Gipuzkoa debe invertir 236 millones en un lustro para crear 1.553 plazas residenciales

La jubilación de la generación del 'baby-boom' va a marcar un antes y un después en la sociedad guipuzcoana, que se prepara para hacer frente a un aumento de la demanda de recursos sociales cuando todas estas personas, que ahora tienen entre 56 y 73 años, dejen de trabajar. El envejecimiento de la población va a ser la tónica en los próximos años, con un aumento de la dependencia, asociada, en muchos casos, a una mayor longevidad. Y Gipuzkoa solo va a poder dar respuesta a esta situación si aumenta sus recursos sociales, para lo que necesita destinar más de 235 millones de euros en un lustro. Esta cantidad es imprescindible para que el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales pueda crear las 1.553 plazas que hacen falta en residencias y centros de día, sobre todo para mayores, pero también para personas con discapacidad, menores o víctimas de violencia machista, según recoge el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030, que ya adelantó este periódico.

Este informe recoge las principales actuaciones que el área que dirige Maite Peña tiene que llevar a cabo para cumplir los objetivos marcados por Euskadi y que se consideran prioritarios para que los ciudadanos tengan cubiertas todas sus necesidades sociales. Desde el año pasado hasta 2030, se calcula que la Diputación tiene que gastar 241,8 millones para dar respuesta a la creciente demanda. El 74% corresponde a gasto corriente y el 26%, a gasto de inversión.

El número de la población va a aumentar en un 2,5% en Gipuzkoa en los próximos cinco años, hasta llegar a los 737.800 habitantes, según los cálculos que recoge este documento. Esto significa que aunque va a haber más personas inmigrantes y también más menores, la cifra de personas dependientes se va a multiplicar.

De ahí que sean necesarias más de 1.500 nuevas plazas en los diferentes recursos del territorio. 149,9 millones de euros serán para crear las que se ubiquen en los centros, y los 29,8 millones restantes, para las que estén en otro tipo de servicios. Hay 62 millones que se utilizarán para inversiones, según las previsiones realizadas por el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

Así, durante el próximo lustro la Diputación debe aumentar su gasto social en 47 millones de media al año. Si para el pasado ejercicio el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa estimaba un presupuesto de 5,8 millones de euros para esta causa, este 2025 se calcula que serán necesarios 18,3 millones. Además, para el próximo curso se estiman 26,4 millones; 34,8 millones para 2027; 43,2 millones para 2028; 52,1 millones para 2029 y 60,9 millones para 2030. En total, son 241,8 millones de euros.

Los servicios residenciales y de alojamiento suponen el mayor gasto, un 82% del importe previsto, mientras que los recursos de atención diurna representan el 18%. La adecuación de las residencias de mayores y de las ayudas a la dependencia son un punto clave para que la red de servicios sociales de Gipuzkoa evolucione en sintonía con la sociedad.

Según los últimos datos disponibles, en Gipuzkoa hay alrededor de 30.000 personas en riesgo de dependencia. La mayoría superan los 80 años y son mujeres. Este colectivo que va al alza es uno de los más vulnerables y que mayor representación tiene en la sociedad. Así, el Mapa de Servicios Sociales propone la puesta en marcha de unas 800 plazas residenciales solo para este grupo. Si se traslada a la faceta económica es un incremento de gasto corriente de unos 65 millones de euros del total de 149,9 previsto para las nuevas plazas en todo tipo de recursos sociales. A esto hay que sumarle otros 14,7 millones por la creación de 235 plazas para personas mayores en centros de día.

El ámbito de la dependencia es el que más partida presupuestaria se lleva, con un gasto corriente que ronda los 423 millones de euros, un 76% del total. El gasto corriente en menores en desprotección se sitúa en 20,5 millones (13,70%), con la creación de 60 plazas residenciales y 3 en centros de día y el que corresponde a exclusión social y mujeres víctimas de violencia machista, 15,5 millones, un 10,35%. Así, se prevé la puesta en marcha de 85 plazas en residencias para personas en situación de exclusión social y 10 para mujeres maltratadas que necesiten una cama en un centro de media o larga estancia.

Además de los 149,9 millones de euros de gasto corriente derivado de las previsiones del -poltaumento de plazas, hay otros 29,8 que el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales debe destinar a aumentar otros servicios, como el incremento de plazas de las estancias respiro tanto para personas con discapacidad como dependientes y con enfermedad mental (51 nuevas camas), la ampliación del servicio de tutela, de las ayudas técnicas, del acogimiento familiar o del servicio de intervención socioeducativa y psicosocial familiar. El programa que va a contar con un mayor aumento de presupuesto es el que atiende los casos forales de urgencia social, con 5,9 millones de euros más en cinco años.

La Diputación cuenta con la ayuda de diferentes administraciones para la puesta en marcha del Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030. Por ejemplo, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la institución foral y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para la participación en la financiación de la asistencia sanitaria en las unidades sociosanitarias para mayores y en las residencias para personas con problemas severos de salud mental, el Ejecutivo autonómico destinará más de 30 millones de euros al Departamento de Cuidados y Políticas Sociales en los próximos cinco años.

La Diputación también cuenta con una partida del Estado, tal y como recoge la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Si en un lustro se calcula que el número de beneficiarios de los recursos para dependientes va a aumentar en casi 3.000, desde este año hasta 2030 Gipuzkoa va a recibir una asignación por parte del Gobierno central de cerca de 6 millones de euros. Este 2025 van a ser 419.709 euros para 460 nuevos usuarios; el año que viene ascenderá a 639.379 para 470 y en los siguientes ejercicios esta cantidad solo va a crecer, hasta alcanzar los 1,5 millones en 2030, año en el que se calcula que el incremento de los beneficiarios será de 530 personas.

Algo similar sucede con los menores en situación de desprotección. «Es previsible la asignación por parte del Estado de 1,4 millones de euros desde 2024 hasta 2030 en base a subvenciones directas que se otorgan periódicamente para la atención de menores no acompañados acogidos», se lee en el documento. Son 200.000 euros anuales.

Con estos datos sobre la mesa, la previsión total de los ingresos se resume en 38 millones de euros más desde 2024 hasta 2030. En un lustro serían 37,5 y se dividen en las tres ramas mencionadas con antelación: 30,5 millones de la financiación autonómica de Salud por la atención sociosanitaria a personas mayores dependientes y con enfermedad mental; 6,1 millones de financiación estatal por atención a la dependencia y 1,4 millones también de financiación estatal por la atención a menores extranjeros no acompañados.

Los centros de atención a la dependencia de la Diputación de Gipuzkoa están regulados por un decreto foral de aportación económica de los usuarios, lo que se conoce como copago. En base a los datos económicos de 2023, el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030 calcula que la aportación total de las personas que utilizan los centros de día, las residencias o el servicio de estancias respiro será de 31,6 millones de euros.

Según el tipo de centro, el copago se da de distinta manera. De media, los usuarios de las residencias de mayores serán los que más paguen por el servicio que reciban. Se calcula que en estos próximos años la Diputación se hará cargo del 58,3%, mientras ellos financiarán el 41,7% restante. En total, es una aportación económica de 24,1 millones de euros por parte de los usuarios.

Además, está previsto que varias de las nuevas plazas incluidas en este mapa se financie con Fondos Europeos PRTP. La parte de inversión que se costeará con estos fondos se estima en 12,2 millones. También se prevé que el área de Cuidados y Políticas Sociales recibe transferencias corrientes de diferentes fuentes por un importe de 38,1 millones así como 63,8 millones de recaudación fiscal.

En consecuencia, el gasto neto a asumir por la Diputación para hacer frente al despliegue de estos servicios adicionales será de 96,1 millones hasta 2030.

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