exigido el «compromiso» del Gobierno Vasco referente a «la adquisición de las viviendas cuyas familias en situación precaria no pueden acceder a un préstamo hipotecario y tampoco al mercado privado, por los elevados precios que no pueden costear» y que estas familias «puedan seguir viviendo en ellas en régimen de alquiler protegido, como hasta ahora».
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