Gipuzkoa deberá destinar un 50% más para cubrir el gasto social en 2030

El adecuado funcionamiento del actual sistema vasco de servicios sociales y protección social se ve amenazado por el «envejecimiento de la sociedad, las migraciones y la crisis del modelo tradicional de cuidados sostenido sobre el trabajo no remunerado de las mujeres». En este contexto, incrementar el presupuesto para hacer frente a los nuevos retos que se asoman es imprescindible si se quiere dar una respuesta apropiada a las necesidades sociales. En 2019, justo antes de que estallara la pandemia, el gasto corriente público en Gipuzkoa, que incluye el dinero destinado a la atención primaria y secundaria así como las prestaciones económicas, se situaba en los 382 millones de euros. Se estima que para 2025 harán falta, al menos, 503 millones y, para 2030, más de 569 millones. Destacan sobre todo las proyecciones para los servicios sociales de atención secundaria, esto es, las prestaciones económicas para contratar un cuidador (PEAP) y las ayudas para los cuidados en el entorno familiar (PECE), que ascienden a los 376,4 millones de euros en siete años.

Un incremento del presupuesto supone mayor dinero para estas ayudas a la dependencia, que permitiría llegar a más gente, pero también para ampliar el número de plazas en los diferentes recursos, como las residencias de mayores o los centros de día. Precisamente el documento recoge como uno de los principales retos a corto plazo la «inversión en la pirámide de atención, reducción del cuidado familiar y transformación de los centros residenciales». Si el 7,6% de la población vasca tiene más de 65 años, se calcula que en 2030 serán el 23,9%, y los mayores de 80 alcanzarán el 29,4% de la población. Esto significa más gente que necesitará ayudas de todo tipo, tanto económicas como de alternativas residenciales.

De ahí que «incrementar las plazas en residencias, al tiempo que reducir su peso en un gasto corriente público creciente y transformar estos centros, en particular para las personas mayores», sea uno de los objetivos que persigue el Gobierno Vasco. En estos momentos en Gipuzkoa hay alrededor de 5.000 plazas residenciales para mayores y dependientes, una cifra que deberá ampliarse en los próximos años, y así lo asegura el II plan estratégico de servicios sociales de la CAPV 2023-2026, que recoge que «la oferta de centros residenciales —en el conjunto de Euskadi– aumentará».

Así, para el aumento de camas y mejoría de ayudas en las residencias de personas mayores se calcula que harán falta casi 500 millones de euros en el conjunto de Euskadi en 2030, y alrededor de 146 en Gipuzkoa. En el caso de nuestro territorio, es el 39% más que en 2019. El informe 'Análisis del efecto de los otros servicios para personas mayores en las residencias', elaborado por la Diputación de Gipuzkoa, ya adelanta que el territorio necesita crear 1.000 plazas más en centros residenciales en diez años para cubrir la demanda actual. Sin embargo, al no ser «viable» este desarrollo, los expertos apuestan por fomentar la ayuda domiciliaria. «Promover un nuevo equilibrio del cuidado institucional y familiar» es justamente otro de los objetivos que recoge el plan de servicios sociales vasco.

Una «tendencia esencial» para «entender la evolución en la demanda y el uso de los servicios sociales en los próximos años se refiere al aumento de la esperanza de vida, acompañado, sobre todo en el caso de las mujeres, de un aumento de la esperanza de vida con discapacidad». Según las proyecciones demográficas del instituto vasco de estadística Eustat, a 1 de enero de 2031 Euskadi contará con 2,2 millones de habitantes (1 millón serán hombres y 1,1, mujeres). Esto supondría casi 16.200 personas más que el 1 de enero de 2020. En Gipuzkoa, se prevé un crecimiento de 17.900 –en Araba el aumento es de 9.500, mientras que en Bizkaia disminuirá la población total, con 11.200 personas menos en una década–.

Y no solo eso. Al aumento de mayores hay que sumar la crisis del modelo tradicional de cuidados sociales, que «guarda relación con los avances en la igualdad entre hombres y mujeres y el cambio de expectativas respecto al cuidado de las nuevas generaciones». A fin de cuentas, en la sociedad actual «la crisis de cuidados se traduce, entre otras cosas, en la reducción del número de personas que prestan cuidados familiares». En estos momentos, en torno al 3,5% de la población vasca puede ser considerada cuidadora informal. La encuesta de necesidades sociales pone de manifiesto que, salvo en el tramo de 55 a 64 años, el porcentaje de la población que asume funciones de cuidado se reduce desde 2010 en todas las edades y tanto para las mujeres como para los hombres.