El auge de los precios dinámicos en todo el mundo lleva a preguntarse hasta qué punto desde Euskadi se puede poner coto a posibles abusos que se deriven de esta estrategia comercial. Y la respuesta es que las instituciones vascas poco pueden hacer para ... poner límites a este fenómeno. Fuentes del Departamento vasco de Turismo, Comercio y Consumo señalan que «el control de precios no es algo que competa a Kontsumobide», el Instituto vasco de Consumo, a diferencia de «otras prácticas abusivas que se puedan producir entre una empresa y el consumidor, como la introducción de cláusulas abusivas en un contrato». Añaden que «en la subida dinámica de precios no podemos entrar porque el establecimiento de precios funciona por las normales de libre mercado». En el Gobierno Vasco indican que tal vez la Autoridad Vasca de la Competencia puede tener más margen para actuar en caso de que se produzcan abusos.
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Sin embargo, una consulta a la Autoridad Vasca de la Competencia permite constatar que la capacidad de acción ante este fenómeno desde Euskadi es mínima. Fuentes de este organismo señalan que «como la mayor parte de las plataformas que venden online son multinacionales, trascienden por mucho los límites vascos, por lo que serían organismos internacionales como la Comisión Europea o el Gobierno de Estados Unidos los que podrían poner algo de coto». Aclaran que «para que la Autoridad Vasca de la Competencia fuera competente en un asunto de este tipo debería darse, por ejemplo, una concertación de precios entre dos empresas que operen en Euskadi. Pero si una misma empresa sube sus precios, no tenemos margen de actuación». Desde la Autoridad indican, no obstante, que «en la Comisión Europea ya se está trabajando en renovar los reglamentos para mejorar la protección del consumidor».
Algunos abusos en torno a los precios dinámicos han hecho saltar algunas alarmas en la UE, que tiene intención de tomar cartas en el asunto para regular estar materia. Según la OCU, las autoridades europeas son «sensibles» a este problema y están trabajando para controlar el uso de los algoritmos y evitar que perjudique al funcionamiento de los mercados y, por ende, a los consumidores. Pone como ejemplo de estos avances el nuevo Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT), con sede en Sevilla.
En una encuesta realizada por la OCU y otras organizaciones de consumidores europeas que forman parte del BEUC, los casi 5.000 usuarios consultados manifestaron que sienten que «no tienen el control» del contenido que se les muestra y de las decisiones que toman online y creen que el seguimiento de su actividad online por parte de las empresas es «injusto». Ante estos resultados, las organizaciones de consumidores agrupadas en el BEUC han pedido a la Comisión Europea que «el entorno online tenga un diseño justo en el que se garantice la libre elección del consumidor y la protección frente a prácticas desleales».
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No obstante, como ocurre con casi todo avance tecnológico, también en este caso hay usuarios que ven como una oportunidad que los precios no sean estáticos y exista la opción de hacerse con rebajas que, antes de la era de internet, eran más complicadas.
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