La oferta de FCC rebaja un 23% el precio base de las plantas adjuntas a la incineradora

Aún no se ha establecido la clasificación final, pero a tenor de los datos arrojados en la apertura del sobre económico del concurso para construir y gestionar la segunda fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, la UTE que lidera FCC se perfila como la adjudicataria. La mesa de contratación del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa descubrió ayer los precios propuestos por cada grupo licitante, de lo que se desprenden dos conclusiones. La primera, que el conjunto de empresas reunidas en torno a la compañía de Esther Koplowitz se perfila como la ganadora del concurso al presentar no solo el planteamiento mejor valorado desde el punto de vista técnico, sino la oferta económica más ventajosa. Y la segunda, que Gipuzkoa se ahorrará 1,4 millones anuales durante veinte años respecto a las cifras fijadas al idear el proyecto. La UTE potencialmente adjudicataria realiza una baja del 23% respecto al precio base de licitación, rebaja similar a aquella del 25% que hicieron los constructores de la incineradora.

En este caso se trata de levantar en Zubieta una planta de biometanización -para tratar materia orgánica- y de maduración de escorias, para lo cual se ha reeditado la fórmula empleada con la incineradora: la adjudicataria se encarga del paquete completo de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de las infraestructuras. Cobrarán después a los guipuzcoanos, a través de la sociedad pública GHK, una mensualidad durante 20 años, plazo de concesión estipulado por el estudio de viabilidad aprobado. El periodo de hipoteca en el caso de la incineradora es de 32 años, pero el menor volumen económico de este segundo proyecto ha aconsejado reducir el tiempo del pago.

El presupuesto base de licitación preveía que la explotación durante 20 años sería de 6 millones anuales, teniendo en cuenta los costes de inversiones, operación y mantenimiento y una rentabilidad mínima esperada al capital de un 10,5%. La propuesta del grupo de FCC plantea un pago anual de un máximo de 4,6 millones: 3,5 millones por disponibilidad de las infraestructuras más los respectivos precios por tonelada en cada una de las dos plantas. Con todo, se estima que Gipuzkoa pagará por estas instalaciones adjuntas a la incineradora unos 92 millones. De esta cantidad, se prevé que la inversión que deberá adelantar la sociedad concesionaria será de unos 37 millones.

Dos empresas guipuzcoanas figuran en el conglomerado empresarial que, previsiblemente, se encargará del proyecto. La constructora Urbycolan se perfila como una de las responsables de las edificaciones de las plantas mientras que Garrai S.A aportará el servicio de transporte que la sociedad concesionaria necesitará, sobre todo para distribuir el material valorizado.

Completan la UTE Ecofert Sansoain S.L., empresa que actualmente trata ya el orgánico de Gipuzkoa en Artajona, la firma Biergrim que ha construido otras plantas de Residuos en España con sede en Ponferrada, y la compañía vizcaína Valorización y Tratamiento de Residuos S.A.

Si se confirma la adjudicación, FCC volverá al proyecto del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa después de iniciar la construcción de la incineradora que fue paralizada -con una indemnización de 8 millones- en 2013 y tras presentar también la mejor oferta técnica en la planta de valorización energética que construye ya en Zubieta una sociedad liderada por Urbaser. La oferta económica de sus competidores evitó entonces que la empresa de Esther Koplowitz se hiciera con el contrato más jugoso (23,6 millones anuales durante 32 años) tras lo cual presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV contra el contrato.

El caso actual ofrece menos dudas. FCC ha planteado la mejor oferta técnica, con una puntuación de 399 puntos frente a los 367 de su inmediato perseguidor, la UTE de Murias y Valoriza. Este apartado tampoco ha presentado grandes diferencias entre grupos, pero en el terreno económico el contraste ha sido mayor. La cifra que más se ha acercado a los 3,5 millones anuales de canon por disponibilidad ha sido la de Cespa y Campezo, con 3,9 millones y precios por tonelada más caros para cada planta. Así las cosas, la mesa de contratación de GHK establecerá la clasificación final el próximo jueves.

A partir de ahí se sucederán la adjudicación y la firma del contrato, antes de que las obras arranquen en torno al verano. Las instrucciones técnicas a las que tienen que ajustarse las empresas recogen que la planta de biometanización requerirá de un plazo máximo de doce meses para su puesta en marcha -ocho meses para la fabricación, dos más para su montaje y otros dos para la fase de pruebas-, mientras que FCC ha presentado un plazo para la ejecución de las obras de 335 días. En el caso de la infraestructura que valorizará las escorias, la ejecución que plantea se reduce a 274 días. En cualquier caso, las dos plantas deben estar terminadas para cuando la incineradora vecina esté en disposición de operar, lo que se prevé para otoño del año que viene.

La planta de biometanización transformará el bioresiduo recuperado en dos productos: biogás -susceptible de aprovechamiento energético y económico- y digesto, materia prima para la fabricación de abono. La planta de maduración de escorias tratará los desechos procedentes de la incineradora.