Una mafia policial tras el crimen de Urbasa

Juan José Urrutia Pérez tuvo una vida tan intensa como corta. Donostiarra afincado en Hendaia, era investigador privado aunque nunca llegó a ejercer, tuvo un lavadero de vehículos, se dedicó a la compraventa de coches de importación y regentó un picadero en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, el último escenario en el que se le vio vivo hace casi 30 años, el 17 de abril de 1995.

Tenía 32 años, mujer, tres hijos y compañías poco recomendables. Las cuatro últimas: un exertzaina alavés residente en Tolosa que aseguró haber sido mercenario en Guinea Ecuatorial; un policía nacional que estuvo seis años en una cárcel de Malabo, la capital ecuatoguineana, tras ser confiscado un barco con armamento; un vigilante de la autovía de Leitzaran, confidente de la Guardia Civil; y un camionero portugués vecino de Errenteria con ambiciones de prosperar. Cuatro perfiles que por sí solos inspirarían a cualquier guionista de cine negro. Y juntos los cuatro aquella mañana del Lunes de Pascua en los establos del centro hípico Marekur, la historia de Juan José Urrutia solo podía acabar mal.

Su cadáver fue hallado 24 horas después en una pista forestal de la sierra de Urbasa (Navarra). Tenía un tiro en la nuca. Su mujer acababa de denunciar su desaparición al no haber regresado la víspera a casa a dormir.

Casi diez años costó poder dar carpetazo al crimen, por el que cuatro hombres fueron condenados a 27 años de cárcel por el delito de asesinato: el exertzaina José Ignacio G.S.G., vecino de Tolosa; el policía Manuel H.B., salmantino destinado en Donostia; el vigilante Alfonso M.B., soriano residente en Logroño; y el camionero portugués Celestino R.P., detenido en Oiartzun y en cuya vivienda de Errenteria se halló una pistola Astra, modelo 400 y de calibre 9 mm, con la que se cometió el asesinato.

De las investigaciones posteriores y las declaraciones en sede judicial, se supo que los condenados acudieron aquella mañana de abril al picadero Marekur con la intención de cobrar una deuda de 20 millones de pesetas (120.000 euros) que Urrutia había contraído. A partir de ahí las preguntas aún permanecen en el aire: ¿a quién debía el empresario donostiarra esa importante cantidad? ¿cómo contrajo semejante agujero? ¿fue por una actividad de importación ilegal de vehículos o por tráfico de drogas como también se dijo? ¿quién contrató a los sicarios? ¿por qué estos le encubrieron? ¿y a cambio de qué?

Con todas las respuestas a estas interrogantes en su poder, los cuatro procesados se personaron en el barrio de Intxaurrondo aquel 17 de abril de 1995. Uno de ellos preguntó en un caserío por Juan José, y la mujer le indicó el camino del ya desaparecido picadero, que se encontraba en el paseo de Otxoki. En él, Urrutia centró su actividad en clases de equitación a niños. Sin embargo, tras el primer invierno los alumnos disminuyeron y él se fue deshaciendo de los 16 caballos con los que llegó a contar, de forma que siguieron explotando la instalación alquilando cuadras a particulares y cuidando de sus equinos, según contó entonces un empleado a este periódico.

Los cuatro cobradores de deudas instaron a Urrutia a que les acompañara. La invitación debió de ser algo abrupta a juzgar por cómo quedó la estancia:dos caballos mal atados fuera de los establos, una escopeta de balines en el suelo... Forzado o no, el donostiarra subió a su Ford Fiesta rojo con matrícula de Navarra y a nombre de su mujer con dos de los malhechores, y los otros dos continuaron camino en su furgoneta Nissan blanca. Los dos vehículos se encaminaron en primer lugar hacia Irun para cruzar la frontera, pero al percatarse de que los bancos franceses estarían cerrados al ser Lunes de Pascua, cambiaron de idea y se dirigieron hacia Navarra: primero por la N-I hacia Vitoria y luego por la autovía de la Barranca, de donde se desviaron para la localidad de Estella.

En el trayecto hicieron varias paradas y Urrutia explicó que no tenía los 20 millones de pesetas y que solo disponía de 400.000 (2.400 euros). Por ello, los inculpados, que podían comunicarse de vehículo a vehículo a través de aquellos entonces innovadores teléfonos móviles, decidieron «liquidarle», según confesarían años después. Primero pensaron en tirarle con su coche por un barranco de Urbasa para fingir un accidente, pero al final optaron por una vía más rápida. Tomaron un camino sin asfaltar en la zona de las Limitaciones de las Améscoas, y al llegar a un punto se apearon. El vigilante, que al parecer estuvo al mando de las operaciones, salió de la furgoneta con una pistola en la mano. Urrutia le preguntó qué iba a hacer, y le respondió «nada, lo que ves». Le descerrajó un único tiro en la nuca.

A continuación, los cuatro se volvieron a repartir en los dos coches, y abandonaron el Ford Fiesta de la víctima a los pies del puerto de Urbasa. En el interior, la Guardia Civil encontró un papel con un texto manuscrito: «Caístes... Ja, Ja». Los encausados negaron haber escrito esa nota. Junto al coche también se halló una bala sin disparar.

Los cuatro acabaron siendo condenados por el crimen, pero costó poder juzgarlos. Porque si la participación de policías corruptos en el caso ya era de película, la investigación liderada por un capitán y un agente de la Guardia Civil estuvo a la altura de esa trama oscura. Su relación personal con el vigilante jurado, autor material del disparo a bocajarro, les llevó a no hilar fino, y el caso fue archivado pese a que llegaron a detener a los cuatro sospechosos y localizar el arma homicida en el domicilio del portugués. El 'chivatazo' se lo dio su confidente involucrado en el crimen, y el guardia civil fue condecorado por el hallazgo. Por su parte, el camionero explicó que el exertzaina y el propio guardia jurado le habían dado la pistola para que la guardara sin saber él que estaba manchada de sangre.

Pero como en todo 'thriller' policiaco, la intervención de un poli bueno supuso un giro de guion en esta mafia policial. Se trató de un teniente del Instituto Armado que asumió galones en el cuartel de Intxaurrondo tras el relevo que tuvo lugar en 1997 al frente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Este agente decidió revisar la documentación de la investigación efectuada por sus compañeros, comprobó que el día de los hechos el policía nacional y el exertzaina se cruzaron varias llamadas desde unos teléfonos móviles que fueron situados en el área del crimen, según se comprobó con el análisis de las conexiones a las antenas repetidoras.

El juzgado de Estella reabrió el caso en la primavera de 2000, y la Guardia Civil pudo sentar ante la Justicia al exertzaina, al policía nacional y al vigilante, que comparecieron en la Audiencia de Navarra en otoño de 2002. No lo hizo el camionero portugués, declarado en rebeldía tras haber logrado fugarse. Según argumentaría tras su arresto años después, huyó porque sus compinches le habían amenazado con cargarle «el muerto».

En la vista oral, el teniente de la Guardia Civil que resolvió el caso declaró que su predecesor pudo incurrir en un delito de encubrimiento:«O lo estaba consintiendo o no se enteraba», aseguró. Por su parte, el exertzaina y el policía nacional señalaron al vigilante jurado como la persona que los invitó a acompañarle aquel 17 de abril de 1995 al picadero de Urrutia, y también como quien apretó el gatillo.

El tribunal condenó a los tres a 27 años de cárcel por asesinato: uno como autor material y los otros dos como conocedores del plan y no hacer nada por evitarlo. Ya solo faltaba completar el póquer de asesinos. Finalmente, el camionero portugués fue detenido y en otoño de 2006 fue castigado como sus compinches.

• Temas
• Investigación
• Historias visuales