La Diputación ve demostrado que las denuncias del 'caso Bidegi' eran «injustificadas»

La Diputación de Gipuzkoa se ha felicitado este viernes de la decisión del juzgado de instrucción de Azpeitia de sobreseer una segunda querella del llamado 'caso Bidegi', sendas denuncias presentadas en 2014 y 2015 por la Diputación, entonces gobernada por Bildu, contra responsables de Bidegi y representantes de las empresas adjudicatarias por presuntas irregularidades y malversación de fondos públicos en la obras de la autopista AP-1.

La actual diputada de Infraestructuras Viarias, Maria Ubarretxena (PNV), ha recalcado que «nos acercamos al final de un dilatado proceso en el que se ha perseguido de manera infundada a trabajadores y trabajadoras de la Diputación, de Bidegi y de las empresas adjudicatarias; se ha puesto bajo sospecha a los y las responsables políticos y la integridad de la institución foral». Ha denunciado la estrategia de Bildu, aunque sin citar expresamente al partido, subrayando que «finalmente queda expuesta la estrategia de quienes solamente buscaban menoscabar a toda costa y a cualquier precio al rival político, bajo acusaciones de graves delitos, apoyándose en informes erróneos y generando un daño irreparable a demasiadas personas».

Ubarretxena ha explicado que el sobreseimiento conocido este viernes se refiere a la primera querella, interpuesta en 2014 por el gobierno foral de Bildu sobre las obras para la construcción de la AP-1, en el tramo Arrasate Norte-Eskoriatza. Y ha recordado que esta decisión se suma al sobreseimiento decidido en agosto de la segunda denuncia (puesta en 2015) por el equipo de gobierno de Martin Garitano. En ese caso igualmente por presuntas irregularidades en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte. En aquella ocasión, la jueza además afeaba a los denunciantes «las incongruencias y errores de los informes periciales aportados» por la Diputación de Bildu en los que se basó la querella.

Ubarretxena ha valorado que «tras nueve años de instrucción, la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia ha establecido que la acusación de un presunto delito de malversación y falsificación es injustificada». Y añade que «el auto de la jueza no solo considera relativos e incompletos los informes presentados por la acusación, también da por acreditado que en la liquidación final de la obra no existieron desviaciones de dinero público. De hecho, la documentación aportada por Bidegi demuestra que la cantidad finalmente abonada en la liquidación fue incluso inferior a la presupuestada inicialmente, ya que, la obra se liquidó por 160.074.995,74 euros frente a los 162.882.000 euros presupuestados».

La diputada ha valorado la decisión judicial como un refrendo «al buen funcionamiento y a la integridad» de la Diputación y de Bidegi, así como de las y los responsables técnicos y políticos que impulsaron la construcción de la AP-1». «El auto reitera, por lo tanto, el descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas», concluye.

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