Las detenciones de la ganadería de Zerain nacen de una investigación policial sobre inmigración irregular

Según declararon los afectados a los investigadores, su jornada laboral era de siete días a la semana sin posibilidad de descanso, incluso cuando estaban enfermos, percibiendo entre 300 y 400 euros al mes, «dependiendo de la voluntad de los dueños» de la quesería. Además, a pesar de que se dedicaban al cuidado y limpieza de un rebaño de ovejas latxas con las que se hace el queso de la marca 'Aranburu', de la denominación de origen Idiazabal, «en ningún momento recibieron formación al respecto, trabajaban sin equipos de protección individual para trabajar con animales, y por tanto estaban expuestos a las posibles enfermedades que les pudieran contagiar».

El caso tiene así la doble vertiente relacionada con Extranjería y con fraude laboral, a la que se podría llegar a añadir, en función de lo que determinen las pesquisas, un delito penal contra los derechos de las personas.

Carlos García, director territorial en el País Vasco del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, rehúsa aportar detalle alguno sobre este caso, aún en fase de investigación. Pero explica cómo suelen desarrollarse operaciones de este tipo. «Las actuaciones relacionadas con economía irregular tienen diferentes orígenes. Puede ser una denuncia directa, una comunicación anónima que llega a los buzones de denuncias de fraude que tenemos tanto los servicios de Inspección del Estado como los del Gobierno Vasco, también fruto de las inspecciones regulares que hace la Inspección, o en el marco de una investigación policial o judicial».

Así, la Inspección de Trabajo afloró el año pasado 517 empleos irregulares en Gipuzkoa y 2.272 en el País Vasco. Unas cifras «acordes a las de años anteriores», apunta García, que señala que en Euskadi se detectan al año «entre 2.000 y 2.500 empleos irregulares».

Los sectores donde más ilegalidades se descubren son Servicios y Hostelería, donde en 2023 afloraron 398 y 258 puestos que incumplían las normas. En la construcción fueron 68 y en actividades agropecuarias, 66.

Aeste respecto, García recalca que la agricultura y la ganadería «no son de los más incumplidores», a pesar del revuelo que ha creado el caso de Zerain. Sí admite que hay temporadas, como la de la vendimia en Álava, en la que el riesgo aumenta, sobre todo por la contratación de inmigrantes irregulares. Para ello se refuerzan las visitas, en este caso con acompañamiento policial por ser la competente en los controles de Extranjería.

El año pasado los servicios de Inspección realizaron 3.625 visitas a empresas en Euskadi, de ellas 1.513 en Bizkaia, 1.420 en Gipuzkoa, y 692 en Álava. En Gipuzkoa, una de cada ocho (180)se hizo junto a efectivos policiales porque estaban vinculadas a asuntos de Extranjería, aduanas, tráfico de drogas, investigaciones judiciales... En Bizkaia fueron una de cada diez (151), y en Álava ese porcentaje se disparó al 37% (260) por el efecto de las inspecciones vitivinícolas.

El responsable de la Inspección del Estado en Euskadi subraya que en casos agrícolas suelen repetirse una serie de patrones. Por un lado, la ubicación del centro de trabajo en una zona rural aislada «facilita que, además de las irregularidades laborales, se produzcan otras. Por ejemplo, unas relaciones de dependencia exorbitadas, con personas viviendo en el centro de trabajo, obligadas a pagar por el alojamiento y la manutención precios excesivos, lo que unido a salarios muy por debajo de lo legal, cercena la libertad de movimientos porque no tienen ni para pagar el autobús». En los casos en que conviven hombres y mujeres puede producirse además «acoso sexual dentro del propio grupo de trabajadores», remata.