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Una marea de indignación recorrió ayer sábado el centro de Donostia para reclamar una transformación radical en la actual consideración conceptual de la vivienda. La ... dicotomía negocio-derecho protagonizó la manifestación convocada por el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria. Miles de ciudadanos exigieron terminar con el negocio en el que se ha convertido en la práctica para conquistar el derecho reconocido por la ley en la teoría. De esta forma, la manifestación subrayó de manera clara la idea a desterrar y el bien a conquistar: qué denunciar y qué reivindicar. El lema de la pancarta principal subrayaba lo primero: 'Acabemos con el negocio de la vivienda'. Los manifestantes se ocuparían también de dejar clara su lucha «por una vivienda de calidad, gratuita y universal».
Durante la marcha, que arrancó a las 12.20 horas desde el Boulevard, se escucharon gritos de «etxebizitzaren negozioari ez», «etxegabetxea gelditu», «rentistas y empresarios se llevan mi salario», «nativa o extranjera, la misma clase obrera» y «frente a la farsa institucional, vivienda gratuita y universal».La manifestación fue reflejo de la irritación social provocada por el problema de la vivienda y se prestó a la crítica política.
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Karla Pisano, portavoz de la organización, expresó que «la solución al problema de la vivienda no vendrá de la mano de políticos que financian el negocio inmobiliario, sino de la mano de la organización y la lucha por mejoras efectivas que reduzcan los beneficios del sector inmobiliario». Fue tajante al asegurar que «las mejoras para las condiciones de vida de la clase trabajadora solo pueden venir de la mano de reducir el beneficio del sector inmobiliario. No hay punto intermedio. O se reduce el beneficio o no hay mejoras reales. Lo que se está haciendo es justificar la financiación del sector inmobiliario».
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Pisano quiso asimismo «denunciar que los diversos partidos políticos que dicen estar tomando cartas en el asunto están aprovechando la oportunidad de negocio que brinda el problema de la vivienda para presentar medidas en favor de empresarios y propietarios como medidas sociales: subsidios al rentismo, exenciones fiscales de hasta el 100% para los propietarios, financiación pública del sector de la construcción, creación de un 'seguro público de impagos', etcétera».
Durante el recorrido -un cuadrado entre Boulevard, calle Hernani, Avenida y República Argentina- se señalaron diversas agencias inmobiliarias y varias oficinas de bancos con carteles que indicaban 'suspensión de todos los desahucios', 'bajada de todos los precios' o 'no a los filtros racistas'. Además, se pudieron ver pancartas en solidaridad con diversas luchas, como por ejemplo, la de las doce familias de Escalerillas (Pasaia) cuyas viviendas quieren ser derribadas por la Autoridad Portuaria.
Al término de la manifestación, el comunicado leído en el kiosco del Boulevard advertía de que «el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave del empobrecimiento de la clase trabajadora». Según la organización, los crecientes precios, las dificultades para alquilar o comprar y el aumento de los desahucios son síntomas de un problema estructural: «Nuestra miseria es su riqueza».
El escrito del sindicato señalaba que la crisis de la vivienda afecta a la clase trabajadora, mientras que «para empresarios y rentistas todo va viento en popa». También subrayaba el impacto en colectivos vulnerables, como «la juventud trabajadora, que no puede emanciparse», y «las personas racializadas y migradas, que enfrentan condiciones de miseria y el racismo inmobiliario».
Aunque la masa de manifestantes era plural y heterogénea, estuvo claramente dominada por jóvenes de entre 20 y 30 años en plena fase de emancipación. Se adhirieron a la marcha los agentes que trabajan la exclusión social y la problemática de la vivienda, como Berri-Otxoak, Argilan-ESK, Bizilagun Donostia o Meta Etxebizitza Taldea. Otros colectivos políticos que quisieron unirse fueron Fridays for Future, Sare Antifaxista, Emakume Aske eta Borrokalariak y el Consejo Socialista de Euskal Herria.
Los portavoces criticaron las respuestas institucionales al problema, afirmando que «dar más poder a quienes lo causan» no puede ser la solución. Denunciaron que las medidas políticas actuales «refuerzan el negocio inmobiliario», mientras que otras, como la supuesta suspensión de los desahucios, son «falsas» o insuficientes: «Subir los precios más despacio no es bajarlos».
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