Los nuevos controles de la RGI afloran el doble de dinero pagado de manera indebida

Semejante incremento está relacionado con la aprobación en abril del año pasado de la nueva ley de la RGI, que entre otras cuestiones ha introducido más y mejores sistemas de control y seguimiento de esta prestación. Por ejemplo, un calendario trimestral para actualizar los importes a los que el perceptor tiene derecho o la creación de nuevas unidades de inspección, así como nuevos servicios de interoperabilidad y procesos automáticos que simplifican la gestión y la agilizan.

Ello ha permitido detectar antes situaciones que no debían producirse, como por ejemplo la duplicidad que supone que la Administración tuviera aprobada para una misma unidad convivencial durante un periodo de tiempo determinado la RGI y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ayuda de ámbito estatal cuya gestión asumió el Gobierno Vasco en junio de 2022.

El recién nombrado vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, admite el importante «impacto que la tramitación del IMV tiene en la generación de cobros indebidos de la RGI». Lo hace en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la representante del PP Laura Garrido, cuya iniciativa ha dado lugar a la publicación de estos datos.

Torres explica que desde la asunción por parte de Euskadi de la gestión del IMV hace dos años «se han venido resolviendo solicitudes pendientes acumuladas que han conllevado reconocimientos con un volumen muy relevante de atrasos, muchos de los cuales motivan a su vez la generación de cobros indebidos de la RGI». Dicho de otro modo, que familias que venían cobrando la RGI que en un momento dado deben pasar a recibir el IMV, como la aprobación de esta última ayuda se produce con retraso, el carácter retroactivo de la concesión hace que durante un periodo de tiempo hayan sido beneficiarias de ambas.

Este descuadre, achacable a la Administración y no a los beneficiarios de las ayudas, «tiene una incidencia muy relevante en los datos de cobros indebidos de 2023», recalca Torres. En concreto, apunta que el año pasado hay reconocidos 40 millones de euros en atrasos del IMV, de los que 26,6 millones se corresponden con cobros indebidos generados en la RGI.

Estas cifras, por tanto, no hablan solo de fraude en las solicitudes de ayudas, que son una minoría. Además de la duplicidad de RGI e IMV, en la amplia mayoría de los casos de abonos indebidos se trata de pagos realizados a personas que han modificado su situación personal o familiar y han dejado de tener derecho a la prestación –o les corresponde una cantidad inferior– sin haberlo notificado a tiempo a Lanbide. O que, incluso habiéndolo hecho, la actualización de su expediente no se ha producido en el plazo necesario para cortar la ayuda en el momento adecuado.

Así por ejemplo, en el 60% de los casos se corresponden con pagos efectuados a personas desempleadas que encuentran un empleo y su ficha no se pone al día a tiempo. «El cobro indebido se genera por la demora en la actualización del expediente conforme a los cambios notificados por las personas», recalca el vicelehendakari.

El mayor importe aflorado contrasta con que se concentra en menos expedientes. Si en el año 2022 se detectaron 44.530 casos en Euskadi y 12.052 en Gipuzkoa, el año pasado fueron 40.199 y 10.743, respectivamente. Esto es, un 10% y un 11% menos, respectivamente. Esto puede obedecer tanto al hecho de que los abonos indebidos relativos a la duplicidad RGI-IMV son de cuantías mayores, como a que con la reforma de la ley de la RGI estas ayudas se han visto incrementadas respecto a las que había vigentes hasta el año pasado.

De hecho, el aumento de las cuantías es la principal novedad de la nueva RGI. Se parte de una cuantía de 800,28 euros mensuales para familias con un solo miembro, que hasta el año pasado recibían 727,41 euros. El máximo son 1.573,88 euros para una familia monoparental con cuatro hijos o más. Existen complementos sobre la cuantía base del 30% o 50% dependiendo de las personas que forman parte de la unidad de convivencia y complementos relacionados con la situación de vulnerabilidad del perceptor, así como otro en caso de ser pensionista. En síntesis, el año pasado las ayudas de la RGI experimentaron una subida de entre el 10% y el 49%, según los casos, respecto a las anteriores al cambio de la ley.

En su respuesta a la parlamentaria del PP, Torres detalla también los motivos que están detrás de los cobros indebidos detectados. En el 60% de los casos porque el beneficiario ha visto incrementados sus ingresos, normalmente porque ha encontrado un empleo. A continuación, en un 10% de las ocasiones, porque no cumple los requisitos establecidos, aunque no detalla en qué sesntido. Un peso similar (9,92%) tienen las circunstancias en las que se ha suspendido o extinguido la prestación a la que complementa.

Muy a distancia se sitúan ya una miríada de situaciones. Por ejemplo, en un 2,14% de los casos la ayuda no ha lugar porque el beneficiario ha dejado de vivir en la Comunidad Autónoma Vasca durante un periodo de tiempo que excede el establecido; en un 1,13% porque ha visto reducidos sus gastos de alquiler; o incluso en un 0,09% se han llegado a abonar prestaciones a personas que habían fallecido.