«Se ha hecho justicia para las víctimas del amianto, pero esto no ha terminado»

Sin embargo, familiares y personas afectadas como Mari Carmen Mendizabal, viuda de Luis Mari Sukia, fallecido en agosto del año pasado víctima del amianto, se unen al escepticismo que también muestra el propio Jon García sobre la posibilidad real de poder beneficiarse de estas indemnizaciones. «Por un lado está la ilusión de que se está avanzando, pero por otro continúa la incertidumbre porque no sabemos si podremos acceder a ese reconocimiento», señala Mendizabal.

Su marido trabajó en varias empresas antes de retirarse, pero en la que enfermó cerró sin tener continuidad, por lo que su viuda y su hija se han quedado «sin nada ni a nadie a quien reclamar» una compensación tras el reconocimiento de la enfermedad profesional. Así, pese a la aprobación del fondo, Mari Carmen desconoce si podrá acceder a una indemnización. «La aprobación del fondo es positivo en términos generales, pero aún no sabemos si podremos acceder a un reconocimiento o compensación».

Este fondo de 25 millones se financiará a través de los Presupuestos Generales del Estado, y el anteproyecto de ley será enviado hoy al Senado para ser tramitado como proposición de ley en el Senado en un plazo de 30 días. Después, para su aprobación y puesta en marcha definitiva, el Congreso fija un periodo máximo de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su desarrollo reglamentario, que es, en palabras de Jon García, «la nueva pelea a la que nos enfrentamos. Aunque hayamos conseguido algo importantísimo, existe el riesgo de que el reglamento deje sin contenido la ley si las cuantías para enfermos y familiares son muy pequeñas».

En cualquier caso, la aprobación del fondo resulta «fundamental», a juicio del portavoz de la asociación de víctimas, ya que el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, propuso en marzo, y frente a todo pronóstico, excluir a los trabajadores del fondo de compensación y limitarlo a los afectados que quedaron expuestos por «causas ajenas» al ámbito laboral. Finalmente el Ministerio ha cedido y la compensación económica será para los afectados en «ámbito laboral, doméstico o ambiental», aunque García cree que la batalla continuará con temas como la exención fiscal y cuantificación de las indemnizaciones y la determinación de los beneficiarios.

Se trata de una norma que tiene su origen en el Parlamento Vasco y que, para sacar adelante en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –desde la que se remitirá directamente al Senado– el PSOE y Unidas Podemos contarán previsiblemente con el aval de ERC, PNV y EH Bildu, además de Compromís y la CUP.