Refugiados

El drama se cronifica en Lesbos

Lesbos lleva doce años siendo una de las principales rutas migratorias de entrada a Europa para quienes huyen de la guerra, el hambre, la represión y, cada vez más, de los efectos derivados de la crisis medioambiental. Los siete kilómetros que separan su costa de la turca convirtieron este recorrido en una vía de escape para miles de refugiados que desconocían, y aún hoy desconocen, que esas lanchas por las que pagan desde mil euros por adulto (en el caso de las más baratas) o 500 euros en caso de los niños, les llevaban directos, y en el mejor de los casos, a un callejón sin salida.

Hasta 2020, esa ratonera era el campo de Moria, considerado el mayor de Europa, ya que fue construido para albergar a 3.000 refugiados y llegaron a malvivir en él más de 23.000. «Era la segunda 'ciudad' más poblada de la isla», resume Yakub Shabani, coordinador en Lesbos de la oenegé guipuzcoana Zaporeak, que cocina diariamente 2.200 menús para los refugiados de la isla.

Pero Moria ardió en septiembre de aquel año, y sus habitantes fueron derivados a un nuevo campo, Kara Tepe, ubicado junto a la costa este. Este nuevo espacio fue catalogado como Centro Cerrado de Acceso Controlado (CCAC). Las instalaciones, con capacidad para 5.000 personas, fueron construidas en una semana por el Gobierno griego y Acnur. Un lugar «menos peligroso» que Moria pero tremendamente más represivo. «Ahora tienen la sensación de vivir en una cárcel, porque hasta hace relativamente poco solo podían salir una vez a la semana y solo un miembro de cada familia. Las madres solteras, por ejemplo, no podían salir con sus hijos», ejemplifica Shabani.

A las restricciones de movimiento, se les suma el trato que reciben por parte de la policía que controla el recinto. «Te hablan mal, te hacen sentir un delincuente, un criminal, cuando lo único que has hecho es huir de tu país para buscar un lugar seguro», continúa.

En este sentido, explica el coordinador del proyecto guipuzcoano, que ese trato «vejatorio» por parte de quienes controlan el campo, tiene también su reflejo en la sociedad civil. «En 2013, los medios locales se referían a nosotros como refugiados; en 2015, como migrantes; en 2017, migrantes ilegales, y en 2020 –cuando llegó al poder el partido ultraderechista Nueva Democracia–, invasores. Y todo eso, tiene un impacto social que juega en nuestra contra».

Por su parte, el alcalde de Mitilene, Stratis Kytelis, en una reunión mantenida ayer con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, y el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, subrayó su preocupación por la situación actual. «En el campo de refugiados de Kara Tepe II hay más de 3.200 personas, una cifra que supera nuestras capacidades. Estamos saturados».

La historia de los refugiados de Lesbos, lejos de llegar a su fin, escribe capítulos cada vez más desesperanzadores. Hace tres años que el Gobierno heleno comenzó la construcción de un nuevo campo en Vastria, en lo alto de la colina, a 60 kilómetros de la capital. Su edificación se detuvo por motivos que alegaron como «medioambientales». «El hábitat de una especie de pájaro corre peligro. Suena a broma, pero es verdad. No se detuvo porque vaya a suponer condenar a la gente que habite allí, sino para preservar la vida de un pájaro. Es decir, la vida de un pájaro tiene más peso que la de miles de personas refugiadas», lamenta Shabani incrédulo.

El ejecutivo local de Mitilene estima que dicho recinto «más hermético» puede estar operativo a final de año y que tendrá capacidad para 3.000 personas. En este sentido, el alcalde apela a Europa a llevar a cabo un «reparto equitativo» de la responsabilidad sobre las personas refugiadas. «Turquía tiene que cumplir el acuerdo de 2006, por el que toda persona que llega de manera irregular a las islas griegas tiene que ser devuelta a Turquía», ha dicho.

Según comenta el coordinador de Zaporeak, los mecanismos de control de la población refugiada en Vastria serían más invasivos que los actuales, y seguirían los modelos implantados en otros centros ubicados en otras islas griegas, como la colocación de cámaras de vigilancia en los accesos a los contenedores en los que viven.

En este sentido, Danilo Valdiviezo, oficial de protección de la oficina de Acnur en Lesbos, apunta que la entidad ha trasladado a las autoridades la «importancia de que los refugiados estén cerca de la población local», porque lo que buscan es «ser personas autónomas, independientes y aportar a la comunidad en la que viven».

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