La familia de Santi Coca no acusará en el juicio contra 'el argelino' al no poder afrontar el coste

Tras el veredicto conocido esta semana por el asesinato de Aintzane Pujana, en la que un hombre y una mujer han sido condenados, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa acogerá en noviembre el sexto y último juicio con jurado popular en 2024. En realidad, se trata de una reedición del proceso por la muerte del joven donostiarra Santi Coca celebrado entre noviembre y diciembre de 2023, cuando un varón fue condenado a tres años y medio de prisión por homicidio imprudente, mientras que otros cuatro fueron absueltos del asesinato que se les imputaba. Entonces no se pudo juzgar a un sexto procesado, por encontrarse huido de la justicia. Y es a este varón, conocido como 'el argelino' y considerado el principal causante de la muerte, a quien se juzgará entre el 4 y el 18 de noviembre por el delito de asesinato.

La Fiscalía mantiene la misma petición de condena que reclamó para el resto de encausados, que tenían entre 18 y 22 años cuando se cometió la agresión: 20 años de cárcel. La gran novedad con respecto a hace un año es que nadie ejercerá la acusación particular, al retirarse la familia de la víctima por no poder afrontar las costas procesales. «No es que nos rindamos, pero con el otro juicio nos arruinamos, tampoco hemos recibido ningún euro de la indemnización porque el único condenado se declaró insolvente, y no tenemos dinero para afrontar este nuevo juicio», lamenta Fátima Hacine-Bacha, la madre de Santi, que volverá a tener que testificar ante el tribunal, al igual que su otro hijo, Iker. Por tanto, además del Ministerio Público, también se personará en la causa el Ayuntamiento de Donostia, que ejercerá la acusación popular con la misma petición de pena, aunque para los otros cinco pidió 15 años.

El nuevo juicio, señalado para once jornadas, obligará a repetir prácticamente la anterior vista oral. Será algo menos farragosa, dado que en la sala no habrá cinco defensas para preguntar a cada uno de los testigos, sino una sola, que la ejercerá el abogado Alejandro Palacio. Pero ante el micrófono de la sala deberán sentarse prácticamente los 46 testigos (20 ertzainas) y 25 peritos que comparecieron hace casi un año durante diez días. En principio, quedarían exentos aquellos cuyo testimonio se refiriera únicamente a alguno de los cinco enjuiciados y no al que resta por juzgar, a quien las demás defensas señalaron como «único» culpable de la agresión mortal.

En este último año, Fátima Hacine-Bacha se ha mudado de Donostia, donde se sentía «amenazada» por 'el argelino', a una localidad de la Comunidad Valenciana. Desde allí descuelga el teléfono, y su voz transmite aún mucho pesar. «Lo que se ha hecho con Santi es una injusticia», avanza. Y sea cual sea el resultado del nuevo juicio, se seguirá sintiendo en deuda. «A Santi le pegaron entre varios», recuerda. Sucedió la madrugada del 26 de abril de 2019, a la salida de una discoteca situada a escasos metros del ayuntamiento donostiarrra. «Le pidieron varios cigarros, les dio cuatro, y al final le robaron el paquete. Ahí surgió la pelea, eran siete mayores de edad contra un menor. En la cárcel solo hay uno, y fue condenado por homicidio imprudente y no por asesinato. El resto son coautores y están en la calle».

Para mayor escarnio, el tribunal dictó indemnizar a la familia con 165.573,85 euros en concepto de responsabilidad civil, pero «el que está en la cárcel se declaró insolvente y no hemos recibido ningún euro. Me duele mucho, porque cuando se publicó la indemnización, la sociedad entendió que recibiríamos ese dinero y el crowdfunding que estaba haciendo para recabar fondos se detuvo». Es por ello que no tiene recursos para afrontar este nuevo juicio. «Si los tuviera, nos volveríamos a presentar como acusación particular. Qué más quiere una madre que poder defender a un hijo», como hizo el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun en su nombre. «El anterior juicio me supuso 60.000 euros, y aún debo el dinero de la procuradora. No puedo pagar más. Este juicio serían otros 33.000 euros. Y ni está claro que le vayan a condenar al 'argelino', y además también es insolvente», se duele Fátima.

'El argelino', que tenía 19 años durante la noche de autos, no pudo ser juzgado el pasado noviembre porque se encontraba en paradero desconocido desde el 1 de octubre de 2022, lo que obligó a posponer el juicio previsto para marzo de 2023. Estaba obligado a personarse en el juzgado de Irun cada 15 días, pero dejó de hacerlo.

Permaneció ilocalizable hasta que el pasado febrero la Policía gala lo encontró en Draguignan, en la Costa Azul. En marzo fue puesto en manos de la justicia española, e ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real. En septiembre, su abogado pidió su traslado a la cárcel de Martutene, lo que se programó el viernes. En la vista anterior, las defensas cargaron sobre sus espaldas, «sin ningún género de dudas», la responsabilidad de la agresión que desencadenó en la muerte de Santi Coca. La justicia le espera.

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