Judíos de Gipuzkoa

Diez años después, Tolosa fue escenario de un suceso que pudiera interpretarse como antisemita. El recaudador de impuestos Jacob Gaon, judío de Vitoria, fue muerto y decapitado cuando intentaba cobrar el 'pedido', una contribución extraordinaria a la corona. El rey Enrique IV de Castilla vino personalmente a vengar el crimen, pero una vez en la villa «convirtió su ira en clemencia» al comprobar que los guipuzcoanos nunca habían pagado ese impuesto.

Tras la conquista de Granada en 1492, en aras a la unificación religiosa y política de sus dominios, los Reyes Católicos dictaron la expulsión de todos los judíos. Muchas familias se acogieron al bautismo, lo que ahondó en la segregación de estos conversos o 'cristianos nuevos' respecto de los 'cristianos viejos'. Para su diferenciación, diez años antes, en 1482, Gipuzkoa había establecido una prueba de identidad, la 'limpieza de sangre', que durante los tres siguientes siglos sería condición ineludible para el ascenso en la escala social. De aquí derivó la 'hidalguía universal' de los vascos, figura jurídica por la cual todos los nativos gozaban de 'nobleza originaria' siempre que demostrasen que entre sus antepasados no había musulmanes, judíos ni agotes.

En aplicación de esta política excluyente, predecesora de las leyes racistas de la edad contemporánea, a lo largo del siglo XVI las Juntas guipuzcoanas dictaron diversas medidas contra aquellas minorías cuya presencia «podría oscurecer la limpieza e nobleza desta Provincia». Mientras en las restantes regiones españolas la depuración estaba basada en la defensa de la religión, en el caso guipuzcoano, y en general de todo el País Vasco, a los conversos se los apartaba de la comunidad por el solo hecho de serlo, al margen de su sinceridad cristiana. Del antijudaísmo se pasó así al antisemitismo; de este modo fueron neutralizados de la competencia social.

Aun a riesgo de tener que vérselas con la Inquisición, hubo quienes se pronunciaron contra el estatuto discriminador. Un eximio ejemplo lo encontramos en Iñigo de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús en la que se admitieron a cristianos nuevos que no raras veces sobrepujaban en virtud a los cristianos viejos y a los hidalgos. Debido a esto, a Iñigo le acompañó fama de converso. Tan es así que durante el proceso seguido contra él en Alcalá, un arzobispo le preguntó si guardaba el 'sabbat' (día sagrado de los israelitas), a lo que el de Azpeitia respondió de manera circunspecta: «En mi tierra no hay judíos».

Con el respaldo legal de sendas providencias de la reina Juana y de Carlos I, en 1528 las Juntas Generales listaron más de medio centenar de residentes con supuestos antepasados «judíos e moros e turcos»: en San Sebastián se nombran nueve judíos seguros y uno dudoso; ocho en Hondarribia y otros tantos en Errenteria; hasta 17 en las orillas de Pasajes, cinco en Oiartzun, tres en Segura, dos en Beasain, los mismos en Ordizia e individuos en Asteasu, Astigarraga y Tolosa. A todos se les expulsó del territorio junto a sus hijos, criados y en algún caso incluso con los «vecinos más cercanos». El destierro del hondarribitarra Juan de Guevara fue impugnado por el concejo alegando su condición de buen médico.

En 1561 la Junta de Elgoibar volvía a tomar medidas ante el pretendido estado de alarma provocado por «muchos moros e judíos» que «de pocos años a esta parte han venido e se han avecindado en esta Provincia (…), denigrando la limpieza de sangre de los originarios della». Se ordenó pregonar en los pueblos la orden de que «todos los judíos, turcos e moros e otros de mala raza» debían abandonar Gipuzkoa en el plazo de quince días. En ello vieron ocasión algunos para deshacerse de vecinos con los que estaban enfrentados por enemistad, envidias personales o ambiciones profesionales. Son los 'malsines', los delatores. Víctima suya pudo ser Juan de Larieta, influyente personalidad del valle de Léniz, que fue destituido como escribano y alcalde de Aretxabaleta, y desnaturalizado junto con sus hijos, hermana, sobrina y primas. Se esgrimió que su abuelo materno se había convertido en Oñati tras el Edicto de Expulsión de 1492.

La campaña persecutoria se reanudaría en 1572 afectando a descendientes más o menos directos de los proscritos en las décadas anteriores. En Junta celebrada en Zestoa se presentó una relación que incluía a una veintena de familias residentes en San Sebastián, Segura, Tolosa, Albiztur, Azkoitia, Mendaro, Mutriku, Elgoibar, Hernani, Errenteria y Hondarribia, a las que se dio seis meses para migrar. Ya en el siglo XVII, la vigilancia se focalizaría más esporádicamente en los judeoconversos procedentes de Portugal.

El regreso de judíos a Gipuzkoa desde mediados del siglo XIX se produjo de manera paulatina. La proximidad con Bayona, donde se concentraba una de las más importantes comunidades hebraicas del sur de Europa, influiría decisivamente en la apertura de relaciones económicas una vez que los gobiernos liberales, al término de la I Guerra Carlista, acabaron con las políticas proteccionistas favoreciendo las inversiones extranjeras.

Nuestro despegue industrial contó con el concurso de empresarios bayoneses como los hermanos Rodolfo y Teófilo Silva que desde 1842 levantaron modernas plantas textiles en Bergara, Villabona o Tolosa, o los Pereire, judíos de origen portugués con intereses en la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, a los que debemos que la primera conexión ferroviaria entre la península y Francia discurriera por Gipuzkoa y no por los Aldudes navarros como propugnaban otros inversores. Así fue como el ferrocarril llegó a Irun, donde también con capital judío bayonés se implantaron fábricas de papel o de cerillas, entre otros bienes de consumo.

Por esos mismos años el comercio donostiarra vio ampliada su oferta con la instalación de firmas consolidadas al otro lado del Bidasoa como Léon, Delvaille o Attias. A diferencia de los ladinos de siglos anteriores, estos consiguieron una amplia integración en la comunidad guipuzcoana en cuyo desarrollo participarían activamente a través de la primera empresa de alumbrado urbano de Donostia o del Banco de San Sebastián, por citar dos ejemplos (al historiador Carlos Larrinaga debemos una amplia investigación sobre el particular). Otros nombres con larga presencia en la vida social y comercial donostiarra son los de Edmundo Pozo, con fábrica de corsés en el barrio del Antiguo, la familia Rozzanes, joyeros de la calle Hernani, o los Herzog, polacos emigrados durante la I Guerra Mundial que se asentaron en la ciudad como peleteros.

Pese a todo, la comunidad mosaica no pudo ejercer públicamente su culto en época contemporánea pese a que en 1855 las Cortes españolas aprobaron la libertad de opinión religiosa y lo consagraron en la Constitución de 1869. Ese año se sondeó la posibilidad de levantar una sinagoga en San Sebastián, pero todo quedó en mera voluntad.