Proteger a las víctimas: las cartas de seguro en la Gipuzkoa medieval

Uno de esos detalles está relacionado con la seguridad de las personas. Aunque nos parezca mentira, en aquella época la ley ya trataba de proteger a personas que eran amenazadas, maltratadas o acosadas. De hecho, una víctima podía acudir ante el Consejo Real, denunciar a su agresor y tramitar el respaldo de la máxima autoridad del territorio: el rey. Tras la petición, obtenía una 'carta de seguro' que obligaba a su agresor a alejarse, no solo de ella, sino también de su familia, de su casa y de sus tierras.

Ahora bien, las víctimas que solicitaban ese documento debían tener cierta holgura económica, pues tenían que pagar, primero, a un abogado que las representara, luego a un escribano que redactara las pruebas y, por último, las tasas por tramitar la carta de seguro. En realidad, solo una parte de la población se beneficiaba de ese cauce legal, puesto que a la inmensa mayoría solo le alcanzaba para pagar el alquiler de una casa, un puñado de legumbres, algo de leña y un remiendo en la blusa. Es decir, el documento era un dispendio inasumible para muchas de las víctimas.

En la actualidad, las cartas de seguro se conservan en el Archivo General de Simancas. A través de ellas podemos conocer los nombres de las personas que las solicitaron y los motivos que les empujaron a presentarse ante el Consejo Real.

Una de las cartas más antiguaa conservada es la de Pedro Martínez de Mondragón. Este mercader de Arrasate se había cansado de que en los puertos de Gipuzkoa los recaudadores de rentas le embargaran una parte de los paños, joyas, hierros, acero y lanas con las que comerciaba. Según él, esos recaudadores tomaban su mercancía para cobrar una deuda que la Provincia de Gipuzkoa tenía con el rey. Lo cierto es que Gipuzkoa no había entregado las rentas que estaba obligada a dar a las arcas reales; así que, los monarcas habían emitido una orden para que los recaudadores pudieran confiscar los bienes de cualquier guipuzcoano y así poder saldar la deuda.

Sin embargo, Pedro Martínez de Mondragón consideró que aquella medida no era justa. De manera que, en febrero de 1475, contrató a un abogado al que le pidió que solicitara en su nombre una carta de seguro para evitar perder más mercancías. Su abogado debió hacer un buen trabajo, pues Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón le dieron la razón y le concedieron el salvoconducto que evitaría que le embargaran más paños, joyas, hierros, acero o lanas. Además, en la carta de seguro, los reyes especificaron no «prendades el cuerpo al dicho Pedro Martínez ni a los dichos sus criados e compañeros»: tanto su negocio como sus empleados quedaban a salvo.

En ocasiones, los mercaderes extranjeros que llevaban cereales a Gipuzkoa solicitaban una carta de seguro. Solía ocurrir que, por venir en un barco francés, los corsarios les confiscaran la carga antes de arribar a puerto. Uno de esos mercaderes fue Pedro de Aimar, un vecino de Bayona, a quien los concejos de Deba y Zumaia habían contratado para que transportara varios sacos de cereales en su embarcación. Aunque tenía el contrato firmado, el bayonés no llegó a Gipuzkoa debido a que un navío salió a su encuentro y le embargó la mercancía.

Tras ese incidente, Aimar decidió solicitar una carta de seguro. Gracias a ese documento, logró llegar a Deba y Zumaia con una nueva carga de cereal y cobrar por ello. La carta de seguro fue clave para proteger los granos y cubrir las necesidades de aquellas dos localidades.

Aunque la mayor parte de las cartas de seguro que se conservan están solicitadas por hombres, también hubo mujeres que recurrieron al amparo de los reyes. Juana de Salazar fue una de ellas. En su caso, quería protegerse de un vecino que le había amenazado de muerte. Según ella, Ochoa de Zaldibia había construido un edificio en un terreno del que ella era propietaria. Por más que le dijera que debía parar la obra, Zaldibia no le hizo caso, asegurando que el suelo donde estaba construyendo el edificio no era de ella, sino de él. Luego la amenazó.

No obstante, Juana de Salazar no se amedrentó y denunció a Zaldibia ante las autoridades. Eso sí, en abril de 1493, mientras esperaba a que se iniciara el juicio, solicitó una carta de seguro para mantener alejado a Zaldibia, no solo de ella, sino también de los abogados que la defenderían en el pleito.

En 1501, María y Catalina de Seguro también pidieron ese documento legal con el fin de que sus agresores se alejaran de ellas. El miedo a ser asesinadas o malheridas fue lo que les empujó a solicitar la protección de los reyes. Y es que, según la carta de seguro, varios vecinos de Tolosa habían afirmado que «las fererían o matarían o tomarían o quebrantarían sus bienes». Los monarcas no dudaron en darles la protección que pedían y extendieron el seguro a sus hijos, casas y tierras.

Después de recibir la carta, un pregonero voceó en el mercado y plaza de Tolosa lo que los reyes habían firmado. Así fue como ese año de 1501, toda la vecindad se enteró de que María y Catalina habían sido amenazadas por Juan Martínez de Anchieta, Ojer de Elduayen y Juan Martínez de Abadia. Tras el pregón, nadie podría alegar ignorancia.

También hubo guipuzcoanos que, tras denunciar alguna actuación de la Provincia de Gipuzkoa, solicitaban la carta de seguro, pues sentían que sus vidas peligraban. En 1485, por ejemplo, varios vecinos de Arrasate habían denunciado que les habían embargado unas mulas y cientos de maravedís por una negligencia de la Provincia. Consideraban que aquello era un atropello y que no había motivo para que les quitaran ni dinero ni bienes.

Una vez más, como le había sucedido a Pedro Martínez de Mondragón en 1475, estos vecinos de Arrasate se vieron perjudicados por una decisión que había tomado la Provincia. Precisamente, Gipuzkoa se había negado a entregar las rentas reales que le correspondían y, en consecuencia, de nuevo, los reyes ordenaron embargar los bienes de algunos guipuzcoanos.

Antón Ibáñez de Oro, Sancho de Izaguirre, Juan de Loyola y Ochoa de Aguirre no estaban dispuestos a pagar los platos rotos, de forma que denunciaron a la Provincia para exigirle que les devolviera el dinero que los recaudadores les habían embargado por su culpa. Sin embargo, aquella denuncia sentó mal a otros vecinos que no dudaron en amenazarles, si seguían adelanta con la querella. Con el fin de protegerse, los amenazados solicitaron una carta de seguro que los reyes firmaron y les entregaron.

También hubo vecinos que acudieron el amparo de los reyes después de haber declarado contra su concejo. Así, en 1485, varios habitantes de Azpeitia denunciaron a sus regidores, pues consideraban injusta una medida que estos habían acordado. Resultó que Azpeitia había prohibido vender carne en las casas del arrabal, es decir, en las que estaban fuera del recinto amurallado.

A los carniceros del extrarradio aquella medida les pareció injusta; de manera que estos acudieron a las autoridades. Poco tiempo después de presentar la denuncia, comenzaron a recibir amenazas de otros vecinos de la localidad, de ahí que pidieran una carta de seguro. Aquel documento era la forma de cerciorarse de que nadie les agrediría o intimidarían, era un buen seguro para evitar la venganza privada.

Estas cartas de seguro nos revelan la preocupación que había por la seguridad de las personas y los desafíos a los que se enfrentaba la gente. Además, son una muestra de la complejidad de la vida cotidiana de la Gipuzkoa medieval y de que, en un tiempo de inseguridad y limitaciones, la búsqueda de protección y justicia era un impulso universal.