La empresa que origina el caso lleva también a juicio que se denieguen licencias en Gipuzkoa

Tal y como ya explicó DV, en Gipuzkoa (y en el resto de Euskadi) ya existen VTCs. Pero no compiten directamente con los taxis, ya que operan un modelo de negocio diferente, más dirigido a servicios «premium» con reserva previa, que han convivido durante décadas con los taxis sin problemas al dirigirse a públicos distintos. En Gipuzkoa ofrecen estos servicios empresas como Suital o Vallina.

La presencia de estos VTC hace que en Euskadi esté vedada por ahora la entrada de servicios tipo Uber o Cabify. Y es que como Euskadi hizo suya la regulación estatal en este caso, con la relación actual VTC-taxis el cupo 1x30 está más completado.

La aplicación de esa cuota no es de obligado cumplimiento ni impide ser más flexible. De hecho, en algunos lugares como Madrid, el sector está liberalizado. Pero sí da soporte legal a las comunidades autónomas como Euskadi para denegar la concesión de nuevas licencias si así lo desean.

En el País Vasco existen en la actualidad 193 licencias VTC y 2.012 de taxi. Una proporción 1/10. En Gipuzkoa son 30 y 614, respectivamente. Es decir, un VTC por cada 20 taxis, aunque a efectos prácticos la situación de Gipuzkoa es irrelevante porque la relación se tiene en cuenta a nivel autonómico.

Mientras no cambie la normativa, para que pueda entrar un Uber o un Cabify en Euskadi el número de taxis debería multiplicarse por tres y llegar a 5.790. Un escenario muy poco probable.

La legislación y el cálculo de la proporción es autonómica y estatal, aunque es el departamento de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa que dirige Rafaela Romero (PSE) el encargado de conceder las licencias en base a esa legislación.

Fuentes de este departamento señalan que en los últimos seis meses han recibido hasta 5.380 solicitudes de licencias VTC. Un aluvión sin precedentes originado después de que en diciembre el abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, anticipase la decisión de ayer del Tribunal Europeo de Justicia y considerase que esa cuota 1x30, el agarradero sobre el que se sostiene la limitación que muchos gobiernos locales y regionales en España imponen para evitar la implantación de este tipo de negocio, «viola la libertad de establecimiento» y que «la viabilidad económica de los servicios del taxi no lo justifica».

Esas palabras ya anticipaban por dónde va la política europea: hacia la liberalización del servicio y la libre competencia.

Desde entonces, nueve empresas han presentado solicitudes para 5.380 vehículos. Dos (Miurchi Car y Senza 2020) aspiran a 1.700 licencias; Prestige & Limousine, 1.600; aunque hay otras más modestas, como Renta a Van o Autos Noroeste, que reclaman 10 cada una. Conforme a la normativa vigente, la Diputación ha rechazado o va a rechazar todas las solicitudes (quedan por responder 210, presentadas el 30 de mayo y el 5 de junio). Prestige & Limousine ha llevado este rechazo a los tribunales.