Euskadi desoye el plan de Sánchez y descarta imponer apagones y límite de temperaturas

Ni apagones forzosos a las diez de la noche, ni temperaturas mínimas o máximas obligatorias, ni puertas de bares y comercios cerradas por decreto, ni revisión extraordinaria de calderas y edificios, ni policías energéticos, ni sanciones por incumplimiento... Euskadi desoye el carácter imperativo que el Gobierno central quiere imprimir a su plan de ahorro energético y mantendrá su hoja de ruta propia para reducir el consumo de electricidad y gas. Una estrategia esbozada la semana pasada y basada en «recomendaciones», «sensibilización», «responsabilidad ciudadana» y «medidas estructurales de largo recorrido, no puntuales» con fecha de caducidad como las anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta noviembre de 2023.

«Euskadi ya trabaja desde hace tiempo en su propio plan de ahorro, en línea con las directrices que marca la Unión Europea y que va más allá de las medidas establecidas por el Gobierno», resaltan fuentes del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que añaden que la estrategia vasca ha sido dada a conocer al resto de autonomías y al Gobierno en el marco de la Conferencia Sectorial de Energía «sin que haya sido cuestionada por nadie».

La apuesta por seguir su propio camino dejará sin efecto práctico en Euskadi el carácter obligatorio de las restricciones anunciadas por Sánchez y su política de sanciones, toda vez que el propio plan estatal dicta que serán las comunidades autónomas las encargadas de vigilar el cumplimiento de las medidas publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«La Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros ni si las puertas de un bar están o no abiertas», resumen las fuentes consultadas, que recalcan que la vía particular que se seguirá en Euskadi «no obedece a una postura reactiva, sino a mantener la senda que llevamos trabajando hace tiempo y que –añaden– está alineada con la estrategia estatal».

Además, cuestionan algunas de las decisiones por los efectos secundarios perniciosos que pueden tener en otros ámbitos, como en materia de seguridad ciudadana la obligatoriedad de apagar las luces de comercios, edificios públicos y monumentos a las diez de la noche, «después de años trabajando en la supresión de puntos negros en pueblos y ciudades para reducir las posibilidades de robos o agresiones sexuales contra las mujeres».

Bajando a lo concreto, el plan vasco contiene «directrices, no imposiciones» que deberán seguir los edificios públicos, sin obligar al ciudadano o pequeño comerciante. Entre ellas, unas temperaturas «de referencia» de 25º en verano (frente a los 27º fijados en el resto del Estado) y 19º-20º en invierno (19º en el resto de comunidades). El matiz «de referencia» no es baladí, pues se entiende que no se puede pedir la misma temperatura a una residencia de ancianos o un hospital que a un instituto, por ejemplo.

En todo caso, las instrucciones van dirigidas en exclusiva al sector público, si bien el Gobierno Vasco confía en el éxito de la labor «ejemplarizante» de la Administración, de modo que si los edificios públicos están a un mínimo de 25º en verano y un máximo de 20º en invierno, unido a campañas de concienciación que se van a poner en marcha, el conjunto de la ciudadanía siga el ejemplo de manera voluntaria.

A ello debería ayudar también el precio de la energía. A fin de cuentas, moderar la calefacción o el aire acondicionado, o apagar las luces del escaparate un poco antes de lo habitual redundará en un recorte de gasto para quien lo haga.

Más allá del detalle de las temperaturas, la gran diferencia entre la táctica estatal y la vasca es el carácter imperativo de la primera –con multas de hasta 60.000 euros por incumplimientos leves y de hasta 100 millones si son muy graves– y la apuesta por la sensibilización y la voluntariedad de la segunda. «No vamos a decir al ciudadano lo que debe hacer en el ámbito privado», recalca el Gobierno Vasco, que sí anima a la población a seguir las recomendaciones de los organismos expertos en la materia, como el EVE, URA o Ihobe.

La consejera de Sostenibilidad, Arantxa Tapia (PNV), puso ayer en duda la eficacia del plan de ahorro energético del Gobierno Sánchez, ya que a su entender contiene «medidas efectistas» y «puntuales». En una entrevista en la radio pública vasca, consideró «más acertado instalar leds que apagar un poco antes las luces» o «cambiar las ventanas en lugar de bajar el termostato». «Actuemos con responsabilidad y a largo plazo», recalcó. Repecto a las multas, defendió que la sociedad vasca es «lo suficientemente adulta como para actuar con responsabilidad».

Así, las medidas que plantea el Gobierno Vasco, como la de las temperaturas de referencia, entrarán en vigor para los edificios públicos en septiembre, no en siete días como dicta la norma general. En estos momentos el conjunto de las administraciones vascas analizan las vías de mejora energética bajo la premisa de «meter una marcha más» que hasta ahora en la ganancia de eficiencia.

A finales de agosto diputaciones y ayuntamientos presentarán sus propuestas de cara a aprobar un documento conjunto definitivo. El Gobierno Vasco ayudará con subvenciones a fondo perdido a los ayuntamientos que lo necesiten para elaborar sus auditorías energéticas, y con financiación blanda para el desarrollo de los proyectos e inversiones que necesiten llevar a cabo.

Otra comunidad que afirma que no seguirá el plan estatal, aunque por motivos diferentes a Euskadi, es Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), anticipó que la región no acatará las medidas para disminuir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales porque «Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza y tristeza», afirmó en redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a partidos políticos y gobiernos regionales que «huyan de cualquier comportamiento egoísta, insolidario y unilateral», y hagan cumplir las medidas aprobadas. Preguntado sobre posibles actuaciones sobre las comunidades que se nieguen, como Euskadi, indicó que «la ley en España se cumple».

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