El juicio por la muerte de Mikel Arzak se celebrará en marzo del año próximo

El caso entra, esta vez sí, en su recta final. Ya era hora. Todos los trámites de la fase de instrucción hace tiempo que finalizaron y solo quedaba asignar el juzgado y fijar la fecha para la vista oral. De momento, el órgano judicial que deberá pronunciarse sobre el caso no ha señalado el día, aunque fuentes consultadas afirman que tendrá lugar en marzo de 2020.

Las partes personadas, la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, la acusación particular que ejerce la familia del joven fallecido y las seis defensas de los encausados hace tiempo que pusieron las cartas boca arriba. Los primeros conocen los motivos que llevan a los letrados defensores a pedir la absolución. Los segundos, saben también los argumentos por los que sus clientes tendrán que sentarse en el banquillo de los encausados. Sobre todos ellos recae un imputación de homicidio imprudente.

Los hechos tuvieron lugar tal día como hoy de hace seis años. Lógicamente, era víspera de la Semana Grande. Mikel Arzak y dos amigos suyos paseaban en el tramo comprendido entre la Sociedad Fotográfica y la rotonda existente en mitad del recorrido, donde se llevaban a cabo unas obras de fijación de la ladera del monte Urgull, que en fechas anteriores ya había registrado algunos deslizamientos de rocas a causa de las lluvias. Para la realización de estos trabajos, los responsables del proyecto diseñaron en el mismo paseo un perímetro de seguridad, de tal forma que mantuvieron la zona abierta en su parte más cercana al mar y cerraron con vallas enrejadas la más próxima al talud.

En el momento en el que los amigos atravesaban la zona, se produjo la caída de tres rocas que derribaron parte del vallado metálico que cercaba la zona de seguridad. En su inercia, una piedra atravesó el paseo, chocó contra uno de los pedruscos que separan el bidegorri y la zona peatonal, salió rebotada y después alcanzó a Mikel en la cabeza.

El fallecimiento del joven donostiarra dio lugar a la apertura de unas diligencias, en el transcurso de las cuales el abogado Bernardo Sebastián, que representa a la familia Arzak, presentó un escrito en el que pedía la imputación de diversas personas relacionadas de algún modo con el diseño y ejecución de las obras. La acusación estimó que, en uno u otro grado, fueron responsables de lo que había ocurrido por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

Concluida la fase de instrucción que se prolongó en torno a tres años, la Fiscalía dirigió la acusación contra seis personas: tres funcionarios municipales -un arquitecto y dos ingenieros- el coordinador de seguridad y salud laboral que dio el visto bueno al plan de seguridad que ejecutaba la empresa Tesinsa SA; la autora de dicho plan, y por último, el gerente de la firma a la que se le había encomendado la realización de la obra. Para cada uno de ellos reclamó dos años de prisión y tres de inhabilitación.

El ministerio público, que en el proceso está representado por Juan Carlos Gálvez, sostuvo que los seis investigados «no solo desoyeron los riesgos ampliamente documentados» de que en la zona se podría registrar un desprendimiento mientras se acometían los trabajos de estabilización en un escenario tan «inestable» como era la ladera, a cuyos pies «discurre el tránsito peatonal y rodado», sino también el «normal proceder en materia de seguridad cuando se trataba de abordar la ejecución de la obra».

La representación de la familia Arzak, por su parte, formuló la acusación contra cinco personas y dejó fuera a la autora del plan de seguridad. Reclamó, además, penas más severas para los tres técnicos municipales, cuatro años a cada uno.

Bernardo Sebastián sostuvo que «los diferentes operadores» que intervinieron tanto en el proyecto como en su ejecución «eran conocedores desde hacía años» de la existencia de informes, que «acreditaban antecedentes de caídas que conllevaban peligro para los peatones y para la circulación vial».

De la misma manera argumentó que los cinco sabían que el riesgo durante la ejecución de la obra era igual que antes de que la misma comenzara, «y no tomaron medidas de seguridad», aun cuando conocían que el 29 de noviembre de 2012 se había producido un corrimiento.

Mantuvo que, gracias al estudio que se realizó en el Paseo Nuevo «se preveía que los desprendimientos desde las partes altas podrían derivar en trayectorias que rebasarían la zona de influencia del cunetón, y llegarían con total seguridad, no solo hasta la zona de viandantes sino incluso hasta el mar».

Pese a la existencia de dicho riesgo la única medida de seguridad que se instaló en la zona fueron unas «vallas perimetrales», a pesar de que el proyecto «especificaba claramente» que dichos elementos «no podían ser utilizados como dispositivos de defensa y balizamiento».

«Todos los imputados tenían un deber de salvaguardar la seguridad de terceros, y absolutamente ninguno adoptó una sola medida para protegerlos», concluyó.

El abogado de la familia destacó que meses antes se produjo un desprendimiento de similares características en el mismo lugar. Fue precisamente este corrimiento el motivo que llevó a realizar un estudio al respecto y a ejecutar una obra para aminorar cualquier riesgo. «Pero todos ellos obviaron que existía una zona peatonal en el lugar del riesgo y no adoptaron ninguna medida de seguridad». Los letrados de la defensa, por su parte, reclamaron la absolución.