Una funcionaria de Donostia concedió a través de la asesoría de su hijo una licencia de bar en zona saturada

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Donostia han pedido al gobierno municipal de Eneko Goia que investigue la actuación de una funcionaria del Departamento de Urbanismo que concedió a través de la asesoría de su hijo una licencia de bar en una zona de la ciudad que está declarada como saturada de actividades hosteleras.

En un informe al que ha tenido acceso DV, la secretaria general del consistorio donostiarra –máxima responsable municipal del cumplimiento de la legalidad vigente– advierte de que la autorización otorgada al establecimiento «debe ser objeto de revisión» ya que incumple la ordenanza que regula las distancias que deben respetar los locales que sirven alcohol.

Además, señala que la funcionaria obvió su «deber de abstenerse» al concurrir, como establece la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, «parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con los asesores que intervengan en el procedimiento». Este hecho, subraya el informe, «constituye una falta disciplinaria grave o muy grave, a tenor de las circunstancias concurrentes, tales como el grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños o el descrédito a la imagen pública de la Administración», tal y como se especifica en los artículos 179 y 181 de la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco.

Según se relata en el informe, el origen de este asunto se remonta al año 2020, cuando la funcionaria en cuestión, que es jefa del Servicio de Actividades del Ayuntamiento, aprobó el cambio de categoría solicitado por el bar Ostertz del paseo del Muelle.

Desde su apertura en 1989, este negocio había funcionado dentro de la categoría 1 con licencia de cafetería-heladería, pero con el cambio de propietarios hace cinco años quiso dar el salto a la categoría 2, grupo en el que se permite vender bebidas alcohólicas.

Para lograrlo, el bar Ostertz (ahora Kantina Kaia) tramitó ante el consistorio una «comunicación previa de actividad» con un informe técnico firmado por el hijo de esta funcionaria, que trabaja en un despacho de consultoría privado. Aunque por su ubicación dentro de un ámbito que a efectos administrativos pertenece a la Parte Vieja, zona saturada de establecimientos de hostelería, no puede funcionar como bar, la respuesta de la jefa del Servicio de Actividades fue favorable, dando «traslado» de la misma a la Diputación.

La asociación de vecinos del barrio, Parte Zaharrean Bizi, recurrió en abril del año pasado esta licencia y pidió al Ayuntamiento que realizase una labor de «inspección y control» de la actividad del bar Ostertz y la declarara «contraria a la ordenanza municipal» de distancias. La concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, acordó en mayo «desestimar» esta solicitud y «notificar» la resolución al interesado, notificación que aparece firmada por la propia funcionaria jefa, recalca el informe.

La asociación vecinal recurrió entonces ante los tribunales, que al reclamar al consistorio el expediente para analizar el caso han permitido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento detectar las irregularidades. El informe de la secretaria general afirma que la decisión de Urbanismo de rechazar el recurso de los vecinos «no se ajusta a derecho», solicita la suspensión del procedimiento contencioso-administrativo en curso porque «no hay informe técnico o jurídico que pueda sustentar la resolución» de este departamento, pide la «revisión» de la licencia concedida al bar y reclama «llevar a cabo las actuaciones necesarias para conocer la intervención» de la jefa del Servicio de Actividades en el procedimiento, «con las consecuencias legales que en derecho procedan».