25.000 hogares de Gipuzkoa con calefacción central pagarán el doble por el gas desde enero

Así, la compañía de comparadores de precios Selectra calcula que comunidades pequeñas con un consumo anual de 150.000 kilovatios-hora (kWh) adscritas a esta tarifa pasarán de pagar unos 6.600 euros de media a 13.500 al decaer la fórmula, en tanto que un inmueble con un consumo de 400.000 kWh pasará de pagar 19.100 euros de promedio a 36.600 al año.

El Gobierno no ha dado pistas aún sobre sus intenciones, como tampoco sobre el futuro de otras medidas extraordinarias motivadas por la crisis de inflación, como la rebaja a la mitad de los precios del transporte público, que también vence a fin de año. Diversos analistas consideran que la decisión dependerá en buena parte de si para entonces hay Gobierno o el país encara nuevas elecciones a comienzos de 2024, lo que animaría a los candidatos a anunciar medidas de impacto social.

Sea como fuere, las empresas gasistas ya están avisando a sus clientes de que desde el 1 de enero las comunidades de vecinos no podrán estar acogidas a la tarifa regulada del gas. El propio Gobierno ha obligado a las energéticas a realizar el anuncio antes del 15 de octubre, según se recoge en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28 de septiembre.

El texto también especifica que, en consecuencia, las comunidades deberán contratar el suministro a partir del 1 de enero con una compañía en el mercado libre. En su defecto, se establecerá una 'tarifa transitoria' que aún no se ha publicado.

En Gipuzkoa, la amplia mayoría de comunidades de vecinos que disponen de caldera central, unas 1.200 que agrupan a unos 25.000 hogares, se han acogido a esta tarifa bonificada, dado el importante ahorro que ha supuesto respecto al mercado libre, sobre todo en los momentos en los que el precio del gas natural estaba más alto.

El precio regulado del gas, que se actualiza cada tres meses, oscila ahora, durante el cuarto trimestre del año, entre los 4,59 céntimos por kWh –antes de impuestos– para los inmuebles de menor consumo (entre 50.000 y 300.000 kWh anuales, tarifa TUR4) y los 3,47 céntimos por kWh para los que necesitan entre 5.000.000 y 15.000.000 de kWh anuales (tarifa TUR7). Entre medias, los edificios que consumen entre 300.000 y 1,5 millones de kWh (TUR5) pagan el gas a 4,49 céntimos; entre 1,5 y 5 millones de kWh (TUR6) a 3,87 céntimos, y los de más de 50 millones de kWh anuales (TUR8), a 4,53 céntimos.

En el mercado libre las mejores ofertas a día de hoy superan los 9 céntimos por kWh, prácticamente el doble que la bonificada, si bien es posible encontrar descuentos adicionales por el suministro conjunto de gas y electricidad con el mismo operador, así como ofertas promocionales para nuevos clientes. En cualquier caso, lo que se puede dar por hecho es que el final de la TUR para colectividades con la entrada del nuevo año traerá consigo, en mayor o menor medida, un encarecimiento muy importante de la factura.

La creación temporal de una tarifa regulada para comunidades –la TUR general se aplica solo a calderas individuales con un consumo inferior a 50.000 kWh– fue una de las medidas adoptadas el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez para contener una parte de la escalada de los precios energéticos tras la invasión rusa de Ucrania. La iniciativa, a la que podían acogerse 1,7 millones de hogares en España con calefacción central, ha gozado de gran aceptación y la mayoría de comunidades han optado por acogerse a la TUR, a pesar de algunos de los condicionantes que incluye, como la obligación de instalar contadores individuales para controlar el consumo de cada unidad familiar y repartir de forma justa los costes. Una condición que disparó las solicitudes de instalación de estos medidores, llegando a colapsar el mercado por momentos.

La tarifa TUR para comunidades se estructura en dos tramos. Dado que uno de los objetivos comunes de todos los gobiernos es reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia, el primer tramo, el más económico y al que se refiere las tarifas mencionadas, se aplica sobre el volumen de consumo medio de la comunidad en los 5 últimos años (o el periodo disponible en las instalaciones nuevas), facilitado por la distribuidora. Esto es, la tarifa barata se asigna mientras el consumo no supere la media del último lustro. Si, por el contrario, se produce un aumento del gasto energético, ese exceso se cobra con un 25% de recargo

La fórmula utilizada para calcular el precio de la TUR es una media que tiene en cuenta en un 30% el precio de mercado y en un 70% el precio que tienen los hogares particulares con TUR para el componente energía. Ese componente de mercado es lo que explica que la TUR para comunidades sea más cara que la de los clientes individuales. En cualquier caso, los precios son aproximadamente un 50% inferiores a los que ofrecen en la actualidad las comercializadoras del mercado libre.

La desaparición de la TUR solo afecta a las comunidades de vecinos con calefacción central. Aquellos ciudadanos que tengan caldera individual y estén acogidos a la tarifa regulada, podrán seguir beneficiándose del precio blindado.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que el coste que supone la bonificación aplicada a la TUR se pagará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no serán los propios clientes beneficiados por la tarifa regulada los que deban pagar en futuras facturas los ahorros de hoy, que era lo previsto inicialmente.