Juicio a Kote Cabezudo: 16 víctimas, 32 delitos y una petición de pena de 121 años de cárcel

Veinte jornadas de juicio repartidas a lo largo de un mes entero servirán para que las partes expongan sus argumentos y se presenten todas las pruebas que la Ertzaintza ha recabado contra el acusado. Cabezudo será el primero en hablar, aunque siempre ha negado los hechos. Después lo harán las víctimas, a puerta cerrada y sin confrontarse con el acusado. El tribunal de la sección primera de la Audiencia de Gipuzkoa, formado por tres magistrados, será el que dicte sentencia. Estas son algunas de las claves de un caso cuya investigación comenzó en el año 2013.

El juicio dará comienzo este lunes a las 9.30 horas en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. El primero en declarar en la sala de vistas será el acusado, Jose Juán Cabezudo Zabala, conocido popularmente como 'Kote'. Este podrá decidir si responde a las preguntas de todas las partes o solo a las de sus abogados. El fotógrafo siempre ha negado todos los hechos que se le imputan y asegura que es inocente. Tras su declaración será el turno de las víctimas. La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia los casos de 16 mujeres, y la acusación particular representa a un total de 17. Tal y como ha acordado el tribunal a petición de las acusaciones, estas declararán a puerta cerrada, por lo que sus testimonios no serán públicos, para salvaguardar sus identidades y su intimidad.

Además, no se confrontarán con el acusado. Podrán declarar por videoconferencia desde una dependencia contigua o, si lo hacen en la misma sala de vistas, con Cabezudo en otro espacio. Después de las víctimas llegará el turno de los testigos, uno de ellos protegido y entre los que hay tres agentes de la Ertzaintza. Y tras la prueba testifical llegará la parte más compleja y que ocupará el mayor número de jornadas del juicio, la prueba pericial, donde se presentarán todas las pruebas recabadas durante le investigación que incriminan al acusado. El juicio está señalado hasta el 7 de abril, con un total de 20 jornadas que se celebrarán de lunes a jueves.

En el juicio están personadas tres partes: la Fiscalía de Gipuzkoa que ejerce la acusación pública, la acusación particular que representa a 17 víctimas y la defensa del acusado. El Ministerio Público, en la figura del fiscal Jorge Bermúdez, recoge en su escrito de conclusiones provisionales una acusación por delitos cometidos sobre 16 víctimas desde los años 90 hasta 2010. En total, las penas solicitadas suman 121 años de prisión. También pide que se le inhabilite para ejercer como fotógrafo o que realice cualquier tipo producción audiovisual que implique contacto directo o indirecto con menores por el tiempo de 20 años, y que no se pueda acercar ni comunicar con las víctimas. En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que indemnice a las víctimas con cantidades que suman 700.000 euros.

La acusación particular, ejercida por el letrado Mario Díez, solicita al tribunal una pena de 2.388 años de prisión por delitos cometidos sobre 17 víctimas, también pide la inhabilitación del acusado como fotógrafo, y pide indemnizaciones que suman más de 1.700.000 euros. La defensa, que lleva un despacho de abogados de San Sebastián que ha solicitado que no trascienda su identidad, pide la libre absolución de Kote Cabezudo.

La Fiscalía presenta acusación por delitos presuntamente cometidos sobre 16 víctimas, siete de las cuales eran menores de edad cuando se produjeron los hechos. El escrito del Ministerio Público defiende que el acusado se aprovechó de su condición de fotógrafo para «satisfacer su interés libidinoso, con la realización de material pornográfico con mujeres jóvenes, sin importarle que las mismas fueran menores de edad». Asimismo, señala que «prevaliéndose del ascendente que sobre las modelos le daba su posición de fotógrafo, además de la notoria diferencia de edad, aprovechó para mantener relaciones sexuales sin consentimiento con varias de ellas».

Los delitos más graves son los que relatan presuntos abusos y agresiones sexuales cometidos por el acusado sobre cuatro de las denunciantes durante sus sesiones fotográficas. El fiscal recoge que a dos de las jóvenes les «tocó lascivamente el cuerpo, los pechos, y le introdujo los dedos en la vagina». A otra de las víctimas también le realizó tocamientos «por todo su cuerpo». El caso más grave fue, según defiende la Fiscalía, una agresión cometida sobre una menor de 15 años, a la que «introdujo sus dedos en la vagina tras haberle tocado todo el cuerpo». Así, «intimidada» por que el acusado le amenazó con publicar todas sus fotografías desnuda, «se vio obligada a lamer el pene» del fotógrafo. Cuando alcanzó la mayoría de edad, prosigue el fiscal, «la penetró vaginalmente», estando «amedrentada» por la advertencia del acusado. En otra ocasión, «permitió que le tocara todo el cuerpo, le introdujera los dedos en la vagina o le introdujera el pene». Además, compartió sus fotos desnuda en la red, incluidas imágenes de «relaciones lésbicas» con otra menor, también víctima del acusado.

Además de estos abusos, en casi la totalidad de los casos la Fiscalía acusa a Cabezudo de compartir sin permiso imágenes de contenido sexual de las víctimas en páginas web de pago en las que se ofrecía pornografía y que estaban registradas a nombre del acusado. Este «buscaba y obtenía» un beneficio económico con la difusión de esas imágenes, en las que las víctimas aparecían «desnudas y con exposición de sus partes más íntimas».

El Ministerio Público le acusa de un total de 32 delitos: 11 delitos contra la intimidad, agravados por la difusión de material audiovisual, con 4 años de pena por cada uno; tres delitos de abuso sexual con acceso carnal con 8 años de pena por cada uno; un delito de abuso sexual con abuso de superioridad penado con 3 años; un delito de agresión sexual agravada por el que pide 13 años de cárcel; cuatro delitos de estafa castigados con dos años y medio cada uno; siete delitos de utilización de menores en la elaboración de material pornográfico y facilitar la difusión del mismo, con dos años y medio cada uno; un delito de pornografía de menores en concurso con un delito contra la integridad moral, penado con 4 años; y cuatro delitos contra la integridad moral, por los que solicita un año y medio de cárcel por cada uno de ellos.

La acusación particular, por su parte, le acusa de casi 200 delitos, los más graves los de abuso sexual con penetración, y también de estafa y de estafa continuada, delitos contra la intimidad y contra la integridad moral y de corrupción de menores.

El caso Cabezudo llega este lunes a los tribunales, pero llegó a los juzgados hace casi 9 años. En 2013 se recibió la primera denuncia contra él, a las que se fueron sumando muchas otras. Así, el fotógrafo pasó a estar investigado por varios delitos de carácter sexual, que se habrían cometido sobre modelos que hace años posaron en su estudio. También por compartir imágenes de desnudos sin permiso a través de internet. En el curso de la investigación se incautó además numeroso material pornográfico en los archivos personales del fotógrafo.

Son varios los factores que provocaron que la investigación se prolongase durante años. Por un lado el importante número de víctimas y de delitos imputados. Por otro, el ingente volumen de material informático a analizar por parte de la policía científica de la Ertzaintza. Solo el índice de archivos extraído de los discos duros incautados al acusado ocupa 3.500 folios del sumario. Un sumario que está dividido en más de 30 tomos y que ocupa cerca de 11.000 folios. Además, la investigación de delitos informáticos es muy compleja y lenta y no siempre obtiene resultados. Solo el hecho de rastrear dominios alojados en otros países puede ser un imposible.

Pero, además, otra situación procesal que afectó a la instrucción fue la denuncia por presunta prevaricación que interpuso la acusación particular a la juez que instruyó el caso en los cinco primeros años, Ana Isabel Pérez Asenjo. Se le acusaba de «falta de actuación» durante el proceso. Así, en marzo de 2018 la instrucción quedó paralizada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite la querella de manera parcial, aunque posteriormente la archivó. La magistrada quedó apartada y otro juez tomó su relevo.

Fue el magistrado Julián García Marcos, actualmente miembro del tribunal de la sección primera de la Audiencia, si bien en este caso no formará parte del mismo por haber realizado la instrucción del caso. Una de las primeras medidas que adoptó fue la de enviar a Cabezudo a prisión el 4 de mayo de 2018. Precisamente la anterior jueza había denegado todas las peticiones de ingreso en prisión provisional solicitadas por la acusación particular, hasta en diez ocasiones.

La instrucción se dio por finalizada en julio de 2019. Estaba previsto que el juicio se celebrase en 2020, pero la irrupción del Covid y el consiguiente colapso de los juzgados lo volvió a retrasar. Con centenares de juicios atrasados, encajar una vista que iba a ocupar tantos días en un solo juzgado era harto complicado. El 4 de diciembre la Audiencia de Gipuzkoa, en posesión de todos los escritos provisionales de las partes, dictó la apertura del juicio oral, que se señaló para marzo y abril.

Pocos casos ha habido en Gipuzkoa que hayan generado tanta expectación como el juicio contra Kote Cabezudo. Periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos de 25 medios de comunicación, tanto locales como estatales, se han acreditado para cubrir la causa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido que ninguno estará dentro de la sala de vistas. La Audiencia ha habilitado una sala donde podrán seguir el desarrollo del juicio. El Diario Vasco realizará una amplia cobertura audiovisual del mismo tanto en sus páginas de papel como en la web www.diariovasco.com.

Además, el canal de pago Disney+ prepara desde hace meses un documental sobre el caso, que contará con testimonios de las víctimas y de personajes clave del proceso. No obstante, la pieza no verá la luz hasta que se conozca la sentencia.

Kote Cabezudo llegará este lunes a la Audiencia de Gipuzkoa en un coche de la Ertzaintza que le trasladará desde la cárcel de Martutene, donde permanece preso provisionalmente desde el 4 de mayo de 2018. Su defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones su puesta en libertad, que ha sido siempre denegada. En el 2020, cuando se cumplieron los dos años de prisión preventiva, la Audiencia decidió prorrogarla dos años más, hasta mayo de 2022.

Así, ese plazo máximo que permite la ley se cumple en dos meses, y, en caso de que aún no se haya dictado sentencia para entonces, lo que es más que probable dada la magnitud del caso, podría quedar en libertad. No obstante, fuentes jurídicas señalan que al tener otras condenas firmes estas podrían comenzar a ejecutarse una vez finalice la prisión preventiva.