Gipuzkoa se presenta a las elecciones con una caída en la obra pública del 55%

Todos estos datos los pone sobre la mesa la patronal española de la construcción, Seopan, que no deja pasar un mes sin rellenar su cuaderno de vitácora sobre el rumbo de la inversión pública. Y el principal diagnóstico que se saca de sus datos revela que las instituciones, pese a que la recaudación vuelve a niveles récord, mantienen un pie en el freno. Solo así se entiende que el año en el que se batieran cifras de ingresos, Gipuzkoa registra una licitación pública por valor de 431 millones, muy similares a 2015 y 2014, a años de luz de los 1.083 de 2009 o de los más modestos 655 de 2008.

Tras un 2017 donde las licitaciones del Metro y el nudo de Bergara elevaron la exigencia, 2018 ha sido un ejercicio de transición, con 308 millones destinados a obra civil y 122 a edificación. El sector de la construcción, pilar de la economía por el efecto arrastre que supone, habrá agradecido la licitación pero lleva años intentando sacar la cabeza del agua, y ahora lo hace a costa de reducir al máximo sus márgenes; una espada de Damocles que hace ya año lleva cargando, por cierto, el conjunto de la empresa guipuzcoana.

La pregunta que quizá se haga el votante el 26 de mayo, más allá de las cifras de licitaciones de obra pública que lógicamente estarán en la carpeta de eliminados de su cerebro, es la siguiente. ¿Además de proyectos de pantalón largo como el Metro y el TAV, que los pagan los gobiernos central y vasco, Gipuzkoa apuesta para el futuro por ....?