Euskadi urge a Sanidad a «tomar decisiones» tras anular el TS la homologación de títulos extranjeros

Una de las vías que el Gobierno Vasco contemplaba para aliviar la falta de médicos en Osakidetza era la contratación de profesionales extranjeros. Hasta ahora, el principal escollo era la eterna burocracia con la que se encuentran los extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea para que sus titulaciones fueran homologadas por el Ministerio de Educación. El trámite se demoraba años. Sin embargo, desde el pasado julio de 2024, la convalidación podía realizarse en el País Vasco, toda vez que esta materia fue transferida por el Gobierno central a Euskadi. Sin embargo, el Tribunal Supremo suspendió entonces de forma cautelar la transferencia y ahora la anula en su totalidad.

Ante esta tesitura, el consejero vasco de Salud, insta al Ministerio de Sanidad a «reaccionar» y actuar «con responsabilidad» ante la decisión del alto tribunal. Según manifiesta, esta decisión judicial, «además de socavar un acuerdo político bilateral entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España», supone «una mala noticia, con preocupantes e inquietantes consecuencias para el sistema de salud en Euskadi».

Insiste en «el jarro de agua fría que esta decisión judicial vierte en el trabajo que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco está realizando para incorporar nuevos profesionales a Osakidetza.

El pasado 6 de marzo, el consejero de Salud mantuvo una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el «inédito y grave problema de Estado», en la que expresó su «preocupación por un problema que le compete al Ministerio, pero que aprieta a las Comunidades Autónomas». «No me trasladé a Madrid con las manos vacías, sino todo lo contrario. No siendo nuestra competencia, acudimos con propuestas, ideas, sugerencias y, en definitiva, con una actitud propositiva y constructiva porque la ciudadanía vasca no entiende las razones por las que cuesta encontrar una médica de Familia para Berriz o Ataun, un pediatra para Llodio, o un psiquiatra infantil para el Bidasoa», ha añadido.

Según ha afirmado, «no se trata de pasar la pelota a otro tejado» y de «desentenderse del problema» sino «todo lo contrario». «Osakidetza cuenta con resortes para mantener una asistencia de calidad, y es lo que queremos sostener y reforzar».

Entre las medidas propuestas, la homologación de títulos extranjeros «es una de las opciones que puede contribuir a esta solución, a que Euskadi disponga de más personas graduadas en Medicina y a que el sistema de Salud contrate a profesionales que ahora no dispone en sus bolsas de trabajo». Por ello, la opción de que sea la Administración Pública de Euskadi la que asuma esa homologación «se presentaba como una oportunidad que ahora ha sido evaporada».

Martínez ha reprochado que la Justicia «no puede ralentizar los tiempos de la Salud y, al margen del recorrido judicial que ahora pueda tener este proceso, lo que está claro es que quien asume, a día de hoy, esta competencia debe reaccionar porque el sistema de salud no puede esperar más». La homologación es un requisito indispensable para que titulados de países no europeos puedan ejercer su profesión en España. En 2023, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recibió 53.044 peticiones de homologación y equivalencia. El traspaso de esta competencia a Euskadi pretendía aligerar la carga que soporta Madrid.

El consejero ha citado otras medidas propuestas, como la de «garantizar la legalidad para que los R4 puedan ser contratados y ejercer con una autonomía suficiente», personas graduadas en Medicina que, «siendo ya médicos y médicas graduadas, hayan superado además de su carrera de Medicina, de un año entero preparando el examen MIR, y sumen además otros cuatro años de formación en una especialidad atendiendo a pacientes». Otra propuestas fueron extender la edad de jubilación de forma voluntaria a los 72 años para medicina de familia o incrementar plazas de formación especializada.

«El paso que estábamos dando con la homologación de los títulos extranjeros ha sido zancadilleado, pero no por eso debe paralizarse. No puede servir de excusa. Mientras no se materialice la transferencia con sus garantías jurídicas, el Ministerio debe responder», por lo que «hago un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que actúe con responsabilidad y no haga dejación de una responsabilidad que impacta en el sistema vasco público de Salud, Osakidetza», ha concluido.