Los planes de normalización del euskera en la Administración han chocado frontalmente contra la Justicia. La colisión entre la exigencia de un perfil lingüístico para ... determinados trabajos y la reclamación del derecho fundamental a acceder a una plaza pública se viene repitiendo en los juzgados en los últimos meses y todas las previsiones –la de quienes defienden una postura y la de aquellos que sostienen toda la contraria– apuntan a que se reproducirá con mayor asiduidad a corto plazo.
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Solo en el último año y medio, las denuncias de convocatorias públicas por su exigencia de nivel de euskera afectan a 278 puestos de trabajo en Gipuzkoa. La contratación pública no para –con procesos de estabilización de plantilla en marcha–, la promoción del euskera no tiene marcha atrás y la Justicia sigue anclada en un marco normativo que no cambia de la noche a la mañana. El resultado se traduce en un doble impacto: encontronazo en los tribunales e inseguridad jurídica.
El último caso se ha conocido esta semana. Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia ha tumbado el proceso que la Diputación Foral de Gipuzkoa había abierto para estabilizar un centenar de puestos de administrativo. La institución foral recurrirá ante el TSJPV este fallo fechado el pasado 28 de febrero, pero los precedentes del alto tribunal vasco no le hacen ser optimistas.
A la institución foral afecta asimismo el siguiente caso cuantitativamente más relevante, relativo al organismo Kabia. Un juzgado de Donostia ha anulado el proceso de selección para 54 plazas de cuidadoras. El juez da la razón a las dos trabajadoras de una residencia de Eibar que impusieron una demanda y razona que resulta «desproporcional» la exigencia del euskera en casi todas las plazas (49 de 54). Además, afea a las instituciones, en este caso la Diputación de Gipuzkoa, «pretender maximizar» la normalización del euskera, lo que «minimiza» las aspiraciones de quienes no dominan esta lengua. La resolución está a la espera de la sentencia del TSJPV.
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El Supremo tampoco ha rectificado este tipo de casos cuando le han llegado. Por ejemplo, ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por Uliazpi, organismo autónomo de la Diputación, contra la sentencia del 24 de febrero de 2023 del TSJPV, que ya declaró nula la OPE para cuidadores por exigir euskera en 32 de las 34 plazas ofertadas.
Los tribunales –el contencioso-administrativo Nº2 de Donostia– también han considerado «discriminatorio» el perfil B2 de euskera para cuidadoras de la residencia Egogain de Eibar. En este caso, se trataba de una OPE para la estabilización temporal y el requisito lingüístico era preceptivo para las 20 plazas ofertadas.
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La administración vasca no ha acogido con buen agrado estas sentencias. La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha sostenido ante este tipo de casos que «pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse como una discriminación». Por su parte, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha sido clara. «No estamos de acuerdo. Nos duele, porque consideran que el euskera tiene la misma fuerza que el castellano, cuando es una lengua minorizada y, por lo tanto, necesita de una discriminación positiva».
El Ayuntamiento de Donostia también se ha visto afectado por la problemática. Dos sentencias firmes reconocen el derecho del demandante en una oferta pública para 9 plazas de portero, y el TSJPV no ha admitido a trámite el recurso de casación del Ayuntamiento ante el fallo contrario por solicitar un nivel B2 para dos puestos de Guardia Municipal. El alcalde Eneko Goia ha llegado a reconocer que «se me hace difícil de entender lo que está sucediendo en los tribunales y creo que el hecho de que existan dos lenguas oficiales en nuestra comunidad implica una serie de derechos y obligaciones, también por parte de las administraciones al garantizar que el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos se pueda dar en una lengua u otra»
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Por contra, el abogado Francisco Ignacio López Lera, que ha representado a muchos de los demandantes, explica que «nadie va en contra del euskera, pero la Constitución determina unos derechos fundamentales y uno de ellos es poder trabajar como empleado público. El propio Estatuto de Gernika dice que no se podrá discriminar a nadie por la lengua. La trampa que hacen es adosar como una garrapata a la plaza pública el puesto de trabajo y ese puesto lleva aparejado un perfil. Con lo cual, si no tienes ese perfil, no puedes concursar. No son sentencias contra el euskera sino a favor de un derecho fundamental».
La mayoría de sentencias sobre los requisitos de euskera aplican el decreto 86/97 por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En su artículo 11 se establece «el índice de obligado cumplimiento», es decir, el «número de puestos de trabajo que tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo». Llama la atención la fórmula con la que se fija dicho índice. Tomando en cuenta la información relativa al conocimiento del euskera en cada ámbito de aplicación, se establece: Euskaldunes + (cuasi euskaldunes/2).
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