Los exdiputados forales de Bildu niegan irregularidades en GHK durante su mandato

El consejo de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa en la anterior legislatura (2011-2015), formado por miembros de EH Bildu, se pronunció este domingo sobre la demanda ante el Tribunal de Cuentas de España presentada por Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK), contra la expresidenta de dicha entidad, Ainhoa Intxaurrandieta, y contra el exdiputado foral de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, en las que se solicita que reintegren a la sociedad pública el dinero que fue «indebidamente desviado» –41 millones de euros, según los servicios jurídicos de GHK– para pagar las indemnizaciones por la rescisión del contrato para la construcción de la incineradora.

El que fuera diputado general Martín Garitano leyó una declaración conjunta de todos los exdiputados forales –Ikerne Badiola, Ander Rodríguez, Larraitz Ugarte, Helena Franco, Iñaki Errazkin, Juan Karlos Alduntzin, Jon Peli Uriguen y Garbiñe Errekondo–, en la que expresan su total apoyo puesto que, entienden, que los demandados «lo único que hicieron fue cumplir con lo que pedía la ciudadanía guipuzcoana, esto es, paralizar la incineradora. Lo hicieron, además, en defensa del medio ambiente y de la salud de todas las personas, y con su acción evitaron que se incurriera en un enorme endeudamiento».

Además de insistir en que están orgullosos de su gestión y en que «no nos acobardan los ataques», los miembros del gobierno foral en la anterior legislatura consideran que «quieren castigar una decisión política que se deriva de un mandato de la ciudadanía, y no hay más, porque en este caso, no ha habido robo de dinero, ni intereses ocultos. No es un caso de corrupción, de ningún modo, ni ha habido una utilización ilícita del dinero público, no hay delito, no hay nada, solo la intención de cerrarle la vía a una opción política».

En el texto, la exdiputados forales reiteran en varias ocasiones que su trabajo, paralizar la planta de Zubieta, fue cumplir el mandato de las personas que les votaron, y se preguntan «¿a qué viene ahora este ataque?», cuatro años después de que se tomara la decisión. También se cuestionan por qué los actuales regidores forales «quieren convertir este caso en un ataque contra los rostros visibles de aquella gestión, cuando la decisión se tomó de forma colectiva».

Entienden que «no hay caso jurídico, puesto que no hay ningún tipo de delito; que el gobierno cumpla su programa electoral no puede serlo». Y por tanto, consideran que la demanda es un mensaje del PNV y PSE al anterior gobierno y a la ciudadanía con el que vendrían a decir que «cualquier gobierno que traiga el cambio podrá ganar las elecciones, pero no podrá mandar».

Con este argumento afirman que «castigando personalmente a dos personas se quiere dar un escarmiento, especialmente de cara al futuro. Las decisiones más importantes del ‘régimen’ –las que implican mucho dinero de por medio– tan solo pueden adoptarlas los partidos que sustentan el ‘régimen’, aunque no tengan mayoría». Basándose en esa idea, opinan que «se atenta directamente contra nuestro derecho a tomar decisiones libremente».