La Justicia inicia una nueva etapa en Gipuzkoa al exigir la mediación antes de acudir a los tribunales

A partir de hoy, no se abrirán las puertas del juzgado a quien no haya agotado antes la vía del acuerdo entre las partes en asuntos tan comunes como divorcios, herencias, contratos de arras, desacuerdos en comunidades de propietarios, relaciones entre socios de una empresa o liquidaciones de una sociedad. Como excepción, se podrá seguir acudiendo directamente a la vía judicial en asuntos de «protección de derechos fundamentales o de paternidad y maternidad».

El juez decano de San Sebastián, Santiago Romero, explica que la reforma busca «dar una oportunidad de solucionar los conflictos antes de recurrir a los juzgados, lo cual significaría en la teoría alcanzar la mayoría de edad en la administración de Justicia por parte de los ciudadanos. Son ellos mismos los que de manera responsable y adulta solucionan el caso». La pretensión de la ley se mueve entre lo ideal y lo utópico. El decano reconoce que «los jueces nos dedicamos a solucionar controversias, pero lo habitual es dar la razón a uno y no al otro. Incluso aquel a quien se da la razón no queda satisfecho, ya sea por el tiempo empleado o por lo que ha podido recuperar. Por lo tanto, la idea es buena, el problema es cómo se ejecutará».

Tal y como subraya Romero, este nuevo paradigma «implica un cambio de cultura de la ciudadanía: que cada vez que surge un problema la gente sea consciente de que se puede solucionar antes de ir a juicio. Es un cambio de mentalidad difícil de conseguir de la noche a la mañana».

Los datos confirman que la tendencia natural ante la aparición de controversias que se enquistan consiste en tocar la puerta del tribunal. Los juzgados de primera instancia de Gipuzkoa, donde mejor se refleja la sobrecarga de casos judiciales, recibieron 20.109 asuntos en 2024, un volumen mucho mayor de lo que son capaces de resolver en un ejercicio (11.247 en el pasado curso). Por su parte, las dos salas de lo mercantil que operan en Gipuzkoa recibieron en el mismo periodo un total de 1.050 asuntos, mientras que los dos denominados juzgados de familia ingresaron 3.249 casos. Ninguno de estos órganos judiciales pudo, por supuesto, resolver todos los expedientes acumulados. La acumulación de carpetas sería, precisamente, la lacra a erradicar por la reforma de la ley.

Contrasta con este aluvión de demandas judiciales el número de expedientes que han gestionado los servicios gratuitos de métodos alternativos de solución de controversias de la Administración vasca de Justicia. Solo 40 casos se han tramitado en 2024 en Gipuzkoa, 275 en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. La cifra aumenta con los procedimientos desarrollados en entidades privadas, pero fuentes consultadas de bufetes de abogados y notarías aseguran que el número de mediaciones «no es significativo».

En los Juzgados de Donostia se ha instaurado durante el último año un servicio piloto de resolución de controversias por vías alternativas, dirigido a las personas beneficiarias de la justicia gratuita. Su coordinadora, Ana Iturbe, explica que «las personas que han hecho uso de este servicio han tenido la oportunidad de resolver sus litigios por dos vías alternativas, como son la mediación y el derecho colaborativo. Pero hay un matiz importante. Ellos lo han hecho de manera voluntaria y a partir de ahora se convierte en un requisito de admisibilidad».

Iturbe explica que en el desarrollo de la mediación en este proyecto piloto, «el mediador es un abogado de oficio pero no ejerce como tal. Es decir, no aconseja a las partes. No les guía. Simplemente, media. En el caso del derecho colaborativo, sí que se pone en manos de cada parte un abogado para que hagan su trabajo, pero los letrados participantes en el proceso renuncian a pleitear en caso de que no se llegue a la solución amistosa». Concluye que «nuestra labor ha consistido en informar a la sociedad sobre las características de la mediación, la importancia del respeto, y guiar conversaciones explicando que puede haber varias sesiones conjuntas, siempre en un espacio neutral».

Existe una gran incertidumbre en la judicatura sobre cómo se llevará a la práctica este requisito obligatorio de mediación a partir de hoy. El ámbito de lo laboral ha abonado el terreno. Allí ya era preceptivo un intento de solución amistosa antes de acudir a los tribunales y las cifras del conjunto del Estado arrojan que la tasa de éxito ha rondado el 30%. Si esto tuviera su traslación en la jurisdicción civil, se ahorrarían tres de cada diez demandas judiciales.

Sin embargo, Santiago Romero muestra sus «dudas de si esto aliviará los juzgados. La carga que soportan obedece a que hay pocos jueces. Si no se crean más plazas de jueces, el atasco va a estar siempre ahí. Aunque exista una mediación, si no se llega a un acuerdo, el problema seguirá siendo el mismo».