Javier Arizmendi, ¿enemigo del pueblo donostiarra?

Desde su inauguración en 1887, el Gran Casino de San Sebastián no tuvo obligación de abonar cantidad alguna a la ciudad ni a sus instituciones benéficas. En 1909, por presión del entonces ministro de Gobernación, Juan de la Cierva (padre del ingeniero inventor del autogiro), se determinó un primer impuesto de 300.000 pesetas que se distribuirían en tres finalidades: 25% para la Junta de Beneficencia, 15% para la Junta Provincial de Caridad y el resto para obras públicas de mejora y ornato de San Sebastián. Aunque años después la cuota aumentó hasta las 375.000 pts., cundía la impresión de que las ganancias del juego no se trasladaban en su justa medida al provecho de una ciudad en pleno crecimiento demográfico y en expansión que acusaba grandes necesidades.

Pasaron los años sin que se lograra salir del bloqueo, y ello debido en buena parte al conflicto de intereses de los munícipes donostiarras poseedores de acciones en las mesas de juego. Solo así se explica la contradictoria actitud de los concejales que por un lado aprobaban desde la Junta de Beneficencia una petición formal al Ayuntamiento para que renegociara al alza el acuerdo económico con el Casino, pero ellos mismos la rechazaban al llegar el asunto al consistorio.

Javier Arizmendi Irastorza fue un abogado de gran arraigo donostiarra, varias veces concejal del Ayuntamiento, hombre culto e infatigable luchador contra abusos y corruptelas. Estaba casado con María Amiel. El padre de Javier, Antonio Arizmendi, y el de María, el industrial francés Jean-Baptiste Amiel, fueron socios desde 1881 de una fábrica de cervezas en El Antiguo. Profesional y personalmente, Javier guardaría relación con los hermanos Kutz, productores de la célebre 'El León'.

En 1918 participó en la fundación de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, de la que ostentaba el número de socio 120. Ese mismo año, como vocal de la Junta de Beneficencia, tuvo la osadía de denunciar de manera enérgica la contribución «mezquina e irrisoria» de los círculos de recreo donostiarras a la comunidad (Gran Casino, Monte Igueldo, Aeroclub, etc.). Y lo hizo a través de quince artículos publicados en El Pueblo Vasco (diario que de inmediato se quedó sin la suculenta publicidad que le contrataba el Casino).

Aunque consideraba el juego algo inmoral, Arizmendi no proponía su prohibición sino tan solo que se reglamentase para acabar con la hipocresía sistémica camuflada bajo un régimen de alegalidad, y que los beneficios se regularan de manera transparente, rigurosa y proporcionada. Le parecía una desfachatez que cada vez que se hablaba de incrementarle el canon, el Gran Casino respondiera amenazando con su ruina y cierre. Sin embargo, tenía dinero de sobra para construir el hipódromo de Lasarte y, lo que era mucho peor, para abrir un nuevo casino en Santander, ciudad balnearia en competencia directa con Donostia.

Lo más interesante de los artículos de Arizmendi es el ejercicio comparativo que hacía entre el Casino local y los de Niza y Montecarlo. Pues estos últimos tributaban más de la mitad de sus ingresos en impuestos, y, en cambio, el donostiarra apenas abonaba una mínima parte de lo que le correspondería de acuerdo a sus ganancias.

La polémica estaba servida. Tanto los abolicionistas del juego como las fuerzas de izquierda se pusieron del lado de Arizmendi, y el debate inflamó aún más la convivencia de lo que ya lo estaba en aquel verano de 1918, cuando se iniciaba el agitado Trienio Bolchevique.

La direccion del Casino cometió la torpeza de subestimar a Arizmendi. Su director, Jacobo Domínguez, le retó en público a que, si tan seguro estaba de que el negocio era boyante, se hiciera cargo él mismo; y se lo ofreció para los próximos catorce años (que era el plazo de explotación que tenían firmado) por 12 millones de pts., exactamente la cantidad que Arizmendi había calculado como ganancias anuales. De manera desafiante, Domínguez le concedió un mes para cerrar la operación.

Arizmendi dio inmediata contestación: no solo aceptaba las condiciones, sino que aumentaba la oferta de 12 a 15'5 millones. Y convocó al director del Casino a rubricar de inmediato el acuerdo. Recibió el silencio por respuesta. Insistió ratificando su propuesta, pero Domínguez se hizo el longuis.

A mediados de agosto el tema llegó al pleno municipal donde se evidenció que una mayoría de los concejales no estaba por la labor de apretar las tuercas a los establecimientos de juego sino que, puestos a buscar recursos para la beneficencia, preferían sangrar al contribuyente con nuevos impuestos. La cosa acabó con el pleno casi a bofetadas.

En vista de que la presión iba en aumento, terminando el año el Gran Casino, de 'motu proprio', tomó la decisión de incrementar su contribución a más de un millón de pesetas anuales. De algún modo, Arizmendi salió triunfador del envite, pero entre las fuerzas vivas de la ciudad muchos no se lo perdonaron y tuvo que hacer frente a numerosos ataques personales. Se le acusó poco menos que de 'enemigo del pueblo donostiarra' por poner en riesgo la principal fuente de riqueza local.

La vida de Javier Arizmendi Irastorza conoció un desenlace trágico. Pasados los años, en su afán por hacer justicia en la ciudad, el abogado denunció a un exalcalde donostiarra y a un expresidente de la comisión de Hacienda por irregularidades en la compra del Balneario de la Perla por parte del Ayuntamiento. El juicio se celebró en la Audiencia de Pamplona en plenas fiestas de San Fermín. Al iniciar su alegato acusatorio, sufrió una crisis cardiaca y cayó fulminado. Era el 10 de julio de 1931 y apenas tenía 50 años. Dejaba cuatro hijos (el primogénito, Luis Jesús, sería autor de infinidad de obras en la ciudad como arquitecto municipal) y una hija (la futura folklorista María Elena Arizmendi Amiel). Murió, pues, con las botas puestas.

Según cuentan C. Blasco, L. Horcajo y J.J. Fdz. Beobide en su 'Casinos donostiarras' (monografía en la que nos apoyamos para este relato), en medio del tumulto que el incidente provocó en la sala de vistas, los papeles de Arizmendi en los que se fundaban las acusaciones de corrupción desaparecieron. Así fue como los regidores donostiarras se fueron de rositas.