La Diputación de Gipuzkoa ha decidido dar un nuevo paso adelante en el impulso al autoconsumo energético colectivo de hogares y empresas. La convocatoria de ... este año del programa de ayudas para promover la creación de comunidades energéticas locales alimentadas por placas fotovoltaicas extiende el abanico de gastos subvencionables a los costes de «gestión y dinamización de la comunidad energética una vez la misma esté creada». Esto es, además de los gastos propios de constitución de la comunidad y de la inversión realizada en las instalaciones fotovoltaicas (placas, sistemas de almacenamiento, enchufes para vehículos eléctricos, adquisición de los propios vehículos ecológicos...), este año se añaden los costes derivados de las gestiones administrativas con la empresa distribuidora de energía y las empresas comercializadoras de los socios; los procedentes de búsqueda de fuentes de financiación; atención y servicio de asesoría; gestión de datos energéticos; gestión económica de la entidad; diseño de nuevos proyectos, etc.
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Así viene reflejado en las bases reguladoras de la convocatoria de este año de las subvenciones que concede el departamento foral de Sostenibilidad, que ya están aprobadas tras haber sido publicadas el 25 de marzo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG).
El programa cuenta este año con un presupuesto inicial de 1.178.472 euros, y su objetivo es seguir avanzando en el despliegue en Gipuzkoa de familias, comercios, establecimientos y empresas que se unan para conformar agrupaciones de consumidores de energía suministrada mediante instalaciones fotovoltaicas instaladas en los tejados de edificios públicos.
En la actualidad en Gipuzkoa hay ya 51 comunidades energéticas promovidas por la Diputación en 41 municipios, de las que se abastecen más de 7.000 familias. Según los datos aportados por la propia Diputación, estos hogares están logrando un ahorro medio en sus facturas eléctricas de entre el 25%y el 40%, según el tipo de instalación, su nivel de consumo y la climatología.
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Como orientación, y tomando como referencia las comunidades activas, los costes derivados de la creación de una comunidad energética son de entre 650 y 950 euros por kilovatio (Kw) de potencia pico instalada en concepto de inversión, y de entre 100 y 200 euros por Kw en gastos administrativos de constitución, proyectos, asesoría y participación.
La subvención máxima otorgable será de 25.000 euros por comunidad por los gastos de constitución y gestión de la entidad, y de 75.000 euros por las inversiones realizadas en instalaciones fotovoltaicas en régimen de autoconsumo colectivo sin sistemas de almacenamiento, y de 130.000 euros si incorporan sistema de almacenamiento. Además, también se podrá subvencionar con hasta 75.000 euros la incorporación de sistemas de almacenamiento a instalaciones fotovoltaicas ya existentes, y con hasta 100.000 euros por la implantación de un servicio de movilidad eléctrica en la comunidad energética (vehículo eléctrico). En cualquiera de los casos,la cuantía de la subvención por proyecto no podrá superar el 75% del total de los gastos subvencionables del presupuesto.
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El diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio (PSE)considera que la extensión de las ayudas representa «un hito significativo en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la promoción de energías renovables en Gipuzkoa». En su opinión, estas ayudas no solo contribuyen a la mejora medioambiental. También «ayuda a las familias y empresas rebajar sus facturas energéticas» y «contribuye al desarrollo económico y social de Gipuzkoa».
En este sentido, recuerda que el objetivo de la Diputación es que al finalizar esta legislatura en 2027 «cada municipio de Gipuzkoa tenga al menos una comunidad energética».
Además de las ayudas para las comunidades energéticas, el departamento de Sostenibilidad de Gipuzkoa ha aprobado también en marzo un plan de subvenciones por importe de un millón de euros para financiar iniciativas de economía circular. Esto es, de prevención, reutilización, y reciclaje de residuos, así como proyectos innovadores de bioeconomía. Las subvenciones buscan extender proyectos de aprovechamiento de los residuos urbanos y comerciales, tales como recogida selectiva o reducir el despilfarro alimentario.
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