La Diputación y Donostia se alían para implantar una tasa turística en 2021

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco dio ayer por zanjado el debate. Hace meses que Sonia Pérez empezó a mostrar su postura desfavorable a este impuesto, pero fue ayer cuando «emitió un criterio negativo» en la celebración de la Mesa de Turismo en la que participaron el director de Basquetour, Harkaitz Millán, representantes de las diputaciones, ayuntamientos de las tres capitales y Eudel, además de cámaras de comercio, agencias de viajes y otros agentes del sector.

Uno de los primeros asuntos abordados fue la Proposición No de Ley sobre la posibilidad de establecer una tasa turística en Euskadi, un asunto que ya venía revoloteando sobre este organismo desde 2017 y en el que se instaba al Gobierno Vasco a establecer una interlocución con los componentes de la Mesa de Turismo, antes de adoptar una decisión definitiva.

Desde el inicio del debate, el Departamento de Turismo ha apelado a las diferentes realidades turísticas de Euskadi, como muestra de la complejidad del asunto, y ha defendido que en caso de que se desarrollara un marco regulador general, debería de ser de implantación voluntaria por cada localidad. En primera fila estaban el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa levantando la mano, como primeros interesados en ponerlo en marcha. No así el resto de diputaciones, ayuntamientos y agentes del sector que no terminan de ver con buenos ojos esta tasa, bien porque consideran que repercutiría negativamente en el destino o bien porque la carga turística con la que cuentan no es suficiente como para plantearse aplicarles a los visitantes ese plus.

Desde el Ejecutivo vasco buscaban un amplio consenso que a día de hoy era inexistente. Y quizás fue al poner sobre la balanza a los defensores y a los detractores, y cuantificar que la recaudación general no superaría los 4 o 5 millones -no demasiado significativo, teniendo en cuenta que sería para el conjunto de Euskadi- cuando la consejera se decantó definitivamente por hacerse a un lado y dejar en manos de las entidades locales la regulación, aplicación y recaudación de este gravamen por prestación de servicios.

La situación que se les presenta ahora a la Diputación de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Donostia no les coge por sorpresa ni les obliga a empezar de cero. Desde que se inició dicho debate, ya empezaron a analizar la viabilidad de regular de manera particular esta tasa turística. Y de hecho, las Juntas Generales de Gipuzkoa ya acordaron «de forma unánime» la decisión de poner en marcha un tributo de estas características «de cara al 2020», reitera el diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, Imanol Lasa, que entiende que se trata de una medida que «con normalidad» ya toman destinos turísticos de referencia a nivel europeo.

El diputado jeltzale señaló ayer al término de la Mesa de Turismo que Gipuzkoa «ha vuelto a demostrar que es líder del sector turístico vasco» y que «la Diputación asumirá un rol activo, colaborando con los ayuntamientos y el sector, de cara a establecer un marco para que los ayuntamientos puedan, dentro de su autonomía, aprobar ordenanzas fiscales», como sucede con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), y cuya recaudación será, según indicaron, de carácter local. Ya solo esta cuestión podría aclarar un horizonte de negociaciones al ceder al consistorio una de sus principales reivindicaciones. Podría ser una opción.

Desde la institución foral subrayan que el siguiente paso será el de analizar los diferentes instrumentos «dentro de la política fiscal, colaborando, asesorando y participando de forma activa en las mesas de trabajo que se creen en los ayuntamientos en los que deseen implantar la tasa». Así, Lasa se refiere al acuerdo de Gobierno para recordar la necesidad de establecer una ecotasa turística que «revierta a manos públicas parte de los beneficios que reporta la actividad turística».

El concejal de Impulso Económico y Turismo, Ernesto Gasco, aboga porque sea el Ayuntamiento de San Sebastián el que lidere la creación del marco regulador de este impuesto de carácter municipal, de manera que sea quien gestiones además ese dinero extra que según se estima rondaría los 2 millones de euros anuales.

Entre las cuestiones que se deberán retomar en los próximos meses figurarán si el impuesto será aplicable a todas las personas o si los menores de 16 años estarán exentos, como recomendó un informe solicitado el pasado año por la consejería de Turismo. Asimismo, se deberá decidir si será aplicable a todos los modelos de alojamiento, si la tarifa -que en su día se comentó que podría rondar 1,5 euros- variará en función de la categoría del mismo o en función de los días que se pernocte, con el objetivo de bonificar las estancias más largas.

La siguiente cuestión a valorar, y que quizás traiga algún que otro quebradero de cabeza, será el destino del dinero recaudado; si será para sufragar los gastos de mantenimiento derivados de un mayor volumen de personas en la ciudad, para la promoción del destino o cuestiones relacionadas con el turismo de la ciudad o bien para la preservación del patrimonio histórico y cultural. Ahora que ya están las cartas sobre la mesa, comienza la partida.