Una liquidación y unos sobrecostes «justificados» para la jueza

Los fundamentos básicos son que Bildu consideró erróneamente las mediciones de una certificación (la número 56) completas y definitivas, cuando en ese momento «la obra no estaba cerrada y existían partidas pendientes». El propio auto recuerda que fue una obra compleja trufada de incidencias: 140 desprendimientos, inundaciones, problemas de mala certificación, presencia de anhidritas, cambios legales en la custodia de explosivos tras los atentados del 11-M... Imprevistos que hicieron que una obra proyectada para 34 meses acabara durando 70. Algunos de estos costes adicionales ya estaban contemplados en la liquidación provisional de 2009, pero muchos otros no, como demuestra que la propia constructora reclamara a Bidegi el abono de esos excesos sin que esta los aceptase en un principio.

Por otro lado, el fallo afea a los querellantes su desconocimiento de los marcos de relaciones entre las diputaciones, Bidegi y las empresas contratadas. A este respecto, remarca que no era posible realizar una doble liquidación final, una para la obra en terreno guipuzcoano y otra para la del lado alavés.