El Gobierno iniciará a comienzos de 2025 las catas para estudiar el enlace del TAV por Ezkio

Tras varios meses de retraso acumulado respecto al cronograma previsto por las dificultades que ha encontrado el Gobierno para llevar a cabo estas catas por las trabas que han puesto ayuntamientos y particulares de la zona contrarios al despliegue de la alta velocidad, el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente ha decidido recurrir a expropiaciones temporales de terrenos para poder realizar estas tareas.

La medida recibió en octubre el visto bueno de la Abogacía del Estado, que dio su aval a que los técnicos entren en los terrenos que consideren necesarios para proceder a estas prospecciones.

Con este paraguas legal, la intención de Transportes es comenzar en breve las exploraciones, si bien siempre cabe la posibilidad de que el procedimiento sea recurrido, lo que alargaría aún más los plazos.

Los resultados de estos sondeos tendrán un papel relevante en la decisión final de si el enlace de la Y vasca con la alta velocidad Navarra se ejecuta desde Ezkio-Itsaso o desde Vitoria. El Gobierno ha insistido en repetidas ocasiones que la decisión se tomará de forma consensuada entre el Ministerio y los gobiernos de Euskadi y Navarra, y que estará soportada en análisis técnicos que sopesen diferentes perspectivas: coste económico, rentabilidad social, tiempos de viaje, impacto medioambiental, riesgo de saturación de líneas...

Pero lo cierto es que la cuestión ha generado un enfrentamiento institucional. En primer lugar entre las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, ambas gobernadas por la coalición PNV-PSE con los nacionalistas como socios mayoritarios, y en segundo lugar, entre Gipuzkoa y el Gobierno central que, sin tener tomada una decisión definitiva, hace unos meses sí se decantaba por la opción de Vitoria apelando a su menor coste (unos 1.000 millones frente a los 4.000 de la alternativa de Ezkio-Itsaso, según los últimos cálculos), y menor complejidad técnica y riesgos medioambientales.

El secretario de Estado de Transportes, el guipuzcoano José Antonio Santano, explica en declaraciones a este periódico que «el principal problema que nos encontramos con la opción de Ezkio-Itsaso es que existen incógnitas sobre el material interior de la sierra de Aralar. Se trata de una formación kárstica, lo que implica que deben existir fisuras, túneles, cavernas, etc. producidas por la erosión del agua».

Una realidad que «preocupa mucho a los expertos del Ministerio, ya que la existencia de acuíferos y espacios vacíos representa un condicionante importantísimo a la hora de abordar la dimensión de la obra y su coste económico».

En cualquier caso, Santano admite que «estamos obligados legalmente a que el estudio informativo del proyecto consista en un análisis multifactorial, y un elemento clave es saber qué tipo de terreno tenemos allí». Para ello se realizarán en Aralar sondeos profundos, «a más de 200 y 300 metros de profundidad» y «más propios de un proyecto constructivo que de uno prospectivo por la complejidad que tiene todo ese territorio».

El número dos del Ministerio reitera en este sentido que «lo que queremos es poner encima de la mesa todos los elementos que nos ayuden a adoptar la mejor decisión. No tenemos ninguna a priori», asegura.

Las resistencias que el Gobierno ha encontrado para llevar a cabo estos sondeos hidrogeológicos por parte de propietarios particulares de terrenos y de los propios ayuntamientos, llevó inicialmente a Transportes a limitar las catas en parcelas de titularidad pública, bien del propio Estado o del Gobierno de Navarra. Se trataba de terrenos adyacentes a carreteras o vías férreas, entornos de torres eléctricas, etc. Pero la complicada orografía de la zona requiere análisis más amplios y exhaustivos que exigen acometer exploraciones en varios puntos estratégicos.

Para sortear estos obstáculos, el Gobierno ha decidido finalmente proceder a expropiaciones temporales que permitan llevar adelante los sondeos y revertir los terrenos a sus dueños una vez concluidos estos.

Las dificultades para avanzar en el tramo Navarra-Ezkio por esos vetos y por las discrepancias institucionales, han llevado por otra parte al Gobierno a dividir el proyecto de conexión Pamplona-Y vasca en dos tramos. Por un lado el Pamplona-Alsasua, en el que hay consenso institucional y cuyo estudio informativo será aprobado en breve. Por otro, el Navarra-Ezkio, cuyo avance queda a expensas de los resultados de las catas.

En una decisión para tratar de lograr consensos, el estudio informativo del Pamplona-Alsasua incorpora modificaciones respecto a la idea original que supone abrir la puerta a una tercera alternativa de conexión, también entre Ezkio-Itsaso y el valle de Sakana, pero menos invasiva con Aralar.

Se trata de una propuesta acordada en 2022 por los gobiernos de Euskadi y Navarra que ha aceptado el Ejecutivo central y que traslada el punto de eventual bifurcación hacia Alsasua y Vitoria o hacia Ezkio-Itsaso unos kilómetros más al este, hasta el término municipal de Bakaiku, en lugar de Etxarri-Aranatz. Ahí la línea del TAV abriría una amplia curva que permitiría reducir unos 2 kilómetros la longitud del túnel bajo Aralar.