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Oskar Ortiz de Guinea
San Sebastián
Martes, 17 de octubre 2023, 18:58
El guipuzcoano propietario de varias empresas de venta y distribución de anguila y angula en las Landas, Oiartzun y Pontevedra que permanecía en prisión desde ... mayo, cuando policías de Francia, España y Portugal culminaron la que consideraron como la mayor operación desarrollada contra el comercio ilegal de la especie, ha sido puesto en libertad con cargos. Así lo ha decretado el juzgado de Burdeos que dirige la investigación de la denominada operación Frijitu, que deparó hasta 27 arrestos a ambos lados del Bidasoa y la incautación 1,5 toneladas de ejemplares vivos. Según informó Europol el pasado septiembre en Donostia, nueve personas seguían en prisión como consecuencia de la macrooperación con ramificaciones en Gipuzkoa, de las cuales varias son asiáticas, continente hacia donde presuntamente irían destinados la mayor parte de los animales requisados.
Según ha podido saber este periódico, el propietario de varias explotaciones pescateras en Gipuzkoa, Pontevedra y suroeste de Francia donde se desarrolló la operación, un guipuzcoano afincado en Iparralde, en una localidad del distrito de Baiona, se encuentra en libertad con cargos y con una orden de no ponerse en contacto con dos de los imputados en la redada, cuyas derivaciones en Gipuzkoa son investigadas desde un juzgado de San Sebastián, que imputó a otras cuatro personas, todas ellas en libertad.
El juez de Burdeos, que adoptó esta resolución la pasada semana y la Fiscalía no ha objetado durante los cinco días de plazo para ello, ha autorizado a este hombre la posibilidad de retomar sus negocios en Francia, donde poseía varios viveros desde las Landas a Bretaña. Desde el entorno del investigado aseguran que no tiene nada que ver con los viveros clandestinos encontrados en las inmediaciones de los aeropuertos de París (Charles de Gaulle) y Amberes, desde donde ciudadanos asiáticos trasladaban las anguilas vivas en avión hasta países como Malasia y «principalmente» China, donde se llegaban a pagar «hasta 9.000 euros el kilo», según los investigadores. Lo hacían en bolsas oxigenadas para garantizar la supervivencia durante el vuelo de los animales, que escondían entre el equipaje.
En una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado septiembre en el cuartel de la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, en la que intervinieron agentes de este cuerpo y el Seprona así como de policías de Francia (Gendarmería y Servicio de Aduanas) y Portugal (Gendarmería Nacional Republicana y Policía Marítima), Europol consideró a este guipuzcoano como uno de los «dos objetivos de alto valor» capturados en el marco de la lucha contra los delitos medioamenbientales «en toda Europa», que el pasado año se saldó con unos «resultados espectaculares», los mejores obtenidos hasta la fecha, con 256 detenciones en distintos países europeos y 25 toneladas de ejemplares incautadas.
En buena medida, ese éxito fue debido a la macrooperación policial llevada a cabo a ambos lados de la muga, con un total de 27 arrestos, cuatro de ellos al sur de los Pirineos: en Arrasate, Hernani, Pamplona y Rebordanes (Tui, Pontevedra). Dentro de la operación Frijitu, se efectuaron varios registros en Gipuzkoa, el principal en una empresa de Oiartzun cuya matriz se encuentra en la localidad landesa de Saint-Vincente-de-Tyrosse. En esta nave del barrio de Altzibar se incautaron 1.500 kilos de ejemplares vivos. Aunque en un principio se informó de que eran angulas, el informe pericial elaborado por técnicos de Diputación determinó que por su mayor tamaño eran ya angulones y anguilas adultas, que fueron liberadas días después, el 18 de mayo, en el tramo guipuzcoano del río Bidasoa. Todas las angulas requisadas en este pabellón estaban congeladas.
En su comparecencia en Intxaurrondo, un comandante de la Oclaesp francesa (Oficina para la lucha contra los crímenes medioambientales y la salud pública) explicó que en el último año y medio esta agencia policial había intervenido 213 kilos, fruto «principalmente» de sendas investigaciones judiciales desde Burdeos y Rennes.
La primera, dirigida por un juzgado especializado en crimen organizado y delitos económicos, «controlaba a un pescatero activo que operaba a ambos lados de la frontera», en referencia al guipuzcoano residente en Iparralde, al que también calificó como «un objetivo de alto valor» en la lucha contra el tráfico de especies protegidas. Participaron un centenar largo de agentes de distintos cuerpos, incluido el Seprona. La investigación permitió «descubrir un vivero cubierto» cerca del aeropuerto parisino Charles de Gaulle, donde se incautaron «67 kilos de mercancía, 202.000 euros en efectivo y casi un millón en diferentes cuentas bancarias». Fueron detenidas diez personas, varias de ellas de origen asiático.
Por su parte, la operación dirigida desde Rennes, capital bretona, investigaba a una «organización criminal activa desde hace dos temporadas». Ubicada «cerca de Nantes», trasladaba anguila y angula a puntos de «la región de Vendée, París y Gipuzkoa». Tras «tres meses de vigilancia intensiva», la Policía interceptó dos furgonetas y un coche que circulaban por delante a modo de «lanzadera». En los vehículos se incautaron «118 kilos de angulas», con un valor en el mercado asiático de «unos 350.000 euros». Se practicaron cuatro detenciones.
La colaboración policial permitió realizar casi una treintena de detenidos, ya que la Guardia Civil practicó también las referidas actuaciones en Gipuzkoa y otras dos en Asturias, donde en colaboración con Portugal realizó seis y cuatro arrestos.
Un director adjunto operativo de Europol destacó en la referida rueda de prensa que los delitos medioambientales se han «disparado en 10 años» en toda Europa, al haberse sumado organizaciones criminales «más potentes» atraídas por actividades como el tráfico de anguila. Según dijo, esta actividad reporta altos beneficios a un relativo bajo riesgo dada la escasa vigilancia policial sobre ella. Así, alabó la labor de España, Portugal y Francia e instó al resto de países a crear o reforzar estructuras policiales específicas «para poder hacer cumplir la ley».
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