Donostia y Costas, una historia plagada de desencuentros

14 meses para un informe sobre Astiñene. La construcción del nuevo puente de Astiñene se hizo eterna para todos, pero sobre todo para los vecinos más próximos a este paso por el río. La redacción de los proyectos se encargó en 2015, pero al expediente le ocurrió de todo, incluida una espera de 14 meses, desde que se solicitó el permiso en julio de 2016 hasta la llegada de la autorización verbal el 1 de septiembre de 2017, a que Costas diera su visto bueno. Muchos otros factores contribuyeron a la demora de las obras -cambios en el proyecto, expropiación de terrenos, fisuras en la estructura del viejo puente, absorción de la contrata por otra empresa, escalada de precios por la guerra de Ucrania- y el puente no se remató hasta mayo de 2023.

Veto a la retirada de piedras con maquinaria. La retirada de piedras en la playa de Ondarreta también tuvo su ración de polémica con el servicio provincial de Costas. Antes de empezar a pasar las máquinas, el Ayuntamiento tuvo que retirar los cascotes a mano en el verano de 2016 porque no contaba con la autorización de este organismo, que alegó que necesitaba más información, mayor precisión sobre los trabajos, un cambio en la maquinaria propuesta e incluso reclamó un aporte de arena para sustituir el volumen de piedras que se pretendía retirar. La polémica remitió en los años posteriores cuando se autorizaron los trabajos con maquinaria.

2010: La Concha pierde la mitad de los toldos. Este verano habrá que reducir un 34% el número de toldos en la playa de La Concha, pero la decisión realmente traumática se produjo en 2010 cuando Costas ordenó suprimir la mitad de los parasoles y sombrillas que tenía la principal playa de la ciudad. Se retiraron entonces las 180 sombrillas y 280 toldos de los 711 que había en esta playa. El motivo alegado era el mismo que este año: Era preceptivo dejar una franja libre d paso de 6 metros en la orilla en la pleamar respecto a los servicios playeros. Aquella decisión, además de enervar a cientos de familias usuarias de los parasoles desde hacía décadas, obligó a modificar la ordenanza de playas y a cambiar el sistema de adjudicación de los parasoles que a partir de entonces se realizaría mediante sorteo.

Seis años sin uso el ZM. El antiguo Zurriola Marítimo, hoy Zmare, el local hostelero en mitad del paseo de la Zurriola que baja hasta la playa, estuvo seis años cerrado por discrepancias entre Ayuntamiento y Costas sobre las actividades que podría acoger el nuevo local. El Ayuntamiento quería que se permitiese un comercio -Quicksilver apostaba por establecer allí su marca- pero Costas se negó y solo admitió usos mixtos de hostelería y actividades relacionadas con los deportes náuticos. Ahora se ha producido una nueva polémica por el uso que ha hecho la UTE que ha cogido las riendas del establecimiento, al haber vulnerado varias condiciones del pliego de la concesión que está a nombre del Ayuntamiento.

Bloqueo de las concesiones del Tenis y La Perla. Uno de los asuntos de mayor choque entre ambas instituciones es el relativo a las concesiones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre. La Ley de Costas de 1988 estableció que el plazo máximo de todas estas antiguas autorizaciones era de 30 años, por lo que en 2018 finalizaron. Pero lo que verdaderamente ha complicado prorrogar estas concesiones es el artículo 32 de la Ley de Costas que indica que «únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Esto podría servir para el Aquarium pero compromete el futuro del Tenis y de todas las actividades ubicadas en la Perla -spa, restaurante, discoteca Bataplán, club Atlético San Sebastián y club Eguzki-. Ante la falta de avances con Costas el Ayuntamiento puso sendos recursos en la Audiencia Nacional. El consejo de administración de la sociedad Balneario La Perla decidió retirar el recurso y ha solicitado en febrero una nueva concesión. El litigio judicial sigue con el Tenis, mientras el Ayuntamiento negocia con Costas para modificar la línea de deslinde y que las pistas queden fuera del dominio marítimo-terrestre .

El convenio de cuarteles paralizado casi un año. Es un conflicto ya resuelto, pero ha tenido el vilo la principal operación urbanística de la ciudad, la de la transformación de los cuarteles militares de Loiola en 1.700 viviendas. Costas decretó que al perder su afección ala defensa Nacional estos suelos pasaban a ser considerados como urbanizables, no urbanos como entendía el Ayuntamiento, lo que obligaba a contemplar una protección urbanística para los 100 primeros metros respecto del río, no de 20 metros como contemplaba la administración municipal. Finalmente las alegaciones han impuesto la interpretación consistorial.

Nueva concesión para el Peine del Viento. Una de las últimas disputas ha sido la obra de rehabilitación del Peine del Viento que ha estado «4 años con dimes y diretes», según fuentes municipales porque este espacio estaba dentro de la concesión del Tenis y como está caducada no se podía otorgar licencia mientras no se regularizase. Para sortear este bloqueo el Ayuntamiento decidió sacar al Peine del Viento de la concesión del Tenis y meterlo en una nueva concesión ad hoc para el conjunto monumental. Este último trámite, defienden fuentes cercanas a Costas, se tramitó «vía exprés» y «en solo 4 meses desde se presentaron todos los documentos se aprobó esta nueva concesión» que ha permitido que las obras ya estén en marcha.

Cierre de la discoteca Rotonda. La discoteca Rotonda, bajo los relojes del paseo de La Concha, también fue objeto de un desencuentro entre Ayuntamiento y Costas que finalmente derivó en la imposibilidad de dar un nuevo uso al espacio. Costas era contraria los usos de ocio nocturno en una zona de dominio público marítimo terrestre y la exigencia de dejar un pasillo libre en el voladizo frustró cualquier alternativa de nuevo uso de la zona.

Barandilla del paseo La Concha. El Ayuntamiento donostiarra se queja también de que los celos sobre el dominio público marítimo terrestre no llevan al Estado a implicarse económicamente en la renovación de la barandilla de la Concha y el voladizo del muro de costa sobre el que se apoya, unas costosas obras que han corrido siempre a costa de los presupuestos municipales.