La Justicia da carpetazo al caso de la lonja de Pasaia por no existir delito

Ya lo anunció el Ministerio Fiscal hace un mes: no hay indicios de delito en la obra de la lonja de Pasaia, en la que se investigaba un sobrecoste cercano a los cinco millones de euros. Y así lo ha ratificado también la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de Donostia a través de una resolución notificada ayer en la que recoge que no existiendo indicios de un desvío de dinero público «para satisfacer necesidades ajenas a la ejecución de la obra y entendiendo que el incremento de presupuesto se ha debido a la necesidad de la obra en sí», queda acordado el sobreseimiento provisional del caso.

Esto es, no ha habido prevaricación, malversación de caudales públicos ni falsedad en documento oficial y mercantil, como tampoco se ha percibido la existencia de delitos de estafa, cohecho, tráfico de influencias o exacciones ilegales en negociaciones prohibidas. Nada.

Casi dos años después de que se abriera la causa judicial en mayo de 2016, el Juzgado donostiarra ha ordenado el «sobreseimiento provisional» del caso, que se inició a instancias de la fiscal Mercedes Bautista ante las advertencias de delito manifestadas por la abogada del Estado Macarena Olona. Pero esa provisionalidad queda prácticamente diluida en el momento en el que nadie se ha personado como acusación particular y la conclusión de la propia fiscal el pasado marzo fue que «todo lo que se ha gastado, se ha gastado bien y era necesario».

Así, la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, establece que según el informe pericial la actuación de la Autoridad Portuaria del Puerto de Pasaia «ha sido correcta» y apunta que el sobrecoste «ha sido provocado por la necesidad de las obras, es decir, por un mayor volumen de obra del previsto originariamente», en referencia a incrementos de las labores a desarrollar, plazos y presupuesto.

Con el archivo de la causa, el exdirector del Puerto, Gregorio Irigoyen; el director de la obra, David Candelario; y el responsable de la UTE constructora formada por Lurgoien y FCC que la jueza imputó como investigados, quedan libres de delitos penales. «Estoy satisfecho porque todo se vaya aclarando, y agradecido a todos los que me han mostrado su apoyo durante este proceso», confesó ayer Candelario.

Sin embargo, al margen de que la causa penal haya quedado resuelta, quedan flecos sueltos que deberán negociarse en adelante entre la Autoridad Portuaria y la empresa adjudicataria. El informe recoge que existe una «parte importante» de los trabajos realizados que no han sido abonados por la Administración, «estando pendiente de finalizar el expediente de responsabilidad patrimonial para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, y la liquidación del contrato complementario 1 y proyecto modificado 1». Y es en dicha liquidación donde adjudicataria y Autoridad Portuaria deberán ponerse de acuerdo en quién asume qué.

El presupuesto inicial por el que se adjudicó la obra a la UTE Pasaia Berri, formada por Lurgoien SA y FCC Construcción SA, con un plazo de ejecución de 26 meses en 2011 ascendía a los 14,9 millones de euros. Pero una modificación presupuestaria en 2014 incrementó el montante hasta los 16,4 millones, que un año después alcanzarían los 17,8 millones de inversión.

La Autoridad Portuaria de Pasaia había abonado por tanto más de dos millones de euros de los inicialmente previstos que estaban justificados y no sujetos a controversia jurídica alguna. Pero a esa cantidad añadió otros 1,7 del 'Expediente de Responsabilidad Patrimonial'.

La suma final ronda los 19 millones de euros, cantidad que menguará si se ratifica la liquidación negativa. La UTE valora los trabajos ejecutados en 21.750.108,52 euros, por lo que solicita el pago de 4,6 millones a partir de los 17 ya cobrados. Solicita otros 3,2 millones en concepto de perjuicios ocasionados por la demora del plazo de la obra, además de 400.000 euros por intereses de demora, lo que suma una reclamación total de 8,2 millones.