El Gobierno aprueba el decreto por el que Donostia e Irun deben fijar zonas de bajas emisiones

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones que incluyen medidas como restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos y que deberían aplicar antes de cuatro días, el 1 de enero de 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes –San Sebastián e Irun en Gipuzkoa–, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados.

El establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) quedó establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, los municipios con aire contaminado tendrán que adoptar, entre otras medidas, planes de movilidad urbana sostenible para reducir las emisiones de gases contaminantes. Las instituciones llevan tiempo trabajando para sacar sus coches del centro y conseguir ciudades cada vez más sostenibles, una transición que pretendía ser una realidad dentro de cuatro días pero que se demorará todavía unos meses, al menos en Gipuzkoa, donde es probable que tanto en Donostia como en Irun no se aplique antes del próximo otoño. En ambas ciudades tienen que aprobar las ordenanzas municipales correspondientes para restringir el acceso al Centro, lo que conllevará cambios también en las rutas de los autobuses urbanos y 8una auténtica revolución para la movilidad de sus vecinos.

El Real Decreto establece los requisitos mínimos homogéneos que tendrán que cumplir los municipios afectados. El Ministerio para la Transición Ecológica elaboró con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), unas directrices para la creación de ZBE que pudieran emplear las entidades locales como guía para su implantación.

Las ZBE podrán establecer medidas de carácter continuo o temporal como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones.

El Real Decreto establece como fin último el objetivo de cumplir con la versión actualizada de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire, publicadas en 2021, y que recogen los niveles de calidad del aire recomendados para la protección de la salud pública.

Los municipios tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y que sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción del uso del vehículo privado de motor frente al resto de modos de transporte. En caso de que se cumpla con los límites de contaminación, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como los que prestan servicios de emergencias o recogida de basuras.

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